Nueva York impondrá sanciones económicas por un total de 75,000 millones de USD a las empresas de combustibles fósiles durante los próximos 25 años, con el fin de mitigar los costos derivados de los daños climáticos. Según la normativa firmada por la gobernadora Kathy Hochul, el pasado jueves, esta medida busca trasladar parte de la carga financiera de los contribuyentes a las compañías de petróleo, gas y carbón responsables de los impactos ambientales.
El dinero recaudado será dirigido a un “superfondo climático”, cuyo objetivo principal será financiar la reconstrucción de infraestructuras destruidas por desastres naturales y preparar al estado para enfrentar los efectos crecientes del cambio climático. Además, la nueva legislación establece que las multas se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por estas empresas entre los años 2000 y 2018.
De acuerdo con Reuters, la gobernadora Hochul hizo énfasis en que esta ley es una de las más ambiciosas aprobadas a nivel estatal en materia climática y busca fortalecer las capacidades de adaptación del estado frente a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.
Fondos para infraestructura climática
La implementación del “superfondo climático” permitirá dirigir los recursos hacia proyectos esenciales que incluyan la modernización de redes de agua potable, alcantarillado, carreteras, sistemas de transporte público y edificios. Según declaraciones de la senadora estatal Liz Krueger, quien coauspició el proyecto de ley, estos proyectos serán fundamentales para garantizar la resistencia de las principales infraestructuras de Nueva York frente a desastres asociados al cambio climático.
Krueger también señaló que el costo total proyectado para reparar daños y modernizar dichas instalaciones podría alcanzar más de 500,000 millones de dólares para 2050. Además, afirmó que la ley busca cubrir estos gastos mediante la contribución de los principales responsables de las emisiones contaminantes.
Las multas estarán dirigidas a empresas que, según el Departamento de Conservación Ambiental del estado, se determine que han generado más de 1,000 millones de toneladas de emisiones contaminantes en las últimas décadas. Los pagos al nuevo fondo comenzarán a exigirse a partir de 2028 y buscarán equilibrar la carga financiera vinculada a la reconstrucción y preparación de las infraestructuras necesarias para enfrentar crisis ambientales.
Modelo basado en leyes previas
Esta normativa se inspira en legislaciones estatales y federales existentes relacionadas con los superfondos. Dichas leyes exigen que las empresas responsables de contaminaciones mayores, como desechos tóxicos, se encarguen de cubrir los costos asociados a las limpiezas y daños.
Nueva York es el segundo estado de EEUU en implementar este tipo de medidas, después de Vermont, que aprobó una legislación climática similar en verano. De acuerdo con Reuters, ambos estados están liderando un enfoque legal que busca responsabilizar económicamente a las principales empresas de combustibles fósiles, que en su mayoría han eludido costos relacionados con la reparación de daños ambientales.
Un elemento particularmente significativo, según Krueger, es que, pese a los impactos climáticos, las principales empresas petroleras lograron beneficios superiores al billón de USD desde enero de 2021. Además, investigaciones citadas por la senadora destacaron que dichas corporaciones conocían los efectos del cambio climático desde al menos la década de 1970.
Crecen las expectativas y desafíos legales
La aprobación de esta ley está generando reacciones mixtas, ya que, aunque se enfoca en un enfoque de justicia económica y ambiental, también prevé desafíos legales significativos. Según expertos citados por Reuters, las empresas afectadas probablemente presenten apelaciones judiciales para frenar la implementación de las multas.
Los argumentos de estas compañías incluirán que la legislación federal sobre contaminación ambiental y regulación energética prepondera sobre las leyes estatales. Esto podría ocasionar retrasos en la implementación del marco legal y complicar la capacidad del estado para acceder a los fondos proyectados.
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