El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y personas estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.
Según informó Bloomberg News, la orden instruye a la fiscal general Pam Bondi a detener las acciones en curso bajo esta ley y a revisar tanto los casos actuales como los pasados, mientras se establecen nuevas directrices para su aplicación.
La decisión se fundamenta en la preocupación de Trump de que la aplicación estricta de la FCPA pone en desventaja a las empresas estadounidenses frente a sus competidores internacionales, muchos de los cuales operan en mercados con regulaciones menos estrictas sobre prácticas comerciales.
Según un documento informativo sobre la orden ejecutiva citado por Bloomberg, “las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la sobrerregulación de la FCPA, ya que se les prohíbe participar en prácticas comunes entre sus competidores internacionales, creando una desigualdad en el mercado”.
El documento también señala que el propósito de la suspensión es “evaluar cómo optimizar la FCPA para garantizar que esté alineada con los intereses económicos y de seguridad nacional” de Estados Unidos. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNBC la intención de revisar la ley para hacerla más flexible en su aplicación.
La FCPA fue promulgada en 1977 con el objetivo de frenar la corrupción en el comercio internacional al prohibir los sobornos a funcionarios extranjeros. En 1998, la ley fue enmendada para aplicarse también a empresas extranjeras y a personas que faciliten pagos ilícitos desde territorio estadounidense.
La normativa abarca no sólo sobornos directos, sino también ofertas, planes o autorizaciones de pagos indebidos por parte de la dirección de una empresa. Asimismo, las acciones que pueden constituir una violación de la ley incluyen una amplia gama de interacciones con funcionarios extranjeros.
Las sanciones para los infractores de la FCPA incluyen penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares, o el triple del valor de lo ofrecido ilegalmente. En el caso de corporaciones, las multas pueden alcanzar cifras significativamente mayores.
En los últimos años, el Departamento de Justicia ha incrementado el número de acciones legales bajo la FCPA. En 2024, se anunciaron 24 casos de presuntas violaciones de la ley, mientras que en 2023 se registraron 17 casos.
Los defensores de la ley argumentan que ha sido clave para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en los negocios internacionales. Además, la normativa ha servido de modelo para legislaciones anticorrupción en otros países, como la Ley Antisoborno del Reino Unido y las regulaciones de la OCDE.
Por otro lado, sectores empresariales podrían recibir la medida con alivio, especialmente aquellas compañías que operan en mercados donde la corrupción es un problema recurrente. Sin embargo, algunos expertos advierten que una relajación en la aplicación de la FCPA podría generar riesgos reputacionales para las empresas estadounidenses y provocar represalias regulatorias en otros países.
La orden ejecutiva se firmará el lunes.
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