
La administración de Donald Trump anunció este martes 25 de febrero la creación de un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados. Esta medida, que afecta a personas mayores de 13 años que se encuentran en el país de manera irregular, establece que quienes no se inscriban podrían enfrentar multas de hasta 5.000 dólares y penas de cárcel de hasta seis meses. La iniciativa busca reforzar el control migratorio y fomentar la salida voluntaria de quienes residen ilegalmente en el país.
De acuerdo con los documentos obtenidos por The Wall Street Journal (WSJ), el registro requerirá que los inmigrantes proporcionen información personal, como huellas dactilares y direcciones de residencia. La administración ha habilitado un formulario en línea para facilitar el proceso, otorgando un plazo de 30 días para que los afectados cumplan con esta nueva normativa. Aquellos que ya hayan interactuado con el gobierno, como quienes han solicitado asilo o permisos de trabajo, estarán exentos de registrarse, ya que sus datos ya están en poder de las autoridades.
La medida marca un cambio significativo en la forma en que se aborda la migración irregular en Estados Unidos. Hasta ahora, estar en el país sin autorización era considerado una infracción civil, lo que permitía la detención y deportación de los inmigrantes, pero no implicaba consecuencias penales. Con esta nueva política, la administración Trump busca criminalizar la permanencia ilegal en el país, según detalló CBS News.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en un memorando que esta política tiene como objetivo ofrecer a los inmigrantes indocumentados dos opciones: regresar a sus países de origen y seguir el proceso legal para ingresar a Estados Unidos, o enfrentar las consecuencias legales de permanecer en el país sin autorización. “Los extranjeros en este país ilegalmente enfrentan una elección”, afirmó Noem en el documento citado por The Wall Street Journal.
Leyes de la Segunda Guerra Mundial
La administración Trump ha recurrido a una ley de 1940 para justificar la creación de este registro. Originalmente, esta legislación fue diseñada para identificar a presuntos comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, el gobierno incluso emitía anuncios televisivos para recordar a los inmigrantes, incluidos los residentes permanentes, que debían registrarse anualmente en las oficinas de correos locales.
Sin embargo, el sistema cayó en desuso en la década de 1960 debido a su alto costo y a los limitados beneficios que ofrecía, según recordó el WSJ.
El nuevo registro se asemeja a un programa implementado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, durante la administración de George W. Bush. En aquel momento, hombres y adolescentes provenientes de países predominantemente musulmanes debían proporcionar fotografías y huellas dactilares al gobierno federal. Este programa resultó en la detención y deportación de decenas de miles de personas, según consignó CBS News.

Desafíos legales
La implementación de esta política ha generado preocupación entre expertos legales y defensores de los derechos de los inmigrantes indocumentados quienes suelen carecer de los recursos económicos necesarios para pagar multas tan elevadas, lo que podría llevar a un aumento en la población carcelaria. Además, los expertos advierten que perseguir casos de incumplimiento podría sobrecargar los recursos judiciales y fiscales del país.
Por otro lado, la medida también exige que los padres o tutores legales registren a los adolescentes que estén sujetos a este requisito. Una vez inscritos, los adultos recibirán un documento de registro que deberán portar en todo momento, según confirmó CBS News. Sin embargo, la política no se aplicará a residentes legales permanentes, beneficiarios de visas o permisos de trabajo, ni a aquellos que ya se encuentren en procesos de deportación.
Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha priorizado la implementación de políticas que dificulten la vida de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Esta nueva medida forma parte de una orden ejecutiva emitida por Trump en su primer día en el cargo, en la que instruyó al gobierno a establecer un proceso de registro para inmigrantes en situación irregular.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, enfatizó que el objetivo de esta política es alentar la salida voluntaria de los inmigrantes indocumentados. “El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora”, declaró McLaughlin, según consignó CBS News.
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