Cristian Javier Vente Ocoro, alias “El Padre”, “Shrek”, “Happy” y “Teletubis”, fue declarado culpable de conspirar para traficar cocaína en embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, según confirmó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. El ciudadano colombiano, de 39 años, aceptó su participación en una organización criminal que coordinaba el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y puntos de entrada en la frontera sur estadounidense. Su sentencia está pendiente, pero enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.
Vente Ocoro fue arrestado en septiembre de 2023 en Colombia y extraditado un año después a Estados Unidos, tras un proceso coordinado entre el Departamento de Justicia, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación. La acusación formal se sustentó en su rol como organizador logístico, encargado de planificar los viajes, reclutar y pagar a las tripulaciones, y mantener contacto con otras células narcotraficantes en Centroamérica. Su implicación se vincula directamente con dos intentos frustrados de envío de droga en 2019: uno de 1.090 kilogramos y otro de 2.125 kilogramos de cocaína, de acuerdo con la declaración de culpabilidad publicada por la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.
La investigación se desarrolló bajo el marco de la iniciativa OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces), específicamente la fuerza operativa Panama Express Strike Force, que agrupa a agentes del Servicio de Investigación de la Guardia Costera, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI). Este modelo de trabajo conjunto permitió establecer la estructura transnacional de la organización liderada por Vente Ocoro, con base en Colombia y operaciones activas en el Pacífico.
Capturas en Colombia y estructura de la red
En octubre de 2023, la Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció la captura de 10 presuntos miembros de la red en diligencias realizadas en Buenaventura, Jamundí y Medellín, como parte de la misma investigación. Según el comunicado oficial, estas personas eran responsables del acopio de cocaína en zonas costeras, la contratación de lancheros y la logística de embarque. Entre los detenidos figuraban los dos señalados cabecillas de la estructura: Cristian Javier Vente Ocoro y Eduard Solís Carabalí, alias “Guaipon”, acusado de controlar el transporte marítimo de los cargamentos.
También fue capturado Manuel Antonio Santos Tapias, contratista de la Dirección General Marítima (DIMAR), quien supuestamente proporcionaba información sobre operaciones navales y controles en el litoral pacífico colombiano. La Fiscalía colombiana imputó a los detenidos delitos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la Fiscalía, en el curso de esta investigación se realizaron nueve operaciones distintas, que permitieron la incautación de más de 17 toneladas de cocaína en puntos clave como Buenaventura, Panamá y Costa Rica. Estas acciones evidenciaron el alcance internacional del grupo criminal y la conexión directa con organizaciones delictivas en territorio estadounidense.
Coordinación judicial entre Colombia y Estados Unidos
El arresto y posterior extradición de Vente Ocoro fueron posibles gracias a la colaboración entre agencias de justicia de Estados Unidos y Colombia, incluyendo el apoyo de la Policía Nacional, el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia en Bogotá. La declaración de culpabilidad fue presentada por el fiscal federal Dan Baeza, responsable del caso en la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.
La OCDETF identificó a la red como una organización transnacional con capacidad operativa en varios países del continente. Según los investigadores, Vente Ocoro mantenía contacto con otras redes criminales en México y Centroamérica, y fue pieza clave en la consolidación de rutas marítimas que evadían los controles internacionales. Las dos operaciones fallidas en 2019 permitieron rastrear su actividad y obtener evidencia directa de su responsabilidad logística.