Un fallo judicial emitido por el juez Trevor Neil McFadden, designado por la administración de Donald Trump, ha dado luz verde a un requisito que obliga a todas las personas que residen en Estados Unidos sin autorización legal a registrarse ante el gobierno federal.
Según informó The Associated Press, esta medida, que entrará en vigor el viernes, exige que los inmigrantes indocumentados porten documentación que acredite su registro, lo que podría tener un impacto significativo en millones de personas en el país.
El juez McFadden determinó que los grupos que habían presentado una demanda para bloquear esta medida no tenían legitimidad para hacerlo, basándose en cuestiones técnicas más que en los argumentos de fondo. La administración Trump ha defendido esta acción como una aplicación de leyes ya existentes.
Detalles del registro obligatorio y sus implicaciones
De acuerdo con la decisión, el registro será obligatorio para todas las personas mayores de 14 años que se encuentren en el país sin un estatus migratorio legal. Este proceso incluye proporcionar huellas dactilares y una dirección de residencia.
En el caso de menores de 14 años, los padres o tutores serán responsables de garantizar que se cumpla con este requisito. Además, el gobierno ha advertido que quienes no se registren podrían enfrentarse a multas, procesos judiciales e incluso penas de prisión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que el registro también se aplicará a ciudadanos canadienses que permanezcan en el país por más de 30 días, incluidos los llamados “snowbirds”, quienes suelen pasar los meses de invierno en estados como Florida. Según la administración, esta medida busca reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración.
En un comunicado, la secretaria Kristi Noem enfatizó el compromiso de la administración Trump con la aplicación estricta de las leyes migratorias. “El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país sin documentos: váyanse ya. Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar, disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, declaró Noem.
Reacciones y antecedentes legales
La administración Trump ha argumentado que el requisito de registro no es una nueva política, sino una aplicación de leyes que han estado vigentes durante décadas.
Estas disposiciones se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, promulgada durante la Segunda Guerra Mundial, y a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Sin embargo, su aplicación universal ha sido poco común y, en general, se ha limitado a circunstancias específicas.
Un ejemplo notable de su implementación ocurrió tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando el Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas (SNRE) exigió que hombres no ciudadanos mayores de 16 años, provenientes de 25 países mayoritariamente árabes o musulmanes, se registraran ante el gobierno.
Aunque el programa no resultó en condenas por terrorismo, llevó a más de 13.000 personas a procedimientos de deportación antes de ser suspendido en 2011 y disuelto en 2016.
Impacto potencial y críticas a la medida
La administración Trump estima que entre 2.2 y 3.2 millones de personas podrían verse afectadas por esta medida. Los críticos argumentan que el registro podría coloca a los inmigrantes indocumentados en una posición vulnerable.
Según los grupos demandantes, el gobierno debería haber seguido un proceso de notificación pública más extenso antes de implementar este cambio.
Por su parte, el gobierno ha instado a las personas sujetas al requisito a crear una cuenta en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para facilitar el proceso de registro. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se implementará esta medida y cuáles serán sus consecuencias a largo plazo.
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