Casi un tercio de los adultos en EEUU apoya deportar a todos los inmigrantes indocumentados, según una encuesta

Una encuesta nacional publicada por el Centro de Investigación Pew muestra que una proporción significativa de adultos en Estados Unidos respalda la deportación de inmigrantes que viven en el país sin autorización legal, especialmente en casos relacionados con antecedentes penales. La opinión pública se encuentra dividida en torno a quiénes deberían ser expulsados y en qué circunstancias, con claras diferencias según la afiliación política.

El estudio fue realizado entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2025, con una muestra representativa de 5.123 personas adultas. Los resultados fueron divulgados por Pew Research Center el 26 de marzo. La encuesta también revela percepciones divergentes sobre los lugares donde las autoridades deberían poder llevar a cabo arrestos migratorios, así como temores personales entre ciertas poblaciones ante la posibilidad de ser deportadas o requeridas a demostrar su estatus migratorio en situaciones cotidianas.

Este análisis se da en el contexto del endurecimiento de la política migratoria por parte del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha firmado varias órdenes ejecutivas relacionadas con la migración desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. De acuerdo con CNN, las autoridades han implementado nuevas medidas que incluyen el uso de leyes federales históricas para acelerar procesos de deportación.

El 32% de los adultos en Estados Unidos considera que todos los inmigrantes indocumentados deben ser deportados, según el Pew Research Center. En contraste, el 51% opina que “algunos” deberían enfrentar deportación, mientras que el 16% sostiene que ninguno debería ser expulsado.

Entre quienes apoyan la deportación parcial, el 97% indica que los inmigrantes que han cometido delitos violentos deberían ser removidos del país. Por otro lado, un 52% extiende esta opinión a quienes han cometido delitos no violentos, y un 44% considera que quienes ingresaron al país en los últimos cuatro años también deberían ser deportados, según los resultados del mismo estudio.

La mayoría de quienes respaldan la deportación de algunos inmigrantes establece diferencias claras en función de las circunstancias personales. Solo el 15% cree que deben ser deportadas las personas que tienen empleo en el país. El 14% opina lo mismo respecto a quienes son padres de hijos nacidos en Estados Unidos. Un 9% señala que deben ser deportadas las personas que llegaron siendo menores de edad, y solo el 5% apoya la deportación de quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, según datos de Pew Research Center.

Estas cifras reflejan un patrón en el cual la gravedad de los antecedentes penales pesa más que los vínculos familiares o laborales al momento de definir el respaldo ciudadano a las deportaciones.

La encuesta muestra que existe un alto nivel de rechazo a las detenciones de inmigrantes indocumentados en ciertos lugares. Un 65% de los encuestados considera que no deberían permitirse arrestos en lugares de culto. De igual manera, el 63% se opone a que estas acciones ocurran en escuelas, y el 61% en hospitales.

En contraste, un 66% aprueba que se realicen detenciones durante protestas o manifestaciones. Además, el 63% apoya que estas acciones ocurran en domicilios y el 54% en lugares de trabajo. Estos datos evidencian una percepción diferenciada según el contexto del operativo, de acuerdo con los datos proporcionados por el Pew Research Center.

Las diferencias partidistas son pronunciadas. Según el Pew Research Center, el 54% de los republicanos y personas con inclinación hacia ese partido considera que todos los inmigrantes sin estatus legal deberían ser deportados, mientras que solo el 10% de los demócratas y sus simpatizantes respalda esa postura.

Asimismo, el 81% de los republicanos encuestados cree que los agentes del orden deberían poder verificar el estatus migratorio de las personas durante actividades rutinarias como paradas de tráfico. Esta opinión solo es compartida por el 33% de los demócratas consultados.

En relación con las políticas actuales, el 75% de los demócratas considera que la administración de Trump está haciendo demasiado en materia de deportaciones, frente al 13% de los republicanos que piensa lo mismo, según la encuesta publicada.

El estudio de Pew revela que el 19% de los adultos en Estados Unidos teme que ellos, un familiar o un amigo cercano puedan ser deportados. Entre los adultos hispanos, esta preocupación alcanza al 42%. Además, el 5% de los encuestados expresó temor a ser requerido para mostrar pruebas de ciudadanía o estatus migratorio en situaciones cotidianas.

En respuesta a estos temores, el 4% de los encuestados comenzó a portar documentos de ciudadanía o residencia legal durante sus actividades diarias. Otro 2% afirma haber modificado su rutina diaria por esta razón, y un porcentaje similar dice haber evitado usar servicios públicos como atención médica o policial, según los datos del Pew Research Center.

En marzo de 2025, tras la realización de la encuesta, la administración de Trump activó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de personas identificadas como presuntos miembros de pandillas y sin estatus migratorio legal. Esta ley, que solo puede utilizarse en tiempos de guerra, permite la deportación sin proceso judicial, según información publicada por CNN.

Durante las primeras semanas del nuevo mandato de Trump, la Casa Blanca firmó varias órdenes ejecutivas en materia migratoria. Según la misma fuente, si bien las detenciones en la frontera sur disminuyeron a niveles históricamente bajos, las cifras de deportaciones todavía se sitúan por debajo de las registradas durante la administración de Joe Biden.

Pew Research Center estima que, en 2022, alrededor de 11 millones de personas vivían en Estados Unidos sin autorización legal. Esta cifra incluye a quienes no poseen visa, residencia temporal o ciudadanía estadounidense.

Del total estimado, aproximadamente 1,2 millones de personas están protegidas temporalmente mediante los programas DACA y TPS, que ofrecen autorización de trabajo y suspensión de deportaciones. Además, desde 2022, cerca de 772.000 personas han ingresado al país bajo programas de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Ucrania. Sin embargo, en marzo de 2025, el gobierno federal anunció la cancelación del programa de protección temporal para unas 532.000 personas beneficiarias de este mecanismo, según Pew.