Cómo planearon el homicidio de sus padres los hermanos Menéndez

El 20 de agosto de 1989, los hermanos Lyle y Erik Menéndez asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills, California. Los fiscales argumentaron que los hermanos actuaron por codicia, deseando acceder a la considerable fortuna de la familia. José Menéndez, un exitoso ejecutivo de entretenimiento, tenía ingresos superiores a un millón de dólares anuales, y su patrimonio total incluía propiedades y acciones valoradas en más de siete millones de dólares.

Los hermanos inicialmente culparon a la mafia, argumentando que los asesinatos fueron parte de un ajuste de cuentas relacionado con negocios de su padre. Sin embargo, durante el juicio cambiaron su versión, afirmando que habían matado a sus padres en respuesta a años de abuso físico, sexual y psicológico, calificándolo como un caso de “defensa propia imperfecta”. Según esta teoría, los hermanos afirmaron que creían estar en peligro inminente de muerte a manos de sus padres.

Erik testificó que su padre había abusado sexualmente de él desde que tenía seis años y que su madre Kitty sabía y permitía el abuso, además de ser emocionalmente abusiva. En los días previos al crimen, José presuntamente amenazó con matarlos tras confrontarlos sobre la revelación de los abusos.

Dos días antes del asesinato, los hermanos Menéndez comenzaron su preparación. Intentaron comprar armas en varias tiendas de Los Ángeles, pero al descubrir que no podían adquirirlas inmediatamente, condujeron hasta San Diego. Allí, utilizaron identificaciones falsas y proporcionaron direcciones inexistentes para comprar dos escopetas.

Incluso en este momento, los hermanos mostraron una atención meticulosa a los detalles. Después de adquirir las armas, visitaron un campo de tiro para practicar, pero fueron rechazados al no permitir escopetas en el lugar. Decidieron entonces cambiar la munición de perdigones de ave a buckshot, un tipo de proyectil más letal. Este cambio, según el juicio, demostraba premeditación, ya que buscaban garantizar que los disparos fueran mortales.

La familia Menéndez pasó el día anterior al asesinato en un viaje de pesca, aparentemente sin incidentes. Sin embargo, los hermanos dejaron las escopetas en casa, incapaces de esconderlas durante la salida. A pesar de afirmar que tenían miedo de sus padres, compartieron este día sin levantar sospechas.

La noche del 20 de agosto, tras una breve discusión con sus padres, los hermanos tomaron las escopetas y se dirigieron al salón donde José y Kitty estaban viendo televisión. Lyle y Erik dispararon entre trece y quince veces. José murió con cuatro disparos, mientras que Kitty, quien intentó huir, recibió nueve, incluido un disparo final a quemarropa en la cara. Este último detalle evidenció un acto deliberado y extremadamente violento.

Inmediatamente después del asesinato, los hermanos comenzaron a fabricar una historia que desviara la atención de la policía.

Creación de una coartada: Compraron entradas para la película Batman en un cine local para simular que estaban fuera de casa durante el crimen. Sin embargo, tuvieron que desecharlas al notar que las entradas estaban marcadas con la hora y no coincidían con el tiempo del asesinato.

Destrucción de evidencia: Lyle y Erik se deshicieron de los casquillos de bala, su ropa ensangrentada y sus zapatos en un contenedor de basura en una gasolinera cercana.

Llamada a emergencias: Más tarde, Lyle llamó al 911 fingiendo haber descubierto los cuerpos de sus padres. En el fondo de la llamada, se podía oír a Erik gritando y llorando, interpretando un papel diseñado para convencer a los operadores y a los investigadores de su inocencia.

En los días y semanas siguientes, los hermanos intentaron reforzar su mentira inicial de que el crimen había sido cometido por la mafia. Contrataron guardaespaldas para simular que estaban en peligro, y Lyle incluso le dijo a su novia que sus padres habían sido asesinados por motivos relacionados con negocios de su padre.

Mientras las investigaciones avanzaban, los Menéndez se enfocaron en asegurar su acceso a la herencia. Manipularon documentos familiares, eliminaron archivos de computadora y trataron de identificar posibles testamentos que pudieran excluirlos como beneficiarios. En paralelo, comenzaron a gastar grandes sumas de dinero, adquiriendo artículos de lujo como relojes Rolex, autos deportivos y propiedades, lo que eventualmente despertó sospechas. Finalmente, fueron arrestados en 1989, meses después del asesinato.

El primer juicio, realizado en 1993, se llevó a cabo con dos jurados separados, uno para cada hermano. La defensa presentó la teoría de “defensa propia imperfecta”, argumentando que los hermanos tenían un miedo genuino, pero irracional de que sus padres los mataran.

En este juicio, ambos hermanos testificaron, detallando los años de abuso sufrido. Sin embargo, los jurados no pudieron alcanzar un veredicto unánime, resultando en dos juicios nulos.

En el segundo proceso, llevado a cabo en 1996, los hermanos fueron juzgados ante un solo jurado. La estrategia de la fiscalía fue más agresiva, logrando excluir evidencia clave de abuso presentada en el primer juicio. Además, Lyle decidió no testificar, debilitando su defensa, ya que no se permitió introducir pruebas de abuso sin su testimonio directo.

El jurado condenó a ambos hermanos por asesinato en primer grado con circunstancias agravantes (múltiples asesinatos y asesinato con premeditación). Recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Tras su condena, los hermanos presentaron diversas apelaciones argumentando violaciones a sus derechos constitucionales. Sus principales reclamos incluyeron:

Admisión de grabaciones de las sesiones terapéuticas: Las sesiones grabadas con el terapeuta Dr. Jerome Oziel, en las que los hermanos confesaron detalles del crimen, fueron admitidas como prueba. Los hermanos argumentaron que esto violaba su derecho a la confidencialidad médico-paciente y al debido proceso. Sin embargo, los tribunales determinaron que el propósito de las grabaciones era terapéutico y no relacionado con su defensa legal.

Falta de instrucción al jurado sobre defensa propia imperfecta: Los abogados argumentaron que la ausencia de esta instrucción privó a los hermanos de un juicio justo, ya que debilitó su teoría de defensa. Sin embargo, el tribunal concluyó que no había suficiente evidencia para justificar tal instrucción.

Exclusión de evidencia clave: Se restringió la presentación de testimonios de testigos que corroboraban los abusos, especialmente en el caso de Lyle, quien no testificó en su defensa.

Comentarios del fiscal durante el juicio: Alegaron que el fiscal hizo observaciones inapropiadas al minimizar las pruebas de abuso y señalar la falta de expertos presentados por la defensa. Los tribunales rechazaron este reclamo, indicando que los comentarios estaban dentro de los límites legales.

Finalmente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó sus apelaciones en 2005 y confirmó sus sentencias.

Los hermanos comenzaron terapia con el Dr. Oziel después de ser acusados de robos menores en 1988. Tras los asesinatos, continuaron las sesiones, durante las cuales confesaron los detalles del crimen. El Dr. Oziel grabó estas confesiones, citando preocupaciones por su seguridad.

El contenido de estas grabaciones resultó crucial para la fiscalía, ya que en ellas se discutía la planificación premeditada del asesinato. Además, el Dr. Oziel testificó sobre amenazas hechas por los hermanos contra él tras las confesiones.

Aunque los hermanos alegaron que las grabaciones estaban protegidas por confidencialidad, los tribunales concluyeron que las sesiones no tenían la intención de preparar una defensa legal, sino que eran de naturaleza terapéutica, permitiendo así su admisión como evidencia.

El caso Menéndez, marcado por alegatos de abuso familiar y complejas estrategias legales, continúa siendo emblemático en el sistema judicial estadounidense. Lyle y Erik se preparan para una audiencia el próximo 25 de noviembre como preámbulo de la establecida para el 11 de diciembre en la que podrían obtener libertad condicional.