El fiscal de Los Ángeles sacude el caso Menéndez: analizará la posible liberación de los hermanos por separado

La decisión del fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, de tratar los casos de Erik y Lyle Menéndez como procesos individuales marca un cambio significativo en la forma en que se aborda legalmente este caso de alto perfil. Aunque comúnmente se les identifica colectivamente, el funcionario enfatizó que cada uno tiene una responsabilidad y circunstancias particulares que requieren un análisis independiente.

En declaraciones a NBC News, Hochman señaló: “Mientras se les conoce como el ‘caso de los hermanos Menéndez’, existe un caso de Erik y uno para Lyle. Los trataremos por separado, como debería hacerse”. Este enfoque contrasta con las narrativas anteriores, que consideraban sus actos y sus defensas de manera conjunta debido a la naturaleza concertada del crimen que ambos cometieron en 1989.

La decisión de Hochman no solo responde a las complejidades legales, sino también a la presión mediática que ha acompañado este caso desde sus inicios. Esto podría influir en cómo se desarrolla la revisión de sus sentencias, especialmente en un contexto donde surgen nuevas evidencias y cambios en las perspectivas sociales sobre el abuso sexual infantil, un elemento clave en su defensa original.

El caso de Erik y Lyle se convirtió en un referente mediático y judicial tras los brutales asesinatos de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills en 1989. Los hermanos confesaron haber cometido los crímenes, argumentando que lo hicieron en defensa propia debido a años de abuso físico y sexual por parte de su padre. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que el motivo principal de los asesinatos era asegurar una herencia de 14 millones de dólares.

Los juicios iniciales estuvieron marcados por la polémica. Aunque se llevaron a cabo con jurados separados para cada hermano, ambos procesos terminaron en jurados divididos, lo que derivó en juicios nulos.

En un segundo juicio conjunto, y con la exclusión de pruebas clave relacionadas con los abusos, un jurado único los declaró culpables en 1996. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que cerró su destino legal durante casi tres décadas.

En la actualidad, el caso volvió a acaparar la atención pública tras el estreno de dos series que reavivaron el interés por los detalles del juicio y por las denuncias de abuso que los hermanos habían planteado. Este renovado interés coincidió con un esfuerzo legal liderado por su equipo de defensa, que busca que se reconsideren las sentencias a la luz de nuevas evidencias y un cambio en la percepción social sobre el abuso sexual.

El equipo de defensa de los hermanos Menéndez presentó nuevas pruebas que, según afirman, refuerzan las denuncias de abuso sexual que Erik y Lyle habrían sufrido a manos de su padre. Esta información busca aportar un contexto adicional a los motivos detrás de los asesinatos, argumentando que las acciones de los hermanos estuvieron impulsadas por años de abuso y miedo acumulado.

Entre las pruebas clave se encuentra una carta escrita por Erik antes de los asesinatos, en la que describe los abusos que habría sufrido siendo adolescente. Este documento, que no fue considerado durante los juicios iniciales, ha sido presentado como un testimonio contemporáneo de los eventos, ofreciendo un respaldo adicional a la narrativa de la defensa original.

Además, Roy Rosselló, exmiembro de la banda juvenil Menudo, realizó acusaciones públicas señalando que también fue víctima de abuso por parte de José Menéndez. Estas declaraciones no solo arrojan nueva luz sobre el comportamiento de la figura paterna, sino que también refuerzan la credibilidad de los testimonios de los hermanos sobre un patrón de conducta abusiva.

Esta nueva evidencia se ha convertido en el centro de los esfuerzos por revisar sus sentencias y ha captado la atención tanto del sistema judicial como de la opinión pública.

El proceso de revisión de las sentencias de Erik y Lyle Menéndez estuvo marcado por decisiones judiciales importantes y cambios en la administración del sistema fiscal de Los Ángeles.

En noviembre de 2023, el juez Michael Jesic del Tribunal Superior de Los Ángeles decidió posponer la audiencia de resentencia inicialmente programada para diciembre, trasladándola a finales de enero de 2024. El juez argumentó que necesitaba más tiempo para analizar el caso y permitir al recién electo fiscal del distrito, Nathan Hochman, llevar a cabo su propia revisión exhaustiva de los detalles del proceso.

Tras asumir el cargo, Hochman anunció que revisaría todas las decisiones previas relacionadas con el caso, incluyendo la recomendación del anterior fiscal, George Gascón, quien había propuesto reducir la sentencia de los hermanos a un rango de 50 años a cadena perpetua, lo que los haría elegibles para libertad condicional inmediata.

Como parte de esta revisión, Hochman removió a dos fiscales adjuntos que habían trabajado con Gascón en esta recomendación, subrayando su intención de realizar un análisis independiente y desvinculado de las posturas previas de la fiscalía.

Mientras Hochman revisa miles de páginas de documentos confidenciales, ha indicado que está consultando con todos los miembros de su oficina que han tenido participación en el caso desde sus inicios. Esta estrategia sugiere un enfoque meticuloso que busca evaluar tanto la nueva evidencia presentada como las implicaciones legales de las decisiones tomadas anteriormente.

El aplazamiento y los cambios en la administración fiscal han generado expectativas sobre cómo se resolverá la cuestión de la resentencia y si el caso podría sentar precedentes en la forma en que se evalúan las denuncias de abuso sexual en contextos de crímenes violentos.