La Corte Suprema de Texas detuvo la ejecución de Robert Roberson, un hombre condenado por la muerte de su hija de dos años en un caso que involucra el síndrome del bebé sacudido. Esta decisión se produjo el 17 de octubre de 2024, después de que tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazaran peticiones para detener la inyección letal programada. Según reportes de AP, el caso de Roberson ha suscitado un amplio debate sobre la validez del diagnóstico y las pruebas utilizadas en su condena.
Roberson fue condenado en 2002 por la muerte de su hija, Nikki Curtis, en la ciudad de Palestine, Texas. Los partidarios de Roberson, incluidos legisladores de ambos partidos, argumentan que fue declarado culpable basándose en evidencia científica incorrecta. La Coalición de Legisladores de Texas ha intervenido para solicitar que se reevalúe su caso, señalando que el diagnóstico de síndrome del bebé sacudido puede haber sido inapropiado. Según el representante estatal Jeff Leach, este es un “remedio extraordinario”, pero dentro de los derechos constitucionales del cuerpo legislativo.
Unas horas de la decisión del Tribunal Supremo, un juez de Distrito emitió una orden para suspender la ejecución mientras el caso era revisado por los magistrados. El ordenamiento fue suspendido extendido apenas 90 minutos antes de la hora programada para comenzar la ejecución.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene la autoridad para retrasar la ejecución, pero hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Abbott ha detenido una ejecución inminente en su tiempo como gobernador, que abarca casi una década. A pesar de una petición de clemencia por parte de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, la junta votó unánimemente en contra de recomendar un retraso o una conmutación de la sentencia de muerte de Roberson.
La defensa de Roberson ha argumentado que las lesiones que llevaron a la muerte de su hija no fueron causadas por abuso, sino por complicaciones de una neumonía. Expertos médicos y algunos legisladores apoyan esta afirmación, señalando que los diagnósticos utilizados en el juicio han sido cuestionados en la comunidad médica. Brian Wharton, un detective principal del caso, ha declarado que hay motivos para creer que Roberson es inocente y que las pruebas fueron interpretadas incorrectamente, según CNN.
En el contexto legal, la batalla por la ejecución de Roberson llegó a un punto crítico el mismo día que estaba programada. La Corte Suprema de EE.UU. y el Tribunal de Apelaciones de Texas no encontraron suficiente base para detener el proceso, mientras que un juez estatal en Austin emitió una orden de restricción temporal. La decisión de la Corte Suprema de Texas llegó después de una citación emitida por la Legislatura para que Roberson testificara en una audiencia que revisará el caso la próxima semana, de acuerdo con AP.
El caso de Roberson ha revitalizado el debate sobre el síndrome del bebé sacudido, que es una forma de traumatismo craneal infantil. Este diagnóstico se refiere a lesiones cerebrales graves causadas por movimientos violentos, como sacudidas o impactos. Aunque los defensores de Roberson no disputan la existencia de lesiones en casos de abuso infantil, argumentan que las evidencias en su caso no apuntan a una condena justificada.
Los abogados de Roberson han enfatizado que la falta de emoción mostrada por él tras la muerte de su hija fue malinterpretada, influyendo negativamente en su condena. Además, han señalado que su autismo no diagnosticado en el momento del incidente podría haber afectado su forma de comunicarse, contribuyendo a las sospechas en su contra.
La intervención de la Corte Suprema de Texas representa un desarrollo significativo en un caso que ha estado marcado por controversias y dudas sobre la validez de las pruebas. A medida que se llevan a cabo las audiencias en el legislativo, se espera que surjan nuevos argumentos y evidencia que puedan influir en el futuro legal de Roberson.
Este caso continuará recibiendo atención tanto en el ámbito legal como en el público, dado su impacto en la percepción del sistema de justicia penal y la validez de los diagnósticos médicos en el contexto de condenas por homicidio.