Especialistas comparten consejos a los migrantes que viven en Estados Unidos tras la aprobación de leyes más restrictivas

Muchos migrantes enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos debido al endurecimiento y aprobación de algunas políticas, como la recién ratificada Propuesta 314, que permite a los departamentos de policía de Arizona arrestar indocumentados y los faculta para emitir órdenes de deportación, o la Senate Bill 4 (SB4), la cual convierte en delito estatal cruzar la frontera entre Texas y México.

Esta última ley señala que si un policía cree tener pruebas de que una persona cruzó de manera ilegal a EEUU a través de Río Grande, podrá ser acusada y pasar hasta 6 meses en prisión. En caso de reincidir, enfrentarán una posible pena de hasta 20 años en la cárcel, según reportó The Texas Tribune.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis promulgó la legislación SB1718, que prohíbe y castiga el transporte de migrantes indocumentados tanto fuera como dentro del estado.

Debido a estas y otras leyes, las personas deben estar preparadas, es por eso que Sarah Yore-Van Oosterhout, abogada de larga trayectoria que trabaja en Lighthouse Immigran Advocates, organización con sede en Michigan que ofrece servicios legales a migrantes y refugiados, ofreció una serie de recomendaciones durante una entrevista con Detroit Free Press.

Yore-Van admitió que nadie “quiere pensar” en ser deportado y calificó como “muy triste” tener que planificar ese tipo de cosas con la gente.

“Pero es una buena idea cuando estamos hablando de (familias con estatus migratorios legales mixtos) y hay alguien amenazando con deportaciones masivas a través de redadas policiales, que es algo que realmente podría volver a suceder”, dijo la abogada.

Enfatizó también en que si los migrantes cuentan con la ciudadanía estadounidense, existe poco que pueda hacer el gobierno.

“Nuestros clientes pueden tener alivio, pero tienen problemas para mantener un permiso de trabajo vigente porque está tomando mucho tiempo obtenerlo, o solicitan extender su estatus de VISA y está tomando demasiado tiempo conseguir dicha extensión”, declaró Sabrina Balgamwalla, directora de la Clínica de Derecho de Asilo e Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Wayne.

Balgamwalla afirmó que comenzar con el proceso de renovación de los documentos anteriormente mencionados es un buen comienzo.

Julie Powers, directora ejecutiva de Immigration Law & Justice Michigan, organización sin fines de lucro que apoya mediante servicios legales a inmigrantes de bajos recursos, declaró que lo que más le preocupa son las personas legales que no tienen buen dominio del inglés y que trabajan para sacar adelante a su familia que podrían “verse atrapadas en una redada” policial.

“Cuando alguien te grita con un arma, no vas a poder dominar de inmediato el mínimo que tienes de un nuevo idioma y manejarlo con elocuencia. Estamos preocupados por las personas que están aquí legalmente en esas redadas, y no habrá ningún proceso debido”, añadió Powers.

Además de la recientemente aprobada legislación de Arizona, que permite a los departamentos de policía arrestar indocumentados y faculta a los jueces locales a emitir órdenes de deportación, estas son otras leyes restrictivas con los migrantes.

En Oklahoma, la ley HB4156 creó un delito estatal nuevo llamado “ocupación inadmisible”, que tiene lugar cuando una persona ingresa de manera intencionada a EEUU sin permiso y permanece dentro de este estado sin contar con la autorización adecuada.

En Tennessee, la ley SB2576, que entró en efecto el 1 de julio, requiere a los oficiales informar sobre el estatus migratorio de una persona a las autoridades federales, según reportó el medio local Nashville Banner.

Alex Apple, secretario de prensa del alcalde, declaró que esta legislación “se trata de un mandato no financiado por el estado que, además, no incluye capacitación para las fuerzas del orden” y acotó que el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD) “ha estado activo en su acercamiento a las comunidades inmigrantes... para mantener la confianza en medio de la aprobación de esta legislación”, añadió.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott, promulgó la ley SB4 que, actualmente suspendida por una corte de apelaciones, permite a la policía estatal detener y expulsar a migrantes que crucen ilegalmente desde México. Esta ley también contempla penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que reincidan en el cruce ilegal tras haber sido expulsados.

El también republicano Ron DeSantis avaló una legislación que impone cinco años de prisión y una multa a quienes transporten a personas que hayan ingresado ilegalmente al país por Florida. Desde 2023, esta ley obliga a pequeñas empresas a verificar el estado migratorio de sus empleados y declara inválidas en el estado las licencias de conducir emitidas a migrantes en situación irregular.

En Iowa, la gobernadora Kim Reynolds firmó una ley que establece hasta dos años de cárcel para migrantes cuando se demuestre que han ingresado ilegalmente al estado.

Por su parte, Alabama analiza una ley que permitiría a la policía local realizar arrestos o investigaciones centradas en el estatus migratorio de las personas.

En Virginia Occidental se presentó un proyecto de ley que amplía el uso del sistema federal E-Verify a empresas con más de 15 empleados, exigiendo que verifiquen el estatus de sus trabajadores. Este sistema ya es usado por algunos empleadores y ahora se busca extender el requisito a un mayor número de empresas en el estado.

El estado de Georgia aprobó un proyecto de ley que obliga a las autoridades locales y estatales a verificar el estatus migratorio de los arrestados.