Condenan a tres personas por fraude de 8 millones de dólares a Medicare y Medicaid en Kentucky

Un esquema de fraude que involucró la facturación de más de 8 millones de dólares a los programas de salud pública Medicare y Medicaid ha resultado en la condena de tres personas en Kentucky.

Según informó la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), un jurado federal declaró culpables al médico José Alzadon, al empresario Michael Bregenzer y a la gerente de facturación Barbie Vanhoose por su participación en esta operación ilícita, que se llevó a cabo a través de los Centros de Adicción de Kentucky (KAC). El veredicto fue emitido el jueves 20 de marzo de 2025.

De acuerdo con los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, los acusados utilizaron los KAC, ubicados en las ciudades de Winchester, Paducah, Paintsville y London, para ejecutar un esquema de fraude a gran escala. José Alzadon, de 61 años y residente de Paintsville, fungía como director médico de los centros, mientras que Michael Bregenzer, de 52 años y originario de Richmond, Texas, ocupaba el cargo de director ejecutivo. Por su parte, Barbie Vanhoose, de 62 años y residente de West Van Lear, Kentucky, era la responsable de la facturación.

El plan consistía en facturar servicios médicos que nunca se realizaron o que se presentaban como más complejos de lo que realmente eran, según detalló la DEA. Además, los acusados utilizaron la identidad del padre de Alzadon, un hombre de avanzada edad, para sortear problemas de acreditación de seguros médicos.

También se descubrió que emplearon las credenciales de prescripción de la DEA del padre de Alzadon para recetar Suboxone, un medicamento controlado utilizado en el tratamiento de la adicción a los opioides, a pacientes que nunca fueron atendidos por él.

El Suboxone, cuando se prescribe de manera adecuada, puede ser una herramienta eficaz para tratar la dependencia a los opioides. Sin embargo, en este caso, las regulaciones de la DEA fueron violadas al utilizar las credenciales de un médico que no participaba en la atención directa de los pacientes.

Los tres acusados enfrentan múltiples cargos relacionados con el fraude y el uso indebido de sustancias controladas. Cada uno fue condenado por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica, ocho cargos de fraude a la atención médica y un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas utilizando el número de registro de la DEA de otra persona.

Por estos delitos, podrían enfrentar hasta diez años de prisión por cada cargo de fraude y conspiración, además de cuatro años adicionales por la distribución ilegal de sustancias controladas. Asimismo, José Alzadon y Barbie Vanhoose fueron condenados por dos cargos de robo de identidad agravado, lo que conlleva un mínimo obligatorio de dos años de prisión adicional que deberán cumplirse de manera consecutiva.

Las sentencias están programadas para junio de 2025. Alzadon y Bregenzer compararán ante el juez el 25 de junio, mientras que Vanhoose lo hará el 26 de junio. Un juez federal determinará las penas finales considerando las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El caso fue investigado por varias agencias federales, incluidas la DEA, el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), la Administración de Seguridad de Beneficios de Empleados del Departamento de Trabajo (DOL-EBSA) y la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de Kentucky.

El agente especial a cargo de la División Louisville de la DEA, Jim Scott, destacó la importancia de la colaboración entre agencias para desmantelar este tipo de esquemas fraudulentos. Por su parte, el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, también participó en el anuncio de las condenas, subrayando el impacto negativo que este tipo de delitos tiene sobre los programas de salud financiados por los contribuyentes.

Este caso forma parte de una iniciativa más amplia liderada por la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia, que busca combatir el fraude en la atención médica a través del Programa de Fuerzas de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica.

Desde su creación en 2007, este programa ha imputado a más de 5.800 personas por esquemas fraudulentos que han generado pérdidas superiores a los 30.000 millones de dólares para programas federales de salud y aseguradoras privadas.

Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CDS), en colaboración con el HHS-OIG, han implementado para exigir responsabilidades a los proveedores involucrados en actividades fraudulentas. Según la DEA, estos esfuerzos buscan proteger los recursos destinados a la atención médica y garantizar que los servicios lleguen a quienes realmente los necesitan.