El gobierno de Estados Unidos anunció la congelación de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales y 60 millones de dólares en contratos destinados a la Universidad de Harvard.
Según informó The Associated Press, esta decisión responde a la negativa de la institución de implementar una serie de reformas exigidas por el gobierno, las cuales incluyen cambios en las políticas de admisión, contratación y financiamiento de grupos estudiantiles.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la prohibición del uso de mascarillas en el campus. Asimismo, se exige que la universidad deje de reconocer o financiar a cualquier grupo estudiantil que promueva actividades consideradas ilegales, violentas o de acoso, como el Antisemitismo.
Las subvenciones federales constituyen el 11% de los ingresos anuales de la Universidad de Harvard, que cuenta con un presupuesto de 6.400 millones de dólares, según cifras divulgadas por la propia institución.
La respuesta del presidente de Harvard
El presidente de Harvard, Alan Garber, respondió a estas demandas en una carta dirigida a la comunidad universitaria, calificándolas como una violación a los derechos protegidos por la Primera Enmienda y una extralimitación de la autoridad gubernamental bajo el Título VI, que prohíbe la discriminación en instituciones educativas que reciben fondos federales.
Garber afirmó que las universidades privadas no deberían estar sujetas a la imposición de políticas gubernamentales que dicten qué pueden enseñar, a quién pueden admitir o contratar, ni qué áreas de investigación deben priorizar.
En su misiva, Garber enfatizó que la universidad ya ha implementado reformas significativas para abordar el antisemitismo, pero rechazó la idea de que estas deban ser dictadas por el gobierno.
“Estos fines no se lograrán mediante la imposición de poderes, ajenos a la ley, para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo operamos”, escribió. Además, subrayó que es responsabilidad de la comunidad universitaria definir y emprender las acciones necesarias para cumplir con sus valores y compromisos.
La administración ha argumentado que las universidades han permitido que el antisemitismo pase desapercibido en protestas relacionadas con el conflicto entre Israel y Gaza, una acusación que las instituciones han negado.
Otras universidades también bajo presión gubernamental
La postura de la Casa Blanca respondió directamente a una reciente declaración de Harvard, calificándola como un indicativo de una “preocupante mentalidad endémica” que, según afirmaron, prevalece en las universidades más prestigiosas del país, ya que consideran que estas no asumen “la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles”, pese a recibir recursos públicos.
Mientras tanto, otras universidades ya han enfrentado acciones concretas por motivos similares. Es el caso de la Universidad de Columbia, que ha perdido un total de 400 millones de dólares en financiamiento federal. Esta entidad, a diferencia de Harvard, ha decidido comprometerse con reformas drásticas con miras a recuperar los fondos retirados por el gobierno.
Según reportó The Associated Press, el gobierno federal también ha suspendido financiamiento federal a las universidades de Pensilvania, Brown y Princeton.
La postura de Harvard ha recibido el respaldo de exalumnos y organizaciones académicas. Un grupo de antiguos estudiantes envió una carta a los líderes de la universidad instándolos a impugnar legalmente las demandas del gobierno, calificándolas como una amenaza a la libertad académica y al autogobierno universitario.
Anurima Bhargava, una de las firmantes de la carta, elogió la postura de la universidad, afirmando que “Harvard defendió hoy la integridad, los valores y las libertades que fundamentan la educación superior”.
Protestas y acciones legales en defensa de la autonomía universitaria
El conflicto también ha desencadenado protestas durante el fin de semana, tanto por parte de miembros de la comunidad de Harvard como de residentes de Cambridge. Además, la Asociación Americana de Profesores Universitarios presentó una demanda el viernes pasado, argumentando que el gobierno no cumplió con los procedimientos establecidos por el Título VI antes de proceder con los recortes de fondos.
En la demanda, señalaron que las exigencias del gobierno no abordan de manera efectiva las causas de cualquier incumplimiento de la ley federal. En su lugar, acusaron a la administración de intentar imponer sus preferencias políticas a la universidad y de sancionar expresiones que no se alinean con su agenda.
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