El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas, ubicado en Fort Worth, enfrenta una investigación estatal tras revelarse que utilizó cuerpos no reclamados para fines médicos y comerciales sin el consentimiento de familiares sobrevivientes. Según informó NBC News, el programa de donación de cuerpos del centro habría diseccionado, estudiado y alquilado cientos de cadáveres sin notificar a los familiares más cercanos, lo que ha generado una ola de indignación y acciones legales.
La Comisión de Servicios Funerarios de Texas, organismo encargado de regular la donación de cuerpos en el estado, notificó al centro el pasado 18 de octubre sobre la apertura de una investigación formal.
En una carta dirigida a la entonces presidenta del centro, Sylvia Trent-Adams, el investigador Rudy Villarreal señaló que estas prácticas podrían haber violado la legislación estatal, que exige el consentimiento de los familiares antes de utilizar los cuerpos para investigaciones médicas. Además, se acusó al centro de enviar restos humanos a otros estados sin la autorización de los reguladores.
Revelaciones y consecuencias inmediatas
El caso salió a la luz tras una investigación de NCB News publicada en septiembre, que detalló como el centro había recibido más de 2.300 cuerpos no reclamados desde 2019 mediante contratos con los condados de Dallas y Tarrant. Entre los fallecidos se encontraban veteranos militares, personas en situación de calle, víctimas de adicciones y en un caso una joven víctima de asesinato. Muchas familias, según el medio, desconocían que sus seres queridos habían muerto y afirmaron que habrían reclamado los cuerpos para darles un funeral digno si hubieran sido notificadas.
En respuesta a estas revelaciones, el centro suspendió su programa de donación de cuerpos, despidió a los responsables del programa y contrató a un consultor externo para revisar sus operaciones. Asimismo, emitió un comunicado en el que pidió disculpas a las familias afectadas. Sin embargo, las repercusiones no se detuvieron ahí. Los condados de Dallas y Tarrant cancelaron sus contratos con el centro y empresas como Boston Scientific y el Ejército de Estados Unidos que habían adquirido partes de cuerpos para investigación.
Comercio de restos humanos y prácticas cuestionadas
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es el comercio de partes humanas. Según los documentos obtenidos por NBC News, el centro cobraba tarifas específicas por los restos, 649 dólares por una cabeza, 900 dólares por un torso y 703 dólares por un par de piernas. Estos cuerpos y partes eran enviados a escuelas de medicina, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de educación en atención sanitaria en otros estados.
Además, la Comisión de Servicios Funerarios ordenó al centro cesar el uso de un método conocido como hidrólisis alcalina, o cremación en agua, para disponer de los cadáveres. Este procedimiento, que consiste en descomponer los cuerpos mediante una solución química, es considerado ilegal en Texas. Aunque el centro defendió la práctica en una respuesta oficial enviada en diciembre, aseguró que había suspendido su uso desde septiembre.
Investigación en curso y acciones legislativas
La Comisión de Servicios Funerarios ha solicitado al centro la entrega de documentos relacionados con el programa de donación de cuerpos. Inicialmente, se estableció un plazo de 15 días, pero posteriormente se otorgó una prórroga de 45 días. Hasta la fecha, el centro ha entregado más de 1.800 documentos como parte de la investigación. Según un portavoz del centro, se está trabajando para garantizar que toda la información requerida sea proporcionada de manera completa y precisa.
Por otro lado, el caso ha impulsado cambios legislativos. La semana pasada, un senador estatal de Texas presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de cuerpos no reclamados sin el consentimiento explícito de los familiares. Esta medida pretende evitar que se repitan situaciones como las denunciadas en el Centro de Ciencias de la Salud.
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