El proyecto de ley que podría revolucionar los beneficios del Seguro Social el próximo año: ¿quiénes ganan y quiénes pierden?

El Congreso de Estados Unidos continúa avanzando en una posible reforma de los beneficios de la Seguridad Social, con la reciente aprobación de la Ley de Equidad del Seguro Social en la Cámara de Representantes. La legislación, que obtuvo un amplio respaldo bipartidista con 327 votos a favor y 75 en contra, busca eliminar políticas que han reducido los pagos para millones de beneficiarios. Según Associated Press, el proyecto ahora se encuentra en manos del Senado, donde aún no ha sido sometido a votación.

Aunque la propuesta ha sido aprobada por la Cámara Baja, el proceso legislativo exige que sea ratificada en el Senado y posteriormente firmada por el presidente Joe Biden para convertirse en ley. De acuerdo con CNBC, el proyecto cuenta con 62 copatrocinadores en el Senado, superando el umbral de votos necesario para su aprobación. Sin embargo, su consideración podría retrasarse debido a la apretada agenda legislativa de la cámara alta.

La Ley de Equidad del Seguro Social, presentada por los representantes Abigail Spanberger y Garret Graves, propone la derogación de dos disposiciones federales: la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO). Según el Servicio de Investigación del Congreso, estas normas afectan a aproximadamente 2,8 millones de personas, incluidas aquellas que trabajan o trabajaron en empleos gubernamentales federales, estatales y locales.

• La WEP reduce los beneficios del Seguro Social para quienes reciben pensiones de empleos públicos que no retuvieron impuestos sobre la nómina del Seguro Social. Esto afecta a unos 2 millones de beneficiarios.
• La GPO limita los beneficios para cónyuges o sobrevivientes que reciben pensiones de empleos públicos, afectando a cerca de 800,000 jubilados.

De acuerdo con Newsweek, estas disposiciones han generado críticas por reducir significativamente los ingresos de jubilados que, en muchos casos, también contribuyeron al Seguro Social en otros trabajos.

Si la ley es aprobada por el Senado y promulgada por el presidente, se espera un aumento promedio de USD 7,300 anuales en los beneficios para aquellos afectados por la WEP y la GPO. Un estudio realizado por el Urban Institute en 2020 estimó que esta reforma mejoraría los beneficios para el 4,5% de todos los beneficiarios del Seguro Social para 2025.

Sin embargo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la eliminación de estas disposiciones implicaría un costo fiscal significativo, agregando aproximadamente USD 195 mil millones al déficit federal en los próximos 10 años. Además, se proyecta que esto adelantaría en seis meses la fecha de agotamiento del fondo fiduciario del Seguro Social, actualmente estimada para 2033.

La Ley de Equidad del Seguro Social ha recibido un apoyo bipartidista notable en ambas cámaras. En el Senado, cuenta con el respaldo de Sherrod Brown, demócrata por Ohio, y Susan Collins, republicana por Maine. Según CNBC, estos legisladores han instado al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría, Mitch McConnell, a priorizar la votación del proyecto antes de fin de año.

No obstante, el debate sobre su impacto fiscal y la saturada agenda legislativa del Senado, que incluye la aprobación de un presupuesto gubernamental y legislación de defensa, podrían retrasar su avance. Si el Senado no lo aprueba antes del 3 de enero de 2025, el proyecto expiraría y tendría que ser reintroducido en el próximo Congreso, indicó Associated Press.

De acuerdo con Newsweek, si el proyecto de ley es promulgado, los cambios entrarían en vigor para todos los beneficios pagaderos después de diciembre de 2023. Esto incluiría la eliminación de la WEP y la GPO, permitiendo un aumento directo en los ingresos de pensionados afectados por estas disposiciones.

Spanberger, Graves y sus aliados en el Senado han enfatizado que la derogación de estas políticas es un acto de justicia hacia trabajadores públicos como maestros, policías y bomberos, quienes han sido “castigados por su labor para proteger y servir a la sociedad”, según una carta enviada esta semana al Senado.