Jueza dictaminó que leyes que prohibían el aborto en Wyoming son inconstitucionales

En un fallo que marca un precedente dentro del debate nacional sobre los derechos reproductivos, la jueza Melissa Owens del Distrito del Condado de Teton declaró inconstitucionales dos leyes de aborto en Wyoming, informó NBC News. Estas normativas, que prohibían casi por completo el aborto y restringían el uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, fueron consideradas contrarias a la Constitución estatal, que garantiza a toda persona el derecho a la autonomía personal en decisiones médicas.

Según la jueza, las leyes, conocidas como Life Act y la prohibición del aborto con medicamentos, no distinguían entre diferentes etapas del desarrollo fetal ni respetaban el derecho fundamental de las mujeres embarazadas a tomar decisiones médicas a lo largo de todo el embarazo.

Según The New York Times, Owens argumentó que las restricciones eran “irrazonables e innecesarias” para proteger la salud pública, ya que suspendían el derecho de las mujeres a decidir sobre su atención médica durante todo el embarazo. En su fallo, señaló que las leyes no cumplían con su propósito declarado de proteger el bienestar general, ya que no diferenciaban entre un cigoto, un feto previable y uno viable.

Además, el fallo destacó que las restricciones contradecían una enmienda constitucional aprobada en Wyoming en 2012, la cual garantiza a los adultos el derecho a tomar sus propias decisiones de atención médica. Este argumento fue crucial para refutar las afirmaciones del estado, que alegaba que el aborto no siempre califica como “atención médica”.

Las leyes ahora bloqueadas habían sido aprobadas en respuesta a la anulación de Roe v. Wade en 2022 por la Corte Suprema de Estados Unidos. Desde entonces, Wyoming implementó un conjunto de restricciones, incluida una prohibición total del aborto en marzo de 2023. Este es el tercer intento frustrado por la jueza Owens de implementar estas normativas.

El fallo es una victoria para los demandantes, entre ellos clínicas de salud reproductiva y médicos, que consideran que el acceso al aborto es una parte esencial de la atención sanitaria. La clínica Wellspring Health Access, el único centro de abortos de servicio completo en Wyoming, desempeñó un papel clave en esta demanda, enfrentándose a desafíos como un ataque incendiario en 2022, semanas antes de su apertura inicial.

NBC News informó que el fallo reciente fue impulsado por una coalición de demandantes que incluía a proveedores de servicios de aborto, médicos especializados en embarazos de alto riesgo, una enfermera de urgencias y un fondo que ofrece apoyo financiero a mujeres que buscan abortar. Entre ellos, Wellspring Health Access, la única clínica de servicios completos para abortos en Wyoming, asumió un rol destacado en la demanda.

La clínica abrió sus puertas en 2022 en medio de un entorno hostil. Antes de su apertura, fue blanco de un ataque incendiario que se interpretó como un intento de intimidar a quienes buscaban acceder a sus servicios. A pesar de este incidente, el centro ha seguido operando y apoyando a las mujeres de Wyoming.

The New York Times destacó que el fallo de Wyoming tiene implicaciones significativas que podrían influir en otros estados donde los derechos reproductivos están siendo objeto de controversia. A medida que las leyes antiaborto enfrentan desafíos legales en diversas jurisdicciones, esta decisión refuerza el papel de las constituciones estatales como una herramienta para defender el acceso al aborto, incluso en regiones con políticas restrictivas.

La decisión también llega en un momento en el que varios estados han aprobado enmiendas constitucionales para proteger explícitamente el derecho al aborto. Durante las elecciones de 2024, siete de diez propuestas en este sentido fueron aprobadas por los votantes. Esto muestra un respaldo significativo al derecho al aborto a nivel estatal, a pesar de la eliminación de las protecciones federales bajo Roe v. Wade.

En contraste, estados con legislaciones más restrictivas, como Texas y Alabama, enfrentan un mayor riesgo de demandas constitucionales a medida que los tribunales locales evalúan cómo sus leyes afectan los derechos individuales.