¿Qué pasa si una persona es deportada y vuelve a entrar ilegalmente a EEUU? Penas, restricciones y más

Las leyes de inmigración de Estados Unidos establecen sanciones severas para las personas que intentan reingresar al país sin autorización luego de haber sido deportadas. De acuerdo con el Título 8, Sección 1326 del Código de los Estados Unidos, cualquier persona expulsada que intente volver sin los permisos adecuados puede enfrentar multas y penas de prisión que varían según las circunstancias de su caso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reporta un incremento en los operativos de detención y deportación en los últimos años. Desde 2025, la administración federal ha intensificado las medidas para prevenir el reingreso de personas sin autorización, estableciendo procedimientos más estrictos en la frontera.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los procesos de inadmisibilidad y las restricciones de entrada afectan a quienes han sido deportados anteriormente, limitando su posibilidad de solicitar beneficios migratorios en el futuro. En algunos casos, las personas afectadas pueden enfrentar prohibiciones permanentes de ingreso.

El DHS informa que el reingreso ilegal tras una deportación se considera un delito federal. La pena puede ser de hasta dos años de prisión si no existen delitos previos en el historial del individuo. En caso de que la persona haya sido deportada tras cometer una falta grave, como delitos relacionados con drogas, violencia o reincidencia en el ingreso irregular, la condena puede ascender a 10 o 20 años de prisión, según la gravedad del delito.

El USCIS señala que una persona deportada enfrenta prohibiciones de reingreso que pueden ser de cinco, diez o veinte años, dependiendo de la razón de su expulsión. En casos más graves, como fraude migratorio o reincidencia en entradas irregulares, la prohibición puede ser permanente.

En ciertos casos, las personas deportadas pueden solicitar el reingreso legal a través del Formulario I-212, conocido como “Permission to Reapply for Admission into the United States After Deportation or Removal”. Este documento permite a un individuo pedir autorización para regresar antes de que se cumpla el tiempo de prohibición de ingreso. Sin embargo, su aprobación está sujeta a la revisión de las autoridades migratorias y no garantiza la admisión.

El DHS puede aplicar el procedimiento de deportación expedita a personas que ingresaron a EE.UU. sin autorización y no pueden demostrar que han residido en el país durante al menos dos años. Este proceso permite la expulsión sin audiencia ante un juez de inmigración, reduciendo el tiempo del procedimiento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclara que este mecanismo se emplea especialmente en las zonas fronterizas o aeropuertos.

Datos del DHS indican que, desde el 26 de enero de 2025, más de 8,000 personas han sido deportadas en el marco de nuevas operaciones de control migratorio. Estas medidas fueron implementadas por la administración del presidente Donald Trump, que busca reforzar la seguridad en la frontera y aplicar de manera estricta las leyes de inmigración existentes.

Según el Código Penal de EE.UU., aquellos que intentan ingresar nuevamente tras haber sido deportados por delitos graves pueden enfrentar cargos adicionales. La legislación establece penas más severas para quienes hayan cometido múltiples delitos menores o un delito grave no agravado, con penas de hasta 10 años de prisión. Si el antecedente incluye un crimen agravado, como tráfico de drogas o delitos violentos, la pena máxima asciende a 20 años.

El USCIS señala que una persona deportada que intenta solicitar asilo, una visa de inmigrante o un beneficio migratorio enfrenta restricciones adicionales. En algunos casos, es necesario solicitar un perdón migratorio para poder aplicar a ciertos programas. Sin embargo, este proceso es complejo y su aprobación depende de múltiples factores, como el tiempo transcurrido desde la deportación y el historial del solicitante.

Las personas deportadas pueden consultar su historial migratorio a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA). La Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO) y la Junta de Inmigración de Apelaciones (BIA) permiten apelar ciertas decisiones de inmigración, aunque este proceso no garantiza un cambio en el estatus del solicitante.

Las autoridades migratorias han implementado diversos mecanismos de control en las fronteras para prevenir reingresos ilegales. La CBP utiliza tecnología de reconocimiento facial en aeropuertos y puntos de entrada para identificar a personas con antecedentes de deportación. Además, sistemas de vigilancia con drones, sensores y cámaras térmicas permiten monitorear actividades sospechosas en la frontera sur.

Otra estrategia clave es la colaboración con agencias locales y extranjeras para detectar redes de tráfico de personas. Mediante la verificación biométrica y bases de datos compartidas, las autoridades pueden rastrear intentos de ingreso irregular y tomar medidas inmediatas contra quienes han sido previamente expulsados del país.