Un tribunal federal responsabilizó a Nueva York por la negligencia que se vive en sus cárceles

Enclavada en el río East de Nueva York, Rikers Island se ha convertido en un símbolo de los problemas sistémicos del sistema penitenciario en Estados Unidos. Este complejo, que alberga una de las poblaciones carcelarias más grandes del país, enfrenta una crisis que podría derivar en su administración bajo control federal. Un reciente fallo judicial ha planteado la posibilidad de designar a un receptor independiente, lo que podría transformar drásticamente el futuro de la instalación.

Rikers Island, con una extensión de 1,6 kilómetros cuadrados, es operada por el Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York. Aunque su ubicación cercana a Manhattan y al Bronx parece ideal, su reputación ha sido empañada por décadas de abusos y negligencia. Las condiciones insalubres y la violencia han sido constantes, afectando tanto a detenidos como al personal correccional.

La jueza federal Laura Taylor Swain, quien supervisa el caso, destacó que las condiciones en Rikers Island no solo no han mejorado tras resoluciones judiciales previas, sino que han empeorado. Este deterioro se refleja en niveles alarmantes de violencia, que incluyen apuñalamientos y agresiones al personal. Estas problemáticas han generado crecientes llamados a una reforma estructural.

El fallo reciente de la jueza Swain concluye que la ciudad de Nueva York no ha logrado cumplir con 18 disposiciones esenciales en materia de seguridad y supervisión. Según el tribunal, las condiciones actuales ponen a los detenidos en un “peligro inconstitucional”. En su análisis, Swain denunció que el uso excesivo de la fuerza y la violencia extrema han sido “normalizados”.

Ante esta situación, se está considerando la implementación de un “receivership” (traducido comúnmente como administración judicial o intervención federal, se refiere a un mecanismo legal en el que un tribunal designa a un administrador independiente «receptor o receiver» para tomar el control de una entidad o institución en crisis), modelo que implicaría el nombramiento de un administrador independiente con facultades para dirigir funciones clave, como la contratación de personal y la implementación de reformas. La jueza ha solicitado a la ciudad un plan detallado antes del 14 de enero para abordar las fallas identificadas.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha rechazado categóricamente la idea de un control federal sobre Rikers Island. Aunque reconoce la necesidad de reformas, insiste en que su administración está trabajando en medidas concretas. “Estamos orgullosos de nuestro trabajo, pero reconocemos que queda más por hacer”, afirmó Adams en un comunicado.

Por otro lado, grupos como The Legal Aid Society y el bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP han elogiado el fallo, calificándolo como un avance histórico hacia la protección de los derechos de los detenidos. Según estas organizaciones, la intervención federal representa una oportunidad para abordar décadas de negligencia en la gestión del complejo, de acuerdo con ABC News.

El sindicato de oficiales correccionales, liderado por Benny Boscio, criticó la decisión judicial, señalando que está basada en una “narrativa errónea”. Según Boscio, el personal ha sido desfinanciado y enfrenta una escasez de recursos, lo que agrava las condiciones en el centro. El sindicato acusa a los legisladores de usar a los oficiales como chivos expiatorios.

Las estadísticas recientes reflejan la magnitud de la crisis en Rikers Island. En 2022, murieron 19 personas bajo custodia, y en 2023 se registraron nueve muertes. Estas cifras alarmantes son un indicador del entorno violento y las fallas sistémicas en el complejo. Además de las muertes, las tasas de violencia siguen siendo preocupantes, con una alta incidencia de apuñalamientos, peleas y ataques al personal. La jueza Swain subrayó que no se han logrado avances significativos en la reducción de estos riesgos, lo que refuerza la urgencia de implementar medidas drásticas.

En 2019, el consejo municipal de Nueva York aprobó un plan para cerrar Rikers Island y reemplazarla con cárceles más pequeñas y modernas para 2027. Estas instalaciones estarían orientadas hacia la rehabilitación y mejores condiciones para los detenidos. Sin embargo, el proyecto enfrenta múltiples obstáculos, incluida una población carcelaria creciente que complica la viabilidad del cierre.

En 2023, el director de presupuestos de la ciudad admitió que el plazo de 2027 probablemente no se cumplirá. Ante esto, el alcalde Adams ha pedido que se considere un “Plan B” como alternativa. Mientras tanto, las reformas en el complejo actual se presentan como un desafío inmediato, que incluye mejorar la seguridad interna, contratar más personal y coordinar políticas entre los gobiernos local y estatal.