Condenaron a un ex líder de las FARC a 21 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico

Un juez estadounidense condenó este jueves a Martín Leonel Pérez Castro, ex dirigente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a 21 años de cárcel por tráfico de drogas que servía para financiar a esa guerrilla, informó el tribunal.

Alias “Richard”, de 53 años, fue extraditado a Estados Unidos en junio de 2022 y en agosto del año siguiente se declaró culpable de narcotráfico.

Pérez Castro fue sentenciado también a pagar una multa de 1 millón de dólares.

Según la fiscalía del Tribunal Federal Este de Brooklyn, este antiguo jefe de finanzas del Frente 30 de esa guerrilla que operaba en el sur de Colombia, fue responsable de la distribución de cerca de 75 toneladas de cocaína. El condenado contribuyó a crear un flujo de ingresos para el grupo rebelde en su guerra contra el gobierno de Colombia, que duró más de medio siglo.

“El acusado extraía millones de dólares de los narcotraficantes a punta de pistola, financiando los actos de terrorismo de las FARC y facilitando el comercio mundial de cocaína”, dijo el fiscal Breon Peace en un comunicado.

El Frente 30 extorsionaba a los narcotraficantes obligándolos a pagar “impuestos” por cada kilo de cocaína traficado a través de su territorio.

Pero también producía su propia droga o tenía participaciones en cargamentos de cocaína producidos por traficantes locales, antes de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla en 2016, según la fiscalía neoyorquina.

La relación FARC y el narcotráfico ha sido un eje central en la financiación de la guerrilla desde finales del siglo XX. Aunque las FARC, fundadas en 1964 como un movimiento insurgente de ideología marxista-leninista, inicialmente rechazaban públicamente cualquier vínculo con el tráfico de drogas, diversos informes y análisis han documentado cómo esta organización se involucró progresivamente en esta actividad para sustentar su lucha armada.

En las décadas de 1980 y 1990, las FARC comenzaron a cobrar impuestos a los cultivadores de coca y a los intermediarios del comercio de droga, práctica conocida como “gramaje”. Más tarde, extendieron su participación al control de laboratorios de procesamiento y rutas de transporte, especialmente en regiones como el sur del país y en regiones selváticas, donde ejercían una fuerte presencia militar. Este vínculo fue confirmado por varios informes de organismos internacionales y declaraciones de autoridades colombianas.

Durante las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2016, las FARC negaron haber participado directamente en el narcotráfico y argumentaron que su papel se limitaba al cobro de impuestos en las áreas bajo su control. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía General de Colombia han señalado que líderes de la organización estuvieron implicados en el tráfico internacional de cocaína. Según estimaciones oficiales, el narcotráfico representó hasta el 60% de los ingresos totales de las FARC en su punto más alto.

La desmovilización de las FARC tras el Acuerdo de Paz de 2016 dejó un vacío de poder en varias regiones productoras de coca, lo que ha sido aprovechado por disidencias de las FARC y otros grupos armados, quienes retomaron el control del negocio ilícito. Esta dinámica sigue alimentando la violencia en el país, mientras el Estado enfrenta desafíos para implementar políticas de sustitución de cultivos y desarrollo rural en estas zonas.

(Con información de AFP)