La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este lunes la Ley Bolívar, una legislación bipartidista diseñada para restringir aún más las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La norma prohíbe al gobierno estadounidense firmar contratos con empresas o personas que realicen negocios con la dictadura de Maduro o cualquier gobierno sucesor que no sea reconocido por Washington.
Promovida por los congresistas de Florida Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, la Ley Bolívar busca reforzar las sanciones existentes contra el chavismo.
Según Waltz, la política estadounidense debe apoyar a los activistas que luchan por liberar a Venezuela de la opresión. “Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores”, afirmó el legislador.
La Ley Bolívar o Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela amplía el alcance de las restricciones previamente establecidas por la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, que impedía al Departamento de Defensa realizar contratos con empresas relacionadas con entidades controladas por Maduro.
Ahora, estas limitaciones se extienden a todas las agencias federales, garantizando que ningún recurso del gobierno estadounidense beneficie indirectamente al régimen chavista.
Según la congresista republicana María Elvira Salazar, esta legislación “corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro”, debilitando su capacidad de mantenerse a través de acuerdos comerciales internacionales.
Aunque la Ley Bolívar refuerza las sanciones, incluye exenciones específicas para garantizar que no afecte negativamente a la población venezolana. Los contratos relacionados con asistencia humanitaria y socorro en casos de desastres están permitidos bajo esta norma. Estas disposiciones buscan equilibrar la presión sobre el régimen sin perjudicar a los ciudadanos que enfrentan una crisis humanitaria bajo la dictadura madurista.
La aprobación de esta ley marca un cambio estratégico en la política estadounidense hacia Venezuela. Waltz, elegido como futuro asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, destaca por su postura firme contra regímenes autoritarios.
La nueva legislación también envía un mensaje claro a las empresas internacionales que consideran hacer negocios con el régimen chavista. Al limitar su capacidad de operar con socios estadounidenses, la ley busca aislar económicamente a Maduro en el escenario global, dificultando su acceso a recursos para financiar su aparato represivo.
Un paso clave en la presión sobre Maduro
La congresista Debbie Wasserman Schultz enfatizó que la Ley Bolívar es una herramienta crucial para cortar el apoyo financiero al régimen venezolano. “Estoy orgullosa de liderar esta legislación bipartidista que cortará la red de apoyo de Maduro y enviará un mensaje claro de que los estadounidenses no tolerarán la represión antidemocrática, y mucho menos la subsidiarán”, afirmó.
En redes sociales, Salazar reforzó este punto, celebrando la aprobación como una victoria en la lucha por la libertad en Venezuela y reiterando el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano.
Con la aprobación en la Cámara Baja, la Ley Bolívar ahora debe ser ratificada por el Senado y enviada al presidente para su promulgación. La medida cuenta con amplio apoyo bipartidista, lo que sugiere un proceso relativamente rápido. Una vez implementada, fortalecerá las sanciones existentes y añadirá nuevas restricciones para bloquear los flujos económicos que sostienen al régimen de Maduro.
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