El dueño de una pizzería en Boston fue condenado a ocho años de prisión por abuso y amenazas a empleados inmigrantes

Stavros Papantoniadis, propietario de la cadena de pizzerías Stash’s Pizza en Massachusetts, fue condenado a más de ocho años de prisión por someter a sus empleados, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, a años de abuso físico, intimidación y amenazas de deportación. La sentencia, emitida en un tribunal federal de Boston, marca un hito en la lucha contra el tráfico laboral y el maltrato a trabajadores vulnerables.

Papantoniadis, de 49 años, fue sentenciado a 102 meses (más de 8 años) en prisión, un año de libertad supervisada y a pagar una multa de 35,000 dólares, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP). El veredicto se emitió luego de que un jurado lo declarara culpable de tres cargos de trabajo forzado y tres de intento de trabajo forzado en junio de 2023.

Según los fiscales, Papantoniadis empleó a seis víctimas, cinco hombres y una mujer, a quienes obligaba a trabajar en condiciones extremadamente duras en sus pizzerías, ubicadas en Dorchester y Roslindale. Para asegurarse de que los empleados cumplieran con sus exigencias, utilizaba tácticas violentas y los amenazaba con denunciarlos a las autoridades de inmigración para su deportación.

Los trabajadores eran obligados a cumplir turnos agotadores de hasta 14 horas al día, siete días a la semana, sin descanso adecuado y con poca o ninguna compensación justa. Papantoniadis mantenía un control estricto sobre ellos mediante cámaras de vigilancia y constantes insultos y humillaciones. De acuerdo con las autoridades, el empresario se aprovechaba del estatus migratorio irregular de sus empleados para mantenerlos bajo su control y disuadirlos de dejar el trabajo.

Uno de los episodios más graves de abuso ocurrió cuando, según NBC News, uno de los empleados expresó su intención de renunciar. Papantoniadis lo agredió físicamente, estrangulándolo con violencia hasta que el trabajador huyó aterrorizado del local. En otro caso, cuando un empleado intentó abandonar su trabajo, el empresario lo persiguió por la Ruta 1 en Norwood y lo denunció falsamente a la policía, con el objetivo de intimidarlo para que regresara a trabajar.

Las víctimas de Papantoniadis vivían en un constante estado de miedo. Las amenazas de violencia y deportación eran comunes. En una ocasión, el empresario amenazó a un trabajador diciéndole que lo mataría y lo entregaría a las autoridades migratorias si intentaba renunciar. A otro empleado, le aseguró que sabía dónde vivía, insinuando que podría hacerle daño si no cumplía con sus órdenes.

Estas tácticas de intimidación no eran nuevas para Papantoniadis, quien ya había enfrentado quejas por prácticas laborales cuestionables en el pasado. En 2017, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos demandó a Stash’s Pizza y otras empresas asociadas, alegando que no pagaban las horas extras adecuadas a sus empleados, falsificaban los registros de tiempo y tergiversaban las tasas de pago, según CBS News.

En 2019, se le ordenó pagar más de 300,000 dólares en salarios atrasados. Además, la Oficina del Fiscal General de Massachusetts había recibido múltiples quejas contra las pizzerías de Papantoniadis desde 2019 por violaciones de salarios y horas de trabajo, reseñó el mismo medio.

Joshua Levy, fiscal general interino de los Estados Unidos, destacó la gravedad del caso, subrayando que el empresario “explotó a los trabajadores más vulnerables” en su búsqueda de ganancias económicas. Levy explicó que Papantoniadis contrató intencionalmente a inmigrantes indocumentados para luego usar su estatus migratorio en su contra, manteniéndolos bajo control con amenazas de deportación y violencia.

Levy elogió la valentía de las víctimas, quienes se atrevieron a denunciar los abusos a pesar de las intimidaciones. “La sentencia severa de hoy envía un mensaje claro: los empleadores que se involucren en este tipo de conducta enfrentan consecuencias graves”, afirmó el fiscal.

Michael Krol, agente especial a cargo de la Investigación de Seguridad Nacional, también se pronunció sobre el caso, señalando que Papantoniadis “abusó y explotó a sus empleados, negándoles la dignidad básica que toda persona merece”. Krol añadió que esta sentencia es una advertencia para otros empleadores: los trabajadores tienen derecho a laborar en condiciones seguras y libres de acoso.

A pesar de la condena, el abogado de Papantoniadis, Carmine Lepore, expresó su decepción por la sentencia. En un comunicado, citado por AP, Lepore argumentó que las directrices de la sentencia eran demasiado severas, comparándolas con las aplicables a casos de trata de personas y servidumbre sexual. También adelantó que estaban trabajando en una apelación y en la solicitud de un nuevo juicio.