Una nueva regulación migratoria entra en vigor en este estado de EEUU el 1 de diciembre: todo lo que se necesita saber

La ley HB-10 comenzará a regir el 1 de diciembre de 2024 en Carolina del Norte, transformando la relación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta normativa, aprobada tras superar el veto del gobernador Roy Cooper, elimina la autonomía de los condados conocidos como “santuarios” y los obliga a colaborar plenamente con las autoridades migratorias federales.

Según el texto oficial, la ley HB-10 establece que los alguaciles deben verificar el estatus migratorio de personas detenidas por delitos graves o ciertos delitos menores, como conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Además, permite que ICE emita órdenes de detención para retener a los detenidos hasta 48 horas, facilitando su posible deportación.

Organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes han advertido sobre los efectos que la HB-10 podría tener en comunidades vulnerables, aumentando riesgos de perfil racial y separación familiar. Este marco legal amplía el programa federal 287(g), extendiendo la cooperación obligatoria entre autoridades locales y federales en todo el estado.

La ley HB-10 es una legislación estatal que busca unificar la colaboración entre los condados de Carolina del Norte y ICE, eliminando políticas que limitaban esta cooperación. Según el portal oficial de la Asamblea General del estado, la normativa exige a los alguaciles:

• Verificar el estatus migratorio de los detenidos por delitos graves o menores de clase A1.
• Notificar a ICE cuando no se pueda confirmar el estatus legal.
• Retener a los detenidos hasta 48 horas si se emite una orden de detención federal.

Esta ley afecta a todos los condados del estado, incluidos aquellos que previamente se consideraban “santuarios”, como Wake, Mecklenburg y Durham. Con la HB-10, estas jurisdicciones pierden la autonomía de decidir sobre su cooperación con agencias federales, según datos de AP News.

La entrada en vigor de la ley HB-10 ha generado preocupación en la comunidad inmigrante de Carolina del Norte. Según AP News, defensores de derechos civiles han señalado que las disposiciones de la ley podrían aumentar los casos de perfil racial y detenciones arbitrarias.

El abogado William Vásquez, consultado por AP News, explicó que cualquier interacción con la policía, como infracciones de tránsito menores, podría derivar en la revisión del estatus migratorio de los involucrados. Esta situación incrementa el temor de las familias inmigrantes a ser separadas o enfrentarse a procedimientos de deportación.

Organizaciones de derechos humanos también han destacado que estas medidas pueden erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, dificultando la colaboración en investigaciones de delitos graves. Además, la pérdida de trabajadores indocumentados podría afectar sectores clave de la economía local.

Para reducir los riesgos asociados a la implementación de la HB-10, grupos comunitarios y expertos legales han emitido una serie de recomendaciones. Según AP News, se sugiere a los inmigrantes:

• Evitar conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.
• Portar una licencia de conducir válida o documento de identificación.
• Conocer sus derechos legales, como el derecho a guardar silencio y solicitar un abogado en caso de ser detenidos.

Además, se están organizando talleres educativos en varias ciudades del estado para informar a la comunidad inmigrante sobre los cambios legales y los pasos a seguir en caso de interacciones con las autoridades.

La ley HB-10 amplía el alcance del programa 287(g), una iniciativa federal que permite a las autoridades locales actuar como agentes migratorios bajo la supervisión de ICE. Según el sitio oficial de la agencia, este programa ya estaba vigente en varios condados de Carolina del Norte, pero con la HB-10, se convierte en obligatorio en todo el estado.

La normativa también asegura que los alguaciles proporcionen acceso a bases de datos federales y reporten directamente a ICE sobre detenidos que puedan ser sujetos a revisión migratoria. Esta medida elimina las políticas de santuario previamente implementadas en ciertos condados y fortalece la coordinación entre las autoridades locales y federales.

La aprobación de la ley HB-10 ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones como la ACLU, que advierten que estas medidas podrían fomentar la discriminación racial y socavar los derechos civiles. Según AP News, estas preocupaciones han llevado a debates legales sobre la constitucionalidad de la normativa y su impacto en comunidades de bajos ingresos.

Además, líderes locales han cuestionado si la colaboración obligatoria con ICE podría desviar recursos de los departamentos de policía, afectando la capacidad de las fuerzas del orden para atender delitos graves. Estos desafíos legales y logísticos serán clave en la implementación de la HB-10 en los próximos meses.