Un tribunal federal en Maryland emitió el miércoles 5 de febrero una orden judicial preliminar que impide la implementación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal.
La jueza Deborah L. Boardman, nominada al tribunal por el expresidente Joseph R. Biden Jr., argumentó que la medida de Trump es incompatible con la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos y con un precedente legal de la Corte Suprema de más de un siglo de antigüedad.
La orden de Boardman tiene alcance nacional y se mantendrá vigente mientras avanza el litigio o hasta que una instancia superior la revoque. Su fallo otorga una mayor estabilidad legal que la orden de restricción temporal de 14 días que un juez en Seattle había impuesto el 23 de enero.
“La orden ejecutiva entra en conflicto con el texto claro de la Enmienda 14, contradice un precedente vinculante de la Corte Suprema de hace 125 años y va en contra de la tradición de 250 años de ciudadanía por nacimiento en nuestra nación”, escribió Boardman en su decisión.
De acuerdo con The New York Times, el fallo de la jueza responde a una demanda presentada por cinco mujeres embarazadas sin estatus legal y dos organizaciones de defensa de inmigrantes, el Asylum Seeker Advocacy Project y CASA, representadas por el Instituto de Defensa Constitucional y Protección de la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown.
La orden ejecutiva de Trump
La orden ejecutiva de Trump, firmada el 20 de enero, instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos ni residentes legales permanentes. La medida debía entrar en vigor el 19 de febrero y era parte de la política migratoria más restrictiva del presidente republicano desde su regreso a la Casa Blanca.
Bajo la orden de Trump, los niños nacidos en territorio estadounidense después de esa fecha habrían sido considerados extranjeros y, por lo tanto, sujetos a deportación. También habrían quedado excluidos de beneficios federales como los números de Seguro Social, el acceso a programas gubernamentales y la posibilidad de trabajar legalmente en el futuro.
Los abogados de los grupos demandantes alegaron que la orden violaba la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos es automáticamente ciudadana.
El juez John Coughenour, de Seattle, quien emitió la primera orden de restricción temporal contra la medida el 23 de enero, calificó la acción de Trump como “flagrantemente inconstitucional”. Se espera que este jueves evalúe si también emite una orden judicial preliminar con efectos más duraderos.
Por otro lado, el Departamento de Justicia de Trump ha defendido la constitucionalidad de la orden ejecutiva, argumentando que la interpretación histórica de la Enmienda 14 ha sido errónea y que el texto constitucional no garantiza la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes sin estatus legal o con residencia temporal.
En su argumentación, el gobierno citó el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), que estableció que los hijos de residentes permanentes nacidos en Estados Unidos eran ciudadanos. Según los abogados del Departamento de Justicia, ese fallo solo se aplicaba a niños nacidos de padres con “domicilio y residencia permanente”, lo que excluiría a los hijos de inmigrantes en situación irregular.
El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, afirmó que “los inmigrantes en situación irregular no tienen permitido estar en Estados Unidos”, por lo que sus hijos no deberían recibir automáticamente la ciudadanía.
Repercusiones y litigios en curso
El caso en Maryland es solo uno de al menos ocho demandas presentadas en todo el país por fiscales generales demócratas, grupos de derechos de inmigrantes y mujeres embarazadas afectadas por la medida. En particular, 22 fiscales generales estatales han impugnado la orden de Trump en tribunales federales en Seattle y Boston, alegando que más de 150.000 niños podrían ser privados de la ciudadanía cada año si la orden entra en vigor.
El abogado Joseph Mead, representante de los demandantes en Maryland, afirmó que la orden ejecutiva ya está generando “daños concretos en la vida de innumerables personas”, ya que la ciudadanía es “la base de muchos otros derechos”.
La jueza Boardman justificó la orden judicial de alcance nacional al señalar que una de las organizaciones demandantes tiene presencia en todos los estados, con cientos de mujeres embarazadas que podrían dar a luz en las próximas semanas y enfrentarse a la pérdida de derechos para sus hijos, señaló la agencia Reuters.
El Departamento de Justicia solicitó un plazo de 60 días para responder a la orden de Boardman, aunque no ha confirmado si la administración de Trump apelará la decisión ante una instancia superior. Si el gobierno decide impugnar el fallo, el caso podría llegar al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito y, eventualmente, a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Mientras tanto, la jueza Boardman reafirmó en su fallo que la interpretación de Trump sobre la Enmienda 14 ha sido “rotundamente rechazada” por la Corte Suprema en el pasado. “Ningún tribunal en el país ha respaldado la interpretación del presidente sobre la cláusula de ciudadanía. Este tribunal no será el primero”, concluyó Boardman.
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