Un juez federal escuchó argumentos sobre la legalidad de una nueva ley de Luisiana que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en cada aula de las escuelas públicas antes del 1 de enero de 2025. Este requerimiento ha generado un intenso debate legal y social en el estado, conocido por su fuerte base religiosa y por ser parte del denominado “Cinturón Bíblico” de Estados Unidos, según CBS News.
Luisiana es la única entidad en Estados Unidos que tiene una disposición de este tipo. Los defensores de la ley sostienen que su inclusión no es solo de carácter religioso, sino que tiene un significado histórico que se remonta a las bases del sistema legal estadounidense. Sin embargo, los críticos argumentan que la ley infringe la separación entre iglesia y estado y que podría causar un ambiente excluyente para estudiantes que no profesan la fe cristiana, de acuerdo con The Associated Press.
Durante la audiencia, Steven Green, un historiador legal y profesor en la Universidad Willamette, presentó evidencia que indicaba que los preceptos religiosos no tuvieron una influencia directa en la redacción de la Constitución de Estados Unidos. Green afirmó que “hay casi ninguna evidencia” de que los fundadores consideraran los mandatos al establecer el marco del gobierno y del sistema legal del país. Su testimonio se basó en documentos históricos y correspondencias de figuras prominentes como Thomas Jefferson y James Madison, quienes jugaron papeles cruciales en la fundación del país, según CBS News.
Los abogados que representan al estado pidieron al magistrado que desestimara el testimonio de Green, argumentando que no era apropiado como evidencia experta debido a que no vivió en la época de los fundadores. La Fiscal General de dicha entidad, Liz Murrill, calificó la opinión de Green como “subjetiva”, de acuerdo con The Associated Press.
El juez del distrito John W. deGravelles no emitió un fallo inmediato, pero expresó su intención de tomar una decisión antes del 15 de noviembre. Esta fecha es significativa porque se llegó a un acuerdo en julio, donde se estableció que cinco escuelas específicas mencionadas en la demanda no exhibirían los mandamientos antes de esa fecha. La fecha límite para el cumplimiento de la ley sigue siendo el 1 de enero de 2025, según CBS News.
La demanda fue presentada en junio por padres de niños en escuelas públicas de dicha región, quienes pertenecen a diversas tradiciones religiosas. Alegan que la nueva legislación viola la primera enmienda, que prohíbe el establecimiento de una religión por parte del gobierno y garantiza la libertad religiosa. La ACLU fue una de las organizaciones que respaldó esta demanda, afirmando que representa a padres que son rabinos, pastores y reverendos, según The Associated Press.
Los opositores a la ley sostienen que la inclusión de estos preceptos en las aulas crea un ambiente de aislamiento para los estudiantes no cristianos. Un miembro de la legislatura estatal, el senador Royce Duplessis, expresó su oposición a la ley, subrayando la importancia de la separación entre iglesia y estado y sugiriendo que los padres que deseen que sus hijos aprendan estos principios pueden hacerlo en la iglesia, de acuerdo con CBS News.
Los defensores de la ley, incluida la representante estatal Dodie Horton, autora de la legislación, argumentan que la base legal de la región está influenciada por los principios de dichos preceptos. Horton comentó que la ley permitiría que un “código moral” se reintrodujera en las aulas. En su defensa, destacó su propia experiencia de haber aprendido sobre los preceptos en la escuela privada durante su infancia, según The Associated Press.
La normatividad exige que se exhiban carteles de al menos 28 por 36 centímetros en cada aula, con el texto de tales enseñanzas como el enfoque central y en una fuente grande y fácilmente legible. Además, cada cartel debe incluir una declaración contextual de cuatro párrafos. Este mandato podría requerir la producción de decenas de miles de carteles, dado que la región cuenta con más de 1,300 escuelas públicas y cerca de 1,000 aulas en la Universidad Estatal de dicha área, según CBS News.
Los responsables políticos han indicado que las escuelas no están obligadas a usar fondos públicos para adquirir los carteles. Se sugiere que la financiación provenga de donaciones privadas o que los propios carteles sean donados por organizaciones o grupos. Sin embargo, persisten preguntas sobre cómo se hará cumplir este requerimiento si un maestro se niega a colgar los preceptos, y qué sucederá si no se obtienen suficientes donaciones para cumplir con la normativa, de acuerdo con The Associated Press.
En el contexto nacional, se han observado esfuerzos conservadores por integrar más religión en las aulas, como legislaciones en Florida que permiten que los distritos escolares tengan capellanes voluntarios y en Oklahoma, donde se ordenó a las escuelas públicas incluir la Biblia en sus lecciones, según CBS News. La ley ha sido recibida con entusiasmo por algunos conservadores, incluyendo figuras políticas prominentes como el expresidente Donald Trump, quien ha expresado su apoyo a la exhibición de los mandatos religiosos en escuelas públicas y privadas, de acuerdo con The Associated Press.
Este caso sigue en desarrollo y su resolución podría influir en futuros intentos de legislación similar en otros estados.