La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sostuvo este martes 18 de febrero una reunión con líderes políticos para evaluar el futuro del alcalde Eric Adams, quien enfrenta una crisis sin precedentes tras la decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de retirar los cargos de soborno en su contra y la renuncia de cuatro de sus principales funcionarios.
El encuentro, que reunió a legisladores estatales, congresistas federales y líderes municipales, se llevó a cabo un día antes de que un juez federal interrogue a los fiscales sobre la justificación para desestimar el caso. La controversia ha sacudido al DOJ, provocando la dimisión de varios fiscales en señal de protesta, y ha generado incertidumbre en la administración de la ciudad.
Entre los asistentes a la reunión con Hochul estuvieron los congresistas Hakeem Jeffries y Gregory Meeks, el contralor municipal Brad Lander, la presidenta del Concejo de la Ciudad Adrienne Adams y el activista de derechos civiles Reverendo Al Sharpton, según confirmaron fuentes familiarizadas con las conversaciones a The Wall Street Journal. La gobernadora está considerando si debe utilizar su autoridad para destituir al alcalde, un poder que no ha sido ejercido en los 235 años de historia del estado.
El origen de la crisis
El caso contra Adams se centra en acusaciones de que su campaña electoral recibió contribuciones ilegales de empresarios turcos a cambio de favores oficiales, incluyendo viajes y estadías gratuitas en hoteles. El DOJ presentó cargos formales en septiembre de 2024, pero la semana pasada anunció la retirada del caso, citando la necesidad de que el alcalde se concentre en combatir la inmigración ilegal.
Sin embargo, la decisión de retirar los cargos generó sospechas luego de que se conociera que Adams se había reunido recientemente con el exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tom Homan, un funcionario alineado con la política migratoria del expresidente Donald Trump. En ese encuentro, Adams supuestamente accedió a otorgar a ICE acceso a la cárcel de Rikers Island para facilitar la detención de inmigrantes indocumentados.
La conexión entre ambos eventos ha llevado a múltiples funcionarios y analistas a señalar un posible quid pro quo, es decir, que el DOJ retiró los cargos contra Adams a cambio de su colaboración con la política migratoria de Trump. La fiscal federal de Manhattan Danielle Sassoon, quien presentó el caso contra Adams, renunció en protesta junto con otros fiscales, acusando a los nuevos líderes del DOJ de interferencia política.
En un comunicado citado por NBC News, el abogado del alcalde, Alex Spiro, negó que existiera un acuerdo. “No hubo quid pro quo. Punto”, afirmó.
Renuncias en la alcaldía y descontento en el DOJ
El impacto de la crisis ha sido inmediato dentro del gobierno de la ciudad. Cuatro de los principales funcionarios de Adams presentaron su renuncia el lunes: Maria Torres-Springer, primera vicealcaldesa; Anne Williams-Isom, vicealcaldesa de salud y servicios humanos; Meera Joshi, vicealcaldesa de operaciones y Chauncey Parker, vicealcalde de seguridad pública.
En un comunicado conjunto, Torres-Springer, Williams-Isom y Joshi afirmaron que su decisión respondía a los “extraordinarios acontecimientos de las últimas semanas” y que debían mantenerse fieles a los valores que juraron proteger. Parker, por su parte, se limitó a decir que trabajar con Adams había sido “un honor de por vida”.
El alcalde reaccionó lamentando las renuncias, pero insistió en que su enfoque sigue siendo el bienestar de los neoyorquinos. “Estoy decepcionado de verlos partir, pero entiendo sus razones y les deseo éxito”, dijo en un comunicado.
Además de las renuncias en la alcaldía, al menos siete altos funcionarios del DOJ han dimitido en protesta por la decisión de retirar el caso. Un grupo de más de 900 exfiscales federales, incluyendo al exfiscal especial Jack Smith, firmó una carta denunciando la interferencia política en el caso y pidiendo a los fiscales que mantengan su compromiso con la justicia.
Opciones para destituir a Adams
Hochul enfrenta presión tanto para actuar como para proceder con cautela. Según la ley estatal, la gobernadora tiene la autoridad para destituir al alcalde, pero nunca se ha utilizado este poder en la historia del estado.
En un comunicado, Hochul reconoció la gravedad de la situación: “Revertir la voluntad de los votantes es un paso serio que no debe tomarse a la ligera. Dicho esto, la conducta reportada en el Ayuntamiento no puede ser ignorada”.
Además de una posible destitución directa, se está considerando activar el Comité sobre la Incapacidad del Alcalde, un mecanismo legal en la carta constitutiva de la ciudad que permitiría evaluar si Adams puede continuar en el cargo.
Este comité estaría compuesto por el abogado principal de la ciudad, el contralor municipal, la presidenta del Concejo de la Ciudad, un vicealcalde designado por Adams y el presidente del condado con más tiempo en el cargo. Si el comité determina que Adams no es apto para gobernar, su destitución requeriría una votación del Concejo Municipal.
El contralor municipal y posible candidato a la alcaldía Brad Lander, quien se enfrentará a Adams en las primarias demócratas, ha pedido que el alcalde presente un plan claro sobre cómo manejará la ciudad tras las renuncias. De lo contrario, Lander advirtió que buscaría convocar al comité para evaluar su destitución.
Próximos pasos
El juez federal Dale Ho ha citado a Adams,quien busca la reelección en noviembre, y a los fiscales del DOJ para una audiencia este miércoles 19 de febrero, donde se espera que el gobierno explique su decisión de desestimar los cargos.
El resultado de la audiencia podría ser clave para determinar el destino político del alcalde. Si el juez cuestiona la legalidad de la retirada del caso, podría solicitar que se reabra el proceso, lo que añadiría más incertidumbre sobre el liderazgo de la ciudad.
Mientras tanto, Hochul y los líderes políticos de Nueva York seguirán evaluando si se debe avanzar con un proceso de destitución o si Adams podrá seguir en el cargo. En caso de ser removido, el actual defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, asumiría como alcalde interino.
El caso ha generado comparaciones con la crisis que llevó a la renuncia del alcalde Jimmy Walker en 1932, luego de una investigación por corrupción encabezada por el entonces gobernador Franklin D. Roosevelt. Sin embargo, en esta ocasión, la controversia está marcada por la influencia del gobierno federal y su impacto en la política migratoria.
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