La gobernadora de Nueva York ordenó el despido de 14 empleados penitenciarios tras la muerte de un recluso

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó el despido de 14 empleados del sistema penitenciario estatal involucrados en la golpiza fatal de un recluso en la Prisión de Marcy, ubicada en el condado de Oneida. La decisión fue anunciada el sábado 21 de diciembre, tras una revisión interna del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York, según informó CNN.

El recluso fallecido, Robert Brooks, de 43 años, murió el 10 de diciembre en un hospital de Utica, luego de un altercado con oficiales penitenciarios ocurrido el día anterior. Según las autoridades, Brooks cumplía una condena de 12 años por asalto en primer grado desde 2017.

En un comunicado citado por The Associated Press, Hochul resaltó la importancia de mantener altos estándares de conducta entre los empleados del sistema penitenciario. “La gran mayoría de los oficiales penitenciarios realizan un trabajo extraordinario en condiciones difíciles, y estamos agradecidos por su servicio”, declaró. “Pero no tenemos tolerancia para quienes cruzan la línea, violan la ley y ejercen violencia innecesaria o abuso dirigido”.

El Departamento de Correcciones informó que de los 14 empleados implicados, 13 han sido suspendidos sin sueldo, mientras que uno más decidió renunciar. Entre los suspendidos se encuentran oficiales de corrección, sargentos y una enfermera. Las autoridades, sin embargo, no han proporcionado detalles adicionales sobre el incidente que condujo a la muerte de Brooks, limitándose a señalar que el recluso fue declarado muerto en el hospital pocas horas después de haber sido trasladado de urgencia.

El comisionado del Departamento de Correcciones, Daniel Martuscello III, condenó las acciones de los empleados involucrados y respaldó la decisión de suspenderlos. “No hay lugar para la brutalidad en nuestro departamento, y buscaremos justicia de manera enérgica contra los responsables de este acto sin sentido”, afirmó Martuscello en un comunicado enviado por correo electrónico. Añadió que las investigaciones están en curso y que podrían aplicarse más suspensiones conforme se avance en el proceso.

La familia de Brooks, a través de su abogado, expresó su consternación y dolor por lo sucedido. En declaraciones recogidas por The Times-Union de Albany, señalaron estar “profundamente conmocionados y entristecidos” por la muerte de Brooks. “Estamos agradecidos de que la gobernadora Hochul esté tomando medidas rápidas para responsabilizar a los oficiales, pero no podemos entender cómo pudo ocurrir esto en primer lugar”, afirmaron.

Por su parte, la fiscal general del estado, Letitia James, anunció que su oficina ha iniciado una investigación independiente sobre el uso de la fuerza por parte del personal penitenciario. James confirmó que se ha obtenido un video del incidente, el cual será mostrado primero a la familia de Brooks antes de hacerlo público. “Los profesionales encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir con los más altos estándares de responsabilidad, y estoy comprometida a proporcionar a los neoyorquinos la transparencia que merecen”, señaló en un comunicado.

Robert Brooks estaba cumpliendo una condena de 12 años tras haber sido declarado culpable de asalto en primer grado. Ingresó al sistema penitenciario en 2017 y estaba programado para cumplir su sentencia hasta 2029. No se han revelado detalles sobre las circunstancias específicas del altercado con los oficiales en la prisión de Marcy que llevó a su hospitalización y posterior fallecimiento.

El incidente se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el sistema penitenciario de Nueva York y las denuncias de abusos y malos tratos a reclusos. Diversos grupos de derechos civiles y organizaciones de defensa de los presos han solicitado una revisión profunda de las prácticas dentro de las prisiones del estado, citando casos previos de violencia por parte de empleados penitenciarios.

Hasta el momento, el sindicato que representa a los oficiales de corrección no ha emitido ningún comentario sobre las suspensiones y despidos anunciados por Hochul. Las autoridades han reiterado que el proceso de investigación sigue abierto y que no se descartan nuevas medidas disciplinarias contra otros empleados que puedan haber tenido algún grado de implicación en el incidente.