El congreso de EEUU impulsa una reforma para ampliar los beneficios de Seguridad Social para trabajadores públicos

El Congreso estadounidense está impulsando una legislación que busca eliminar restricciones que han afectado a millones de trabajadores públicos y sus familias en el sistema de Seguridad Social. Denominada Ley de Equidad en la Seguridad Social (Social Security Fairness Act), esta propuesta ha generado un intenso debate en Washington por su impacto financiero y político. Aunque ya cuenta con amplio apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes, su futuro en el Senado sigue siendo incierto.

El proyecto de ley busca eliminar dos disposiciones federales vigentes, conocidas como el Windfall Elimination Provision (WEP) y el Government Pension Offset (GPO). Estas políticas limitan los beneficios de Seguridad Social para quienes también reciben pensiones de empleos donde no se realizaron aportes a este sistema, afectando principalmente a trabajadores públicos. Según el Servicio de Investigación del Congreso, cerca de 2,8 millones de personas se ven perjudicadas por estas disposiciones.

La derogación de estas políticas permitiría que los beneficiarios reciban sus pagos de Seguridad Social completos, independientemente de que tengan pensiones adicionales. Este cambio, que ha sido calificado como una cuestión de justicia por sus patrocinadores, busca corregir lo que algunos consideran un “robo” de beneficios acumulados a lo largo de décadas.

Las disposiciones del WEP y el GPO han sido motivo de críticas durante años por el impacto económico que generan en ciertos grupos de trabajadores. De acuerdo con ABC News, el WEP reduce los beneficios de Seguridad Social para quienes reciben una pensión de empleos no cubiertos por este sistema. Se aplica principalmente a trabajadores estatales, locales y federales cuyos empleadores no aportaron a la Seguridad Social. Bajo esta disposición, el cálculo de los beneficios se ajusta para reducir su monto total.

Por otra parte, el GPO afecta a viudos, viudas y cónyuges que reciben pensiones de empleos no cubiertos. En estos casos, los pagos por viudez o de cónyuge pueden reducirse hasta en dos tercios del monto de su pensión. Por ejemplo, una persona con derecho a 900 dólares en beneficios de viudez que también recibe 1.000 dólares de una pensión no cubierta vería reducidos sus pagos de Seguridad Social a solo 233 dólares.

Ambas políticas han generado un impacto desproporcionado en sectores como la educación, la seguridad pública y el servicio gubernamental. Profesores, policías y bomberos se encuentran entre los grupos más afectados, según datos de organizaciones que respaldan la reforma, citados por CBS News.

La eliminación de estas disposiciones representaría un cambio significativo para millones de trabajadores públicos y sus familias. De aprobarse, la nueva legislación garantizaría el acceso completo a los beneficios de Seguridad Social para aquellos que han sido penalizados por recibir pensiones de empleos no cubiertos. Esto no solo aliviaría la carga económica de los afectados, sino que también resolvería lo que muchos consideran una desigualdad fundamental en el sistema.

Además, organizaciones como la Asociación Nacional de Condados han señalado que esta reforma podría ayudar a atraer talento hacia empleos gubernamentales. En un contexto donde muchos gobiernos locales enfrentan escasez de personal, la posibilidad de recibir beneficios completos de Seguridad Social podría ser un incentivo clave para futuros trabajadores.

El impacto financiero de esta reforma es significativo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la eliminación del WEP y el GPO añadiría alrededor de 195.000 millones de dólares al déficit federal en los próximos 10 años. Este costo ha sido uno de los principales argumentos de los opositores a la ley, incluidos miembros del Freedom Caucus, un grupo de legisladores conservadores que busca limitar el gasto gubernamental.

Los críticos señalan que este gasto adicional agrava la presión sobre los fondos fiduciarios de la Seguridad Social, que ya enfrentan desafíos a largo plazo. Según estimaciones actuales, dichos fondos podrían quedar insolventes para 2035, lo que dificultaría el pago completo de beneficios en el futuro.

Sin embargo, los defensores de la ley argumentan que el costo económico debe ser contextualizado. Legisladores como Garret Graves, republicano de Luisiana, y Abigail Spanberger, demócrata de Virginia, han señalado que el dinero “perdido” por estas políticas representa beneficios que los trabajadores ya se ganaron. Para ellos, la cuestión es menos sobre el déficit y más sobre reparar una injusticia histórica.

El proyecto de ley ha logrado un nivel de respaldo bipartidista poco común en el clima político actual. En la Cámara de Representantes, 300 legisladores, incluidos demócratas y republicanos, votaron a favor de la iniciativa, garantizando su aprobación. En el Senado, el proyecto cuenta con 63 patrocinadores, lo que sugiere una posibilidad real de superar el umbral de 60 votos requerido para la mayoría de las legislaciones.

A pesar de este respaldo, el tiempo es un factor crítico. El Senado enfrenta una agenda cargada en las semanas restantes del año, con debates pendientes sobre el presupuesto federal, la ayuda por desastres y proyectos de defensa nacional. Si el proyecto no se aprueba antes del 3 de enero de 2025, cuando comienza la nueva sesión del Congreso, sus patrocinadores deberán reiniciar el proceso desde cero.

De ser aprobado por el Senado, el proyecto pasaría a manos del Presidente Joe Biden. Al convertirse en ley, los cambios entrarían en vigor para las prestaciones pagaderas a partir de diciembre. Esto proporcionaría un alivio inmediato a millones de beneficiarios.