Gilda Rosenberg, empresaria colombo-estadounidense, admitió en una corte federal de Miami haber conspirado para defraudar al gobierno de Estados Unidos, evadir impuestos y omitir reportes de cuentas bancarias extranjeras. La declaración de culpabilidad, presentada el lunes, forma parte de una investigación que reveló cómo ella y su familia ocultaron más de 90 millones de dólares en cuentas offshore (en el extranjero) entre 2010 y 2022.
Según el Departamento de Justicia, los fondos estaban distribuidos en entidades financieras de Andorra, Israel, Panamá y Suiza, y fueron gestionados a través de estructuras complejas para evitar ser detectados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Desde la década de 1970, su familia mantenía dinero en el extranjero sin declararlo, pero fue en los años 2000 cuando consolidaron sus activos en Credit Suisse.
El papel de Credit Suisse en la ocultación de activos
Rosenberg y su familia mantuvieron aproximadamente 15 cuentas en Credit Suisse desde 1979 hasta 2013, según documentos judiciales. En ese periodo, los clientes informaron a empleados del banco suizo que eran ciudadanos estadounidenses y que querían evitar que sus fondos fueran detectados por las autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, en 2013, las autoridades del Credit Suisse cerraron las cuentas de la familia Rosenberg al confirmar que eran ciudadanos estadounidenses, lo que los obligó a mover el dinero a otras entidades bancarias en Suiza, Israel y Andorra. Entre estas instituciones figuraban Bank Leumi, Union Bancaire Privée (UBP) y PKB Privat Bank SA, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia.
La investigación sobre Credit Suisse, ahora propiedad de UBS Group AG, ha sido extensa. En 2014, el banco pagó 2.600 millones de dólares en multas tras admitir que ayudó a miles de ciudadanos estadounidenses a ocultar activos del IRS. Un informe del Senado de Estados Unidos en 2023 concluyó que la entidad bancaria había incumplido ese acuerdo, al no reportar miles de cuentas no declaradas valoradas en más de 1.300 millones de dólares.
Fraude y falsificación de documentos
Para mantener sus activos fuera del control del IRS, Rosenberg no solo utilizó bancos extranjeros, sino que falsificó documentos. Según la acusación federal, en 2012 firmó documentos bancarios en los que negaba ser ciudadana de Estados Unidos y declaraba ser residente en Colombia.
En 2017, en un intento por continuar evadiendo impuestos, Rosenberg y su familia dividieron los activos y simularon que parte de los fondos habían sido transferidos como “donaciones” a un familiar que había renunciado a su ciudadanía estadounidense. Además, crearon contratos falsos de préstamos e inversiones para disfrazar la llegada de dinero a Estados Unidos.
Los fiscales del caso afirman que, entre 2010 y 2017, Rosenberg omitió reportar más de 5,5 millones de dólares en ingresos obtenidos a través de sus cuentas en UBP, lo que causó un perjuicio fiscal de 1,9 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.
Un historial de fraudes y demandas previas
Esta no es la primera vez que Rosenberg enfrenta problemas legales. En 2023, se declaró culpable en Texas de un fraude contra el Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, al presentar informes falsos para evitar pagar comisiones contractuales en su empresa de máquinas expendedoras, Gilly Vending.
Según WPLG, su compañía también estuvo en el centro de una disputa legal con el exjugador de la NBA Alonzo Mourning, quien en 2019 demandó a Gilly Vending por incumplimiento de contrato. Un juez ordenó a la empresa pagarle 590.000 dólares tras un desacuerdo comercial en 2015.
Rosenberg enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión, además de una posible supervisión posterior, restitución y sanciones económicas. Un juez federal determinará la sentencia el 30 de mayo, considerando las pautas de sentencias de Estados Unidos y otros factores legales.
El caso sigue bajo investigación por la Unidad de Crímenes Financieros Internacionales del IRS, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. Fiscales del Distrito Sur de Florida y de la División de Impuestos del Departamento de Justicia están a cargo del proceso.
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