Los Ángeles se convierte oficialmente en una ciudad santuario: así es como beneficiará a los migrantes

En un movimiento que marca un hito en la defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes, Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, ha adoptado formalmente una ordenanza de ciudad santuario. Esta decisión, aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal, prohíbe el uso de recursos locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración. La medida llega en un momento en que las tensiones en torno a las políticas migratorias han aumentado, especialmente ante las posturas anunciadas por la administración de Donald Trump, quien ha insinuado un endurecimiento drástico de las deportaciones.

A lo largo de su historia reciente, Los Ángeles ha sido un bastión de protección para las comunidades inmigrantes. Sin embargo, este nuevo marco legal no solo refuerza su compromiso con estas poblaciones, sino que también sienta las bases para enfrentarse a posibles tensiones con el gobierno federal.

La ordenanza formaliza las políticas que comenzaron a implementarse en 2019 bajo una directiva del entonces alcalde Eric Garcetti. En aquel momento, se instruyó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) a no preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante los arrestos ni compartir información con agentes federales de inmigración. Este enfoque buscaba reducir el miedo en las comunidades inmigrantes y fomentar su cooperación con la policía en investigaciones locales.

Con la nueva normativa, estas restricciones se amplían. Según los términos aprobados, “ningún recurso de la ciudad, propiedad o personal será utilizado para la ejecución de la inmigración federal”. Esto incluye desde vehículos oficiales hasta bases de datos que puedan ser utilizadas para identificar y localizar a personas indocumentadas.

Uno de los aspectos más destacados de esta política es la prohibición explícita del intercambio de datos entre las agencias locales y las autoridades federales de inmigración. Históricamente, este tipo de cooperación ha sido una herramienta clave en las deportaciones. La concejal Mónica Rodríguez, en declaraciones a medios locales, destacó la importancia de esta medida para brindar seguridad y tranquilidad a los residentes. “No tenemos una ciudad más segura si las personas viven con miedo y se esconden en las sombras”, afirmó Rodríguez, refiriéndose al impacto psicológico y social que tienen estas políticas restrictivas sobre los inmigrantes.

El avance de esta ordenanza no ha pasado desapercibido a nivel nacional. La administración de Donald Trump, quien busca retornar al poder en 2024, ha sido clara en su postura contra las ciudades santuario. El recientemente designado “zar de la frontera”, Tom Homan, afirmó en una entrevista: “Nada nos detendrá de deportar a los criminales migrantes”. Este mensaje deja entrever un posible enfrentamiento entre el gobierno federal y ciudades como Los Ángeles, que se niegan a cooperar en las políticas de deportación masiva.

El compromiso de Los Ángeles con la protección de los derechos de sus residentes se extiende más allá de la esfera política. La junta escolar del distrito, una de las más grandes del país, anunció planes para declarar su sistema educativo como un “santuario” para estudiantes inmigrantes y LGBTQ. Según la presidenta de la junta, Jackie Goldberg, esta medida busca contrarrestar el clima antinmigrante y anti-LGBTQ que ha caracterizado algunas de las propuestas políticas recientes.

Entre las acciones propuestas están la adopción de cursos que aborden eventos actuales y promuevan el entendimiento cultural, así como la implementación de políticas de no discriminación para empleados y sus familias. Goldberg enfatizó la importancia de resistir estas amenazas diciendo: “No vamos a correr con miedo. Vamos a pelear cada centímetro del camino”.

Las políticas de ciudades santuario han generado un intenso debate en Estados Unidos. Mientras que sus defensores argumentan que protegen los derechos humanos básicos y fomentan la seguridad pública, los críticos sostienen que este enfoque debilita las leyes de inmigración y pone en riesgo la seguridad nacional.

Roxanne Hoge, directora de comunicaciones del Partido Republicano del condado de Los Ángeles, expresó su oposición argumentando: “Un país sin fronteras seguras no es un país en absoluto”. Según Hoge, estas políticas deberían ser revisadas para garantizar que no beneficien a personas que han cometido delitos adicionales tras ingresar ilegalmente al país.

El término ciudad santuario no tiene un marco legal único, sino que abarca una amplia gama de políticas diseñadas para limitar la cooperación con las autoridades de inmigración federales. Ciudades como Nueva York, Boston y ahora Los Ángeles han adoptado este enfoque como una forma de proteger a las comunidades más vulnerables. Estas políticas varían desde resoluciones simbólicas hasta ordenanzas estrictas como la recientemente aprobada en Los Ángeles.

Este concepto ha sido parte del debate nacional durante más de una década, reflejando las divisiones políticas y sociales en torno a la inmigración. Sin embargo, en esencia, busca equilibrar las preocupaciones de seguridad con los principios de inclusión y justicia social.

• Restricción de la colaboración con ICE (Immigration and Customs Enforcement): Las autoridades locales, como la policía, no detienen ni entregan a personas únicamente por razones relacionadas con su estatus migratorio, a menos que haya una orden judicial específica.
• Prohibición del uso de recursos locales para fines migratorios: Estas ciudades impiden que su personal, fondos o infraestructura sean utilizados para apoyar la aplicación de leyes de inmigración federales.
• No compartir información con autoridades migratorias: Algunas políticas incluyen restricciones sobre el acceso a bases de datos locales, como registros de arrestos o direcciones, por parte de agencias federales.
• Fomento de la seguridad comunitaria: Las ciudades santuario argumentan que estas políticas alientan a los inmigrantes a cooperar con las autoridades locales en la denuncia de delitos, ya que no temen que esto pueda llevar a su deportación.

El concepto de ciudad santuario genera divisiones.

• Defensores: Sostienen que estas políticas protegen los derechos humanos y fomentan la inclusión. También argumentan que las comunidades son más seguras cuando los inmigrantes confían en la policía.
• Críticos: Alegan que estas ciudades debilitan las leyes de inmigración y pueden ofrecer refugio a personas con antecedentes criminales.

Aunque el término “ciudad santuario” no tiene un significado legal específico, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos.