Familiares de los hermanos Menéndez denunciaron sesgo y falta de imparcialidad por parte del fiscal de Los Ángeles

Familiares de Lyle y Erik Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, denunciaron este jueves 20 de marzo que el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, mantiene un “sesgo personal” que afecta el tratamiento del caso y obstaculiza cualquier posibilidad de reconsiderar la condena. En una conferencia de prensa realizada frente a la oficina del fiscal, los allegados de los hermanos señalaron que Hochman ha ignorado sus intentos de diálogo y actúa con una actitud hostil hacia la familia.

“Hochman no parece querer escucharnos ni interactuar con nosotros”, dijo Tamara Goodell, prima de los hermanos, durante su intervención. “En cada paso del camino sentimos que el fiscal nos ha desestimado, ignorado, y sinceramente, tratado como si no importáramos. ¿Por qué? ¿Por qué parece estar haciendo este caso algo personal? Un fiscal debe ser imparcial, justo y centrado en la ley, pero Hochman no está actuando como una parte neutral”, agregó.

La comparecencia pública de los familiares se produjo diez días después de que Hochman anunciara oficialmente que no recomendaría una nueva sentencia para los hermanos Menéndez. Ambos cumplen condena de por vida por el asesinato de José y Kitty Menéndez, sus padres, ocurrido en Beverly Hills en 1989. Los hermanos han afirmado que actuaron en defensa propia, motivados por años de presunto abuso sexual por parte de su padre.

Durante una rueda de prensa el pasado 10 de marzo, Hochman argumentó que los hermanos no han demostrado suficiente responsabilidad ni comprensión del crimen cometido. Según sus declaraciones, ambos han mantenido versiones falsas sobre los hechos, lo cual representa un obstáculo insalvable para que su oficina respalde una nueva revisión del caso.

“Al evaluar si han demostrado pleno entendimiento y completa responsabilidad por sus crímenes, concluyo que no lo han hecho”, afirmó Hochman. El fiscal también sugirió que la narrativa de defensa propia basada en el abuso sexual fue “fabricada” y carece de sustento suficiente para justificar un cambio en la sentencia original.

Asimismo, Hochman ofreció a los hermanos una vía condicional para reconsiderar su situación legal. Según detalló, para que su oficina apoye la posibilidad de una nueva sentencia, los Menéndez deben reconocer públicamente 16 presuntas “mentiras” que, a juicio del fiscal, han sostenido desde los asesinatos. “Si reconocen las mentiras que han dicho durante más de 30 años, evaluaremos la sinceridad de esa admisión”, indicó.

En respuesta, Tamara Goodell acusó al fiscal de revictimizar a los hermanos al juzgarlos con parámetros legales y sociales propios de la década de 1990. “Está re-litigando un caso de hace 35 años con la misma visión desactualizada que en su momento ignoró el abuso, el trauma y la compasión”, dijo durante la conferencia. También cuestionó el argumento del fiscal de que los hermanos aún representan un peligro para la sociedad.

“Ahora está diciendo que Erik y Lyle todavía son un riesgo. ¿Pero para quién? Cualquiera que pase cinco minutos con ellos puede ver que eso no es cierto”, sostuvo. La prima señaló que los hermanos han tenido un comportamiento ejemplar durante sus años en prisión. “Han hecho más bien desde la cárcel que muchas personas en toda su vida. Y sin embargo, Hochman está obsesionado con una sola cosa: lo que dijeron cuando eran niños asustados”, añadió.

En febrero de este año, Hochman había emitido un dictamen en el que se oponía a una petición de hábeas corpus presentada por los hermanos en 2023. El recurso legal incorporaba nuevos elementos que apuntaban a reforzar la narrativa de abuso sexual sostenida por Erik y Lyle. Entre las pruebas presentadas se encuentra el testimonio de Roy Rosselló, exmiembro del grupo musical Menudo, quien acusó a José Menéndez de haberlo violado en la década de 1980.

Además, los abogados de los hermanos mencionaron una carta escrita por Erik Menéndez a su primo fallecido Andy Cano, en la que relataba presuntos abusos sexuales cometidos por su padre antes del crimen. Estas pruebas, argumentaron los defensores, aportan contexto sobre el estado emocional de los hermanos al momento de los hechos, y justifican una revisión del caso bajo los estándares actuales de justicia y reconocimiento del trauma.

El próximo 11 de abril está programada una audiencia para revisar el pedido de resentencia. Este procedimiento será clave para determinar si los tribunales consideran válidos los nuevos elementos aportados por la defensa y si existe un cambio en la percepción de riesgo o culpabilidad de los condenados.

Por otro lado, el 13 de junio, los hermanos comparecerán ante la Junta de Libertad Condicional del estado de California, tras una solicitud del gobernador Gavin Newsom. El mandatario pidió que se realice una investigación exhaustiva para evaluar si Erik y Lyle Menéndez representan un peligro para la comunidad en caso de ser liberados.

El caso de los hermanos Menéndez sigue generando debate público, tanto por el crimen cometido como por los elementos posteriores que han salido a la luz en las últimas décadas. La posición de la fiscalía, así como los testimonios de la familia, serán fundamentales en las decisiones que se tomen en los próximos meses.