Policía de Sacramento alertó sobre un depredador sexual violento en el vecindario de Antelope

En el tranquilo vecindario de Antelope, en el condado de Sacramento, California, la llegada de un nuevo residente ha desatado preocupación y debate. Robert Singleton, un depredador sexual violento condenado en 1994 por actos lascivos con menores de catorce años, se ha mudado a una vivienda situada a solo 160 metros (530 pies) de la Escuela Primaria North Country. Su historial y proximidad a una institución educativa han inquietado a los residentes, reabriendo un debate sobre las leyes que regulan dónde pueden vivir los delincuentes sexuales registrados.

Hace una década, Robert Singleton fue condenado por comportamiento obscenos contra menores de catorce años, cumpliendo una sentencia en prisión hasta 2003. Tras su liberación, fue sometido a tratamiento en un hospital estatal como parte de su supervisión durante el período de libertad condicional. Desde entonces, Singleton ha vivido bajo la obligación de registrarse regularmente como delincuente sexual, requisito que cumple cada noventa días, según confirmaron las autoridades locales. Su situación actual no implica supervisión directa por parte de un oficial de libertad condicional, dado que ya no está bajo custodia condicional. Sin embargo, su historial lo mantiene bajo el escrutinio de las autoridades y, ahora, de la comunidad de Antelope.

La noticia de la llegada de Singleton ha generado alarma entre los residentes, especialmente entre padres con hijos pequeños. Una madre, entrevistada por CBS News, expresó su temor al descubrir que vivía cerca de un delincuente sexual: “Tengo una niña de tres años, así que eso definitivamente me asusta”. Este tipo de reacciones refleja la creciente preocupación de la comunidad por mantener un entorno seguro para sus familias.

La proximidad de Singleton a una escuela primaria ha exacerbado los temores, y los vecinos han cuestionado si las autoridades están tomando suficientes medidas preventivas. Aunque no se ha reportado ninguna actividad ilegal por parte de Singleton, el Departamento del Sheriff emitió una advertencia formal a los residentes, generando un clima de tensión.

Parte de la controversia se deriva de la revocación en 2015 de la Ley Jessica, una legislación que prohibía a los delincuentes sexuales vivir cerca de escuelas, parques u otras áreas donde se concentran niños. Este cambio fue resultado de una decisión judicial que consideró la ley inconstitucional debido a las dificultades que imponía para encontrar vivienda adecuada para los exconvictos. En el caso de Singleton, su residencia cerca de la Escuela Primaria North Country está permitida bajo la legislación actual, siempre que no infrinja otros términos legales. No obstante, la percepción pública sobre su presencia pone en evidencia las tensiones entre las políticas de rehabilitación y la sensación de seguridad de las comunidades.

La advertencia emitida por el Departamento del Sheriff ha sido objeto de críticas por parte de algunos expertos legales, como el abogado defensor penal Mark Reichel, quien sugirió que podría tratarse de una medida exagerada o con tintes políticos. Según Reichel, “Podría ser político... o podría sentir que algo está mal”. Por su parte, el sargento Amar Gandhi defendió la decisión de notificar a los vecinos, argumentando que esta se basa en observaciones concretas que generaron preocupación. Sin embargo, enfatizó que no se trata de una acción basada en un acto ilegal reciente, sino en el historial del individuo y su proximidad a una escuela.

Robert Singleton, por su parte, ha defendido su derecho a residir en la vivienda y asegura que no ha realizado ninguna actividad ilícita. En declaraciones a CBS13, afirmó: “Mis vecinos no tienen que preocuparse por mí. No voy a hacerle nada a nadie”. A pesar de estas declaraciones, la comunidad sigue alerta. Las leyes actuales permiten que Singleton viva cerca de la escuela, siempre que cumpla con las obligaciones de registro y no incurra en actividades delictivas. Según expertos legales, su caso subraya la complejidad de equilibrar los derechos de un individuo con los temores legítimos de la sociedad.

El caso de Singleton ha reavivado el debate sobre cómo las comunidades gestionan la reintegración de exdelincuentes. En una zona como Antelope, donde los padres buscan garantizar un entorno seguro para sus hijos, la presencia de un depredador sexual registrado pone a prueba la confianza en las políticas de rehabilitación. Aunque las autoridades insisten en que la notificación es preventiva, no tranquiliza del todo a los vecinos. La tensión entre los derechos individuales de Singleton y la seguridad colectiva subraya un desafío persistente en la aplicación de leyes que buscan proteger tanto a las comunidades como a las personas en proceso de reinserción.