La Fundación para el Desarrollo de África de Estados Unidos (USADF, por sus siglas en inglés) comparecerá este martes ante un tribunal federal en Washington para disputar el intento de la administración del presidente Donald Trump de tomar el control de la agencia y ordenar su cierre, según documentos judiciales.
La semana pasada, el presidente de la USADF, Ward Brehm, demandó a la administración Trump argumentando que la intervención del gobierno en la agencia era ilegal y que ni el presidente Donald Trump ni Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, tenían la autoridad para cerrar sus operaciones o reemplazar a los miembros de su junta directiva y al presidente.
La demanda fue presentada después de que el personal del DOGE intentara ingresar a las oficinas de la agencia en Washington. Inicialmente, el personal de la USADF impidió el acceso, pero los funcionarios del DOGE lograron entrar tras regresar con alguaciles federales.
El juez de distrito Richard J. Leon bloqueó temporalmente la destitución de los directivos de la USADF y escuchará este martes los argumentos de ambas partes sobre esta decisión.
Cierre de agencias y disputa legal
El caso surge a raíz de una orden ejecutiva firmada por Trump el mes pasado, en la que ordenó el cierre de la USADF y otras tres agencias como parte de su esfuerzo por reducir el tamaño del gobierno federal.
La USADF, establecida en 1980 por el Congreso, financia proyectos de desarrollo en 22 países africanos, con un presupuesto de 46 millones de dólares en 2023. La agencia emplea a unas 50 personas.
Uno de los puntos centrales del litigio es si la Casa Blanca tiene la autoridad para destituir a los miembros de la junta directiva de la USADF, quienes deben ser confirmados por el Senado y no pueden ser removidos sin causa justificada.
La administración Trump argumenta que la junta ha obstaculizado la implementación de la orden presidencial, mientras que la defensa de la USADF señala el precedente legal de Humphrey’s Executor, una decisión de la Corte Suprema de hace casi 90 años que limita la capacidad del presidente para remover a miembros de agencias independientes.
Sin embargo, expertos legales indican que la actual mayoría conservadora de la Corte Suprema podría estar inclinada a revertir ese fallo, ampliando los poderes del presidente sobre estas agencias.
Intentos de control y respuesta de la USADF
Según documentos presentados ante el tribunal, la administración Trump notificó por correo electrónico la destitución de los miembros de la junta directiva de la USADF. No obstante, la agencia cuestionó la legalidad del procedimiento, alegando que solo Brehm recibió tal notificación y que los demás miembros permanecen en sus cargos.
El 3 de marzo, la junta directiva de la USADF nombró a Brehm como presidente. Su predecesor había renunciado antes de que la agencia fuera incluida en la lista de entidades a ser cerradas.
Los abogados de la administración Trump han argumentado que la junta directiva de la USADF ha “hecho todo lo posible para evitar cumplir con las claras directivas del Presidente” y que “el Presidente debe poder designar funcionarios interinos para cumplir con su deber de hacer cumplir las leyes”.
Paralelamente, funcionarios del DOGE enviaron un correo electrónico al personal de la USADF anunciando que Pete Marocco, ex administrador adjunto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y encargado del cierre de agencias, presidiría la junta directiva. Cuando el personal del DOGE intentó acceder a los sistemas internos de la USADF, la agencia les negó el ingreso citando preocupaciones de seguridad y privacidad.
Impacto en otras agencias
El intento de la administración Trump por cerrar agencias independientes no se limitó a la USADF. El mismo proceso ocurrió con la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés), que gestionaba inversiones en América Latina y el Caribe por un total de 350 millones de dólares en 2024, de los cuales más de la mitad provenía de fuentes externas.
El 28 de febrero, Marocco se autoproclamó presidente interino de la IAF en una reunión de emergencia realizada fuera de la sede de la agencia, tras no poder ingresar al edificio. Posteriormente, la mayoría de los 37 empleados de la IAF fueron despedidos y sus contratos y subvenciones fueron cancelados.
La decisión del juez Leon podría sentar un precedente para el futuro de la USADF y otras agencias en circunstancias similares.
(Con información de AP)
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