El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó este viernes su polémica política migratoria ante la Corte Suprema, en busca de su aval para continuar con los operativos de deportaciones masivas.
En esta oportunidad, la Casa Blanca pidió al máximo tribunal estadounidense que ponga fin a una orden temporal interpuesta por la corte federal de apelaciones de Washington D.C, que le impide continuar con el envío de migrantes venezolanos a El Salvador bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El pasado 15 de marzo, Trump invocó esta legislación, pocas veces utilizada en la historia del país, que permite que civiles extranjeros sean deportados sin tener la oportunidad previa de una audiencia ante un juez de inmigración o federal. La medida busca agilizar, principalmente, la expulsión de venezolanos supuestamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, aunque ello sólo sería correcto si existiera, por su parte, una declaración de guerra a Estados Unidos o una invasión.
Sin embargo, ese mismo día, el juez de distrito James Boasberg emitió una orden que puso en pausa las deportaciones por considerar que los inmigrantes deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos criminales, y en un intento por “prevenir la deportación errónea de personas basadas en categorías que no tienen derecho a apelar”.
A la par, los Abogados de la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas y solicitaron una extensión de la orden de Boasberg hasta el 12 de abril, que fue aprobada en las últimas horas, dado que -de lo contrario- habría expirado este sábado.
Ya desde un primer momento, la Administración Trump se negó a hacer lugar a la medida y continuó enviando aviones con migrantes a El Salvador, donde son recluidos en el CECOT, la cárcel más grande de Latinoamérica.
Según el Departamento de Justicia, las cortes federales no deberían interferir con negociaciones diplomáticas delicadas y “privilegios de secretos de Estado”, y, por tanto, decidió este viernes llevar su reclamo ante la Corte Suprema para su ejecución inmediata, luego de que fuera rechazado por la corte federal de apelaciones de Washington, este miércoles.
“Aquí, las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del Presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones extranjeras y corren el riesgo de efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas”, apuntó la procuradora general interina, Sarah Harris, en el escrito presentado en las últimas horas, en el que insistió que “la Constitución ofrece una respuesta clara” a quien debe decidir sobre operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional.
“El Presidente. La república no puede permitirse una elección diferente”, aseguró.
Asimismo, Trump aprovechó esta oportunidad para cargar nuevamente contra el sistema de justicia estadounidense y pidió la destitución de Boasberg por no acompañar su agenda, algo que la Corte Suprema rechazó.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución (impeachment, en inglés) no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”, respondió John Roberts, presidente del tribunal.
(Con información de AP y Reuters)
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