El viernes, la jueza federal Jeannette A. Vargas, con sede en Nueva York, ratificó el bloqueo impuesto a las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el magnate Elon Musk, respecto al acceso al sistema de pagos del Tesoro de Estados Unidos.
La medida, que había sido emitida inicialmente el pasado 8 de febrero, se mantiene en vigor debido a las preocupaciones sobre la ciberseguridad y la protección de datos sensibles.
En un fallo detallado de más de 60 páginas, la jueza Vargas confirmó la decisión tomada por el juez Paul Engelmayer, quien había emitido el bloqueo tras una demanda presentada por casi una veintena de fiscales generales estatales.
En su resolución, Vargas también solicitó al Gobierno de Donald Trump que demuestre, antes del 24 de marzo, que los empleados del DOGE cuentan con la capacitación necesaria en ciberseguridad y otros aspectos de seguridad digital que aseguren la protección de los datos contenidos en el sistema de pagos.
La magistrada subrayó que, a pesar de los intereses del Gobierno de modernizar y hacer más eficiente el sistema de pagos, el bloqueo de la jueza no socava el objetivo de la administración de Trump, pero destacó la necesidad de mitigar las preocupaciones de seguridad, que podrían tener consecuencias “catastróficas” en caso de una violación cibernética.
“Sin atajar estos problemas, las potenciales consecuencias de una brecha de ciberseguridad podrían ser catastróficas”, afirmó Vargas en su documento, haciendo hincapié en los riesgos inherentes a un sistema de pagos tan sensible.
El fallo también dejó claro que, si el Gobierno no presenta información adecuada sobre la formación en ciberseguridad de los empleados del DOGE, así como los procedimientos de seguridad que los mismos deberán seguir, el bloqueo podría mantenerse indefinidamente.
La jueza instó al Gobierno a explicar con detalle cómo se gestionarán los posibles riesgos de seguridad a medida que se implementen nuevas tecnologías dentro de la infraestructura de pagos del Tesoro.
El bloqueo inicial de Engelmayer fue solicitado por un grupo de fiscales generales estatales que temían que el acceso del DOGE al sistema de pagos pudiera poner en riesgo la seguridad de los datos financieros de los estados.
En su demanda, los fiscales generales alegaron que las políticas propuestas por el DOGE carecían de las garantías necesarias para asegurar que los sistemas de pagos no fueran vulnerables a ataques o fugas de información confidencial.
Además de la prohibición de acceso, el juez Engelmayer también ordenó la destrucción de los datos que el DOGE había descargado desde el 20 de enero de 2025, el día de la investidura de Trump.
La decisión estaba basada en la preocupación de que estos datos pudieran ser utilizados sin las debidas salvaguardias y control por parte de las autoridades encargadas de supervisar el sistema de pagos del Tesoro.
Los fiscales generales estatales habían solicitado una orden judicial más amplia que impidiera al DOGE llevar a cabo cualquier proceso automatizado o manual que pudiera interferir con los pagos del sistema del Tesoro, lo que, a su juicio, afectaría gravemente la estabilidad de las finanzas públicas de los estados.
No obstante, la jueza Vargas determinó que las acciones propuestas por los fiscales iban más allá de lo razonable, limitando su alcance a la protección de los datos sensibles, específicamente en relación con la información bancaria de los estados.
(Con información de EFE y AP)
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