Cambios en Florida podrían transformar la vida de miles de inmigrantes: estas son las nuevas leyes restrictivas

En Florida, el debate sobre la inmigración alcanzó un nuevo nivel de intensidad con la inminente aprobación de una legislación que busca endurecer significativamente las políticas de control migratorio. Enmarcada en una serie de sesiones especiales de la legislatura estatal, esta iniciativa refleja tanto la influencia de las prioridades nacionales en materia de inmigración como las complejas dinámicas internas del Partido Republicano en el estado.

Las medidas propuestas incluyen desde la creación de un nuevo organismo estatal para coordinar la aplicación de la ley migratoria hasta modificaciones sustanciales en programas existentes, sanciones más severas para quienes no colaboren con las autoridades federales y reformas que afectan directamente a la población inmigrante en ámbitos como la educación y el sistema penal.

Este paquete legislativo, impulsado en parte por la sintonía con las políticas del expresidente Donald Trump, evidencia cómo Florida se posiciona en el centro de un debate nacional sobre la seguridad fronteriza, la soberanía estatal y los derechos de los inmigrantes.

La propuesta legislativa elimina la idea inicial de designar al Comisionado de Agricultura de Florida como la máxima autoridad en asuntos de inmigración, una medida que generó tensiones dentro del propio Partido Republicano. En su lugar, se plantea la creación de la Junta Estatal de Cumplimiento de Inmigración, un organismo compuesto por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el jefe de finanzas del estado. Este nuevo modelo busca centralizar y coordinar las actividades de control migratorio en colaboración directa con las autoridades federales.

Una de las características clave de esta junta es que las decisiones deberán tomarse de forma unánime, lo que, según el presidente del Senado, Ben Albritton, responde a un enfoque basado en el “consenso”. Esta exigencia de unanimidad surge en un contexto de reconfiguración del gabinete estatal, con cambios significativos en cargos como el del fiscal general y el jefe de finanzas, lo que podría influir en el equilibrio de poder dentro de la junta.

Además de su función coordinadora, la junta administrará un fondo de 250 millones de dólares en subvenciones destinadas a las agencias locales de seguridad pública que colaboren en operaciones de control migratorio. Estos recursos no solo compensarán los costos operativos de dichas agencias, sino que también financiarán bonos de 1.000 dólares para oficiales de policía capacitados en tareas de apoyo a las fuerzas federales de inmigración.

El nuevo proyecto de ley introduce modificaciones significativas al “Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados”, establecido en 2023 bajo la División de Manejo de Emergencias de Florida. Este programa, que saltó a la atención nacional tras el controvertido traslado de inmigrantes indocumentados a lugares como Martha’s Vineyard en Massachusetts, fue concebido inicialmente para reubicar a migrantes sin la necesidad de coordinación directa con el gobierno federal.

Sin embargo, la propuesta actual restringe de manera considerable el alcance del programa. A partir de ahora, el estado solo podrá realizar estos traslados si las autoridades federales de inmigración lo solicitan explícitamente, asumen los costos del transporte y supervisan las operaciones. Este cambio busca alinear las acciones estatales con las prioridades del gobierno federal y evitar la percepción de que estos traslados son maniobras de carácter político.

El senador estatal Joe Gruters, patrocinador de la propuesta en el Senado y aliado cercano de Donald Trump, minimizó la relevancia de este ajuste, argumentando que “ya no hay necesidad de eventos de tipo político”, dado que, según él, “el presidente ya ha cerrado las fronteras”.

El paquete legislativo incluye disposiciones estrictas para reforzar la cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal en materia de inmigración. Una de las medidas centrales es la obligación para los alguaciles y administradores de cárceles del condado de colaborar con las autoridades federales de inmigración, participando activamente en el programa 287(g).

Este programa permite que los funcionarios locales actúen con autoridad delegada para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, intensificando la presencia y el alcance de estas políticas a nivel estatal.

Además, la propuesta establece sanciones severas para los funcionarios públicos que se nieguen a cumplir con las órdenes de detención migratoria emitidas por agencias federales. Estos funcionarios enfrentarían multas de 5.000 dólares y podrían ser suspendidos de sus cargos, lo que refuerza la presión sobre los gobiernos locales para adherirse a la normativa estatal y federal en esta materia.

Otro aspecto relevante del proyecto de ley es el endurecimiento de las penas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves. La legislación propone la detención obligatoria previa al juicio para quienes enfrenten cargos por delitos violentos, una medida que ya se aplica a otros crímenes de alta gravedad.

Este enfoque busca eliminar cualquier posibilidad de libertad provisional para los acusados, intensificando las consecuencias legales para los inmigrantes sin estatus legal que infrinjan la ley.

El plan también destina 35,6 millones de dólares a la oficina del Comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza en Florida. Además, se asignan 12 millones de dólares adicionales para financiar 84 nuevos puestos de agentes de cumplimiento de la ley, quienes se encargarán de ejecutar las políticas migratorias del estado.

El proyecto de ley no se limita a medidas de seguridad y cooperación con las autoridades federales, sino que también introduce cambios significativos en el ámbito educativo y penal que afectan directamente a la población inmigrante en Florida.

Uno de los aspectos más controversiales es la eliminación de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados, una medida que hasta ahora permitía a estos jóvenes acceder a la educación superior en condiciones más asequibles si cumplían ciertos requisitos de residencia en el estado. Esta reforma supone un obstáculo adicional para quienes buscan oportunidades educativas, limitando su acceso a la universidad y, potencialmente, sus perspectivas de desarrollo profesional.

En el plano penal, el paquete legislativo incluye una propuesta aún más drástica: la criminalización de la presencia ilegal en el estado de Florida. Esto significa que, más allá de las leyes federales de inmigración, ser un inmigrante indocumentado en Florida podría constituir un delito estatal, lo que abre la puerta a detenciones y enjuiciamientos por el simple hecho de residir en el estado sin un estatus legal regularizado.

Además, una segunda iniciativa legislativa (HB 3-C y SB 4-C) establece que los inmigrantes indocumentados que cometan delitos particularmente graves, como asesinato o violación de menores, podrían enfrentar la pena de muerte. Esta disposición busca endurecer el castigo para crímenes violentos cometidos por personas sin estatus legal, alineándose con una retórica de “tolerancia cero” hacia la inmigración irregular vinculada a la criminalidad.