¿Puede un turista ser detenido en la frontera de Estados Unidos? Lo que debes conocer antes de viajar

En las últimas semanas, varios turistas internacionales han sido detenidos o deportados tras intentar ingresar a Estados Unidos, lo que ha generado preocupación sobre el trato a los visitantes extranjeros y ha reactivado preguntas sobre qué esperar en los aeropuertos y pasos fronterizos del país, según The New York Times.

Entre los casos que han llamado la atención figura el de una mujer británica de 28 años, quien fue trasladada a un centro de detención en el estado de Washington, donde permaneció tres semanas antes de ser devuelta a Reino Unido. La joven había intentado ingresar por vía terrestre desde Canadá, pero las autoridades fronterizas pusieron en duda que su visado fuera el correcto.

Días antes, dos ciudadanos alemanes fueron expulsados del país en incidentes separados luego de intentar cruzar desde México. Ambos afirmaron que permanecieron detenidos durante semanas en un centro de detención en San Diego, sin recibir explicaciones claras sobre el motivo de su inadmisión o deportación.

Todo ciudadano extranjero que desee ingresar a Estados Unidos debe presentar un pasaporte válido cuya fecha de vencimiento no esté próxima a los seis meses desde su ingreso previsto. Además, debe contar con una visa válida o con una autorización del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) si su país forma parte del programa de exención de visado.

Los ciudadanos de los 43 países incluidos en ese programa pueden ingresar por motivos de turismo o negocios por un máximo de 90 días, sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Sin embargo, como subraya el abogado de inmigración Jeff Joseph, con sede en Denver, ni la visa ni la autorización ESTA garantizan el ingreso. “La visa es solo un documento de entrada para llegar al aeropuerto o a la frontera terrestre”, dijo Joseph a The New York Times. “Una vez allí, el viajero debe demostrar que usará la visa conforme a su propósito”.

A su llegada, el visitante debe someterse a una revisión por parte de los funcionarios migratorios, quienes suelen formular preguntas sobre la duración del viaje, el motivo, el lugar de alojamiento y las actividades previstas. Si el agente detecta inconsistencias o desea confirmar detalles adicionales, puede derivar al visitante a una segunda inspección más exhaustiva.

Existen tres categorías principales de visas para visitantes temporales no inmigrantes: la B-1 para quienes ingresan con fines comerciales, la B-2 para propósitos turísticos, y la B-1/B-2, que combina ambas finalidades. Aunque estos visados pueden tener una vigencia de hasta diez años, el tiempo máximo permitido de estancia por entrada es de seis meses.

Los visitantes con visa de turismo no pueden estudiar, ocupar empleos permanentes, recibir pagos por presentaciones públicas, formar parte de la tripulación de naves aéreas o marítimas, trabajar como prensa extranjera ni solicitar residencia permanente. Para obtener estos visados, el solicitante debe completar un formulario en línea, presentar una fotografía reciente y documentos de identidad, además de agendar una entrevista presencial. Este proceso tiene un costo de 185 dólares, según el Departamento de Estado.

Por otro lado, los ciudadanos de países incluidos en el programa de exención deben solicitar el ESTA al menos 72 horas antes del vuelo. El trámite se realiza en línea, y requiere una fotografía del pasaporte, una dirección de residencia, número de contacto y persona de emergencia. Esta autorización, que cuesta 21 dólares, tiene una vigencia de dos años, aunque cada visita no puede exceder los 90 días.

Uno de los aspectos más polémicos del proceso migratorio es el alcance limitado de los derechos legales para los viajeros al llegar a un puerto de entrada estadounidense. “En este proceso, los visitantes renuncian a muchos derechos, incluyendo el derecho a impugnar una deportación”, señaló Joseph a The New York Times. Eso significa que quienes viajan con un ESTA pueden quedar sujetos a detención obligatoria si las autoridades deciden negarles la entrada.

Además, las leyes federales otorgan amplias facultades a los agentes del gobierno para revisar las pertenencias de los viajeros —incluyendo teléfonos móviles y computadoras portátiles— sin necesidad de una sospecha fundada, según explicó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Aun así, todos los visitantes tienen el derecho de permanecer en silencio. No obstante, en contextos migratorios, si una persona no responde a una pregunta clave —como si planea trabajar durante su estancia— el oficial puede interpretar ese silencio como causa para denegar la entrada.

Si un visitante es considerado inadmisible tras el interrogatorio, tiene la posibilidad de retirar su solicitud de ingreso, con lo cual puede ser enviado de regreso a su país en el siguiente vuelo disponible. En esos casos, su visa o autorización ESTA queda automáticamente anulada. Sin embargo, si el oficial niega la retirada voluntaria, el visitante puede ser retenido en un centro de detención.

De acuerdo con el procedimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los visitantes deportados pueden quedar inhabilitados para regresar a Estados Unidos durante cinco años, dependiendo de la naturaleza de su expulsión. En casos donde el visitante no coopere con las autoridades para obtener los documentos necesarios para su regreso, el plazo de detención puede extenderse hasta 90 días, o más, y derivar en cargos penales.

Debido a que estas situaciones ocurren en zonas de inspección que legalmente se consideran “fuera del país”, los viajeros detenidos no están protegidos por la Constitución de EEUU y no tienen derecho automático a contar con un abogado durante el proceso, como afirmó Joseph a The New York Times.

Las recientes detenciones han causado alarma entre ciudadanos europeos y de otros países que, hasta ahora, han disfrutado de viajes frecuentes a Estados Unidos sin grandes contratiempos. Las autoridades no han emitido nuevas directrices, pero el incremento en los casos ha hecho que muchos reconsideren la seguridad jurídica de ingresar al país bajo el sistema actual.