Empresarios de EEUU están en riesgo de perder trabajadores clave ante medidas migratorias más restrictivas

La promesa del presidente electo Donald Trump de eliminar programas que otorgan permisos de trabajo temporales a millones de inmigrantes amenaza con exacerbar los problemas de contratación que enfrentan empresas en todo el país, desde pequeñas compañías hasta grandes corporaciones. Estos programas, que incluyen el estatus de protección temporal (TPS) y el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), podrían desaparecer, dejando a millones de trabajadores sin autorización legal para emplearse y profundizando la crisis laboral en sectores clave.

Nate Koetje, director ejecutivo de la empresa contratista eléctrica Feyen Zylstra, con sede en Grand Rapids, Michigan, explicó a The Wall Street Journal que la eliminación de estos permisos de trabajo podría complicar aún más la contratación de personal en un mercado laboral ya ajustado. “Aunque los números son pequeños, estos individuos desempeñan un papel clave en el éxito de una empresa como la nuestra”, afirmó Koetje, cuya compañía actualmente emplea a dos trabajadores cuyo estatus migratorio está en riesgo.

Trump, quien ganó las elecciones en parte con una plataforma que acusaba a los demócratas de ser demasiado permisivos en temas migratorios, ha prometido acabar con varios programas que ofrecen protección contra la deportación y permisos de trabajo para inmigrantes sin estatus legal permanente. Según un informe del Migration Policy Institute (MPI), una organización no partidista, hasta 3,3 millones de inmigrantes podrían perder su autorización para trabajar en Estados Unidos si estas medidas se implementan.

Entre los grupos afectados se encuentran inmigrantes provenientes de países afectados por conflictos armados, como Afganistán y Ucrania, así como personas que llegaron al país siendo menores de edad y que son comúnmente conocidos como “Dreamers”. Además, muchos beneficiarios del TPS disfrutan de protección contra la deportación y permisos de trabajo debido a que el gobierno ha determinado que sus países de origen son demasiado peligrosos debido a guerras o desastres naturales.

Un tercer grupo incluye a más de 1,7 millones de inmigrantes que ingresaron legalmente bajo el programa de parole humanitario, implementado por la administración de Joe Biden, que otorga permisos temporales de trabajo de dos años a inmigrantes que llegan desde países en crisis. Según el MPI, otros 1,1 millones de personas están amparadas bajo el TPS, mientras que cerca de 535.000 son beneficiarios de DACA, el programa creado en 2012 bajo la administración de Barack Obama.

La posible pérdida de permisos laborales crearía serias dificultades para las empresas, que ya luchan por cubrir puestos vacantes en un mercado laboral limitado. Sectores como la salud, la manufactura, la educación, la hospitalidad y la tecnología podrían verse especialmente afectados.

A medida que se acerca el cambio de administración, los defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos demócratas en el Congreso están presionando al presidente Biden para que tome medidas ejecutivas que extiendan los permisos de trabajo el mayor tiempo posible. Esto incluiría designar a nuevos países para el TPS y renovar los permisos de aquellos que están por expirar.

Sin embargo, fuentes cercanas a la administración Biden señalan que algunos funcionarios temen un impacto político negativo, dado que Trump ganó las elecciones en parte acusando a los demócratas de debilidad en temas migratorios. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios al respecto, y el equipo de transición de Trump tampoco ha respondido a las solicitudes de declaraciones.

El primer vencimiento crítico será en marzo, cuando el TPS de aproximadamente 175.000 inmigrantes salvadoreñosexpirará. Estos inmigrantes, que han vivido y trabajado en el país desde al menos 2001, enfrentan la posibilidad de perder su estatus legal.

Trump, aunque en ocasiones ha mostrado cierta simpatía hacia los Dreamers, intentó sin éxito eliminar el programa DACA durante su primera administración debido a obstáculos legales. Sin embargo, expertos legales sugieren que esta vez podría tener más éxito, ya que al final de su mandato anterior logró varias victorias judiciales que amplían su autoridad sobre cuestiones migratorias.

La eliminación de estos programas no solo afectaría a los empleadores, sino también a las familias de millones de inmigrantes que dependen de estos permisos para su estabilidad económica y social. Además de perder acceso a sus trabajos, muchas de estas personas enfrentarían dificultades para mantener seguros de salud, alquilar viviendas y acceder a otros servicios básicos.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, advirtió que las repercusiones serían “enormes” en todo el país. “Tendrá un impacto significativo en una amplia gama de industrias, independientemente de si estas personas son deportadas o se ven obligadas a abandonar Estados Unidos”, afirmó.

Desde que Trump dejó la presidencia en 2020, el crecimiento de la fuerza laboral nacida en Estados Unidos ha disminuido, lo que ha llevado a muchos empleadores a depender de inmigrantes con permisos de trabajo vigentes y documentos como tarjetas de Seguro Social.

Empresas como Amazon, Microsoft y Eli Lilly cuentan con empleados cuyas autorizaciones legales podrían desaparecer si las políticas de Trump se concretan. Para muchos empresarios, mantener una inmigración legal sólida será clave para garantizar la estabilidad del mercado laboral y, en consecuencia, la economía nacional.