Por qué el precio de la gasolina en California podría subir en 2025

El futuro de los precios de la gasolina en California parece encaminarse hacia una subida significativa tras la reciente votación de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB). Las nuevas regulaciones, que buscan endurecer los estándares de los combustibles para reducir las emisiones de carbono, podrían impactar directamente el costo para los conductores, reportó KTLA.

Hoy en día, los ciudadanos californianos ya compran combustible por altos precios, siendo de los estados más caros de Estados Unidos. Una eventual subida de costos para el año entrante alarma a los conductores.

Según las estimaciones de CARB, el costo por galón podría aumentar hasta 47 centavos para 2025. Sin embargo, estudios independientes, como uno de la Universidad de Pensilvania, advierten que el alza podría ser aún mayor: 65 centavos en 2025, 85 centavos en 2030 y hasta USD 1,50 para 2035.

Esta disparidad entre las proyecciones refleja la complejidad de predecir cómo estas políticas afectarán el mercado. Mientras que la agencia sostiene que la relación entre los precios de los créditos de carbono y el precio en las bombas es limitada, críticos y economistas temen que las empresas pasen los costos adicionales directamente a los consumidores.

Actualmente, los conductores en California ya enfrentan una de las gasolinas más caras del país, con un promedio de USD 4,51 por galón, el segundo más alto después de Alaska. Con los nuevos objetivos de reducción de carbono del 30% para 2030 y del 90% para 2045, los costos asociados con el cumplimiento de estas metas podrían exacerbar esta situación, señaló Los Angeles Times.

La implementación de estos estándares no solo encarece la producción de combustibles, sino que también afecta el mercado de créditos de carbono, cuyo costo incrementará al reducirse las emisiones permitidas.

El impacto previsto por CARB y los expertos genera un intenso debate. Mientras que los partidarios del programa lo ven como un sacrificio necesario para combatir el cambio climático, los detractores lo consideran una carga adicional para las familias y trabajadores de bajos ingresos, especialmente en áreas rurales o con dependencia del automóvil. Según algunos analistas, estas comunidades podrían enfrentar mayores desafíos económicos debido al aumento del costo de la movilidad.

La reciente votación de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) para endurecer las normas de combustibles ha provocado una profunda división entre los sectores políticos, económicos y sociales del estado. Por un lado, los defensores de las nuevas metas de reducción de emisiones, como el 30% para 2030, argumentan que estas políticas son indispensables para combatir el cambio climático. Por otro lado, críticos señalan que los costos derivados de estas medidas recaerán de forma desproporcionada en los conductores, especialmente los de menores ingresos.

KTLA indicó que los opositores más vocales han sido legisladores republicanos, quienes consideran que las regulaciones son un ataque directo a los californianos. El senador Brian Jones, líder de la minoría en el Senado, calificó la decisión como “un aumento deliberado de precios” por parte de la administración del gobernador Gavin Newsom, asegurando que las familias trabajadoras serán las más afectadas.

Por su parte, la asambleísta Esmeralda Soria, miembro del Partido Demócrata, expresó preocupaciones similares en una carta enviada a CARB, destacando que las comunidades agrícolas y rurales, como la que ella representa, se verán especialmente afectadas por el incremento en los precios del combustible.

Durante la audiencia pública de CARB, que se extendió por más de 12 horas, los oradores expresaron temores sobre la carga financiera que esta política podría representar para las comunidades vulnerables. Algunos, como el asambleísta republicano Tom Lackey, señalaron que los habitantes de distritos rurales suelen conducir largas distancias diariamente, lo que incrementa su dependencia del combustible y su exposición a los aumentos de precios.

La implementación de estas regulaciones busca promover el uso de alternativas más limpias como el hidrógeno, el biodiésel y la electricidad, reduciendo la dependencia del petróleo. El endurecimiento del estándar también pretende combatir directamente los altos niveles de contaminación en áreas como el Inland Empire, donde el tráfico pesado de camiones ha afectado la calidad del aire y la salud de los residentes.

Desde una perspectiva climática, los partidarios subrayan que alcanzar una reducción del 90% en las emisiones de carbono para 2045 es esencial para cumplir con los compromisos globales de mitigación del cambio climático. Según Steven Cliff, director ejecutivo de CARB, la medida tiene un impacto positivo “abrumadoramente mayor” que sus costos, al estimular un cambio hacia un modelo energético más sostenible y menos contaminante.

A pesar de los beneficios aparentes, el plan no está exento de controversias, resaltó Los Angeles Times. Algunos grupos ambientalistas critican que la promoción de biocombustibles como el biodiésel y el diésel renovable podría tener consecuencias negativas. Fuentes como Biofuelwatch y Earthjustice advierten que el uso de cultivos alimentarios para la producción de combustible incrementa la conversión de tierras agrícolas, fomentando la deforestación y desplazando la producción de alimentos, lo que afecta tanto al medio ambiente como a la seguridad alimentaria global.

Adicionalmente, críticos han señalado que la producción de estos combustibles a menudo requiere procesos energéticamente intensivos, lo que podría contrarrestar parte de los beneficios climáticos previstos. Según algunos expertos, el verdadero camino hacia una descarbonización significativa debería priorizar la electrificación completa del transporte y la reducción del uso de vehículos, en lugar de depender en exceso de combustibles líquidos alternativos.