La prohibición del uso de celulares en Nueva York sería un gran desafío financiero para las escuelas públicas

La ciudad de Nueva York se prepara para implementar una prohibición de celulares en las escuelas públicas a partir de febrero, una medida que busca reducir las distracciones en el entorno escolar. Sin embargo, New York Post señaló que esta iniciativa está generando preocupaciones significativas en torno a los costos que dicha prohibición implicaría para las instituciones educativas.

El canciller escolar David Banks ha sido un defensor firme de la prohibición de smartphones en las escuelas con el objetivo de mejorar la concentración y el comportamiento estudiantil. La propuesta contempla que los estudiantes guarden sus teléfonos en bolsas de tela llamadas fundas Yondr, que bloquean magnéticamente los dispositivos hasta el final del día escolar. Estas fundas cuestan aproximadamente USD 30 cada una.

Yondr, una empresa que se especializa en la creación de “espacios libres de teléfonos”, ha sido mencionada como una solución potencial. Sus fundas ya han sido utilizadas en eventos como conciertos y espectáculos de comedia para evitar que el público se distraiga.

El coste asociado a la implementación de esta prohibición es uno de los principales obstáculos. Las escuelas públicas de Nueva York, que ya operan bajo presiones presupuestarias, podrían enfrentar dificultades significativas al intentar adquirir las fundas Yondr para todos sus estudiantes.

Por ejemplo, una escuela con 1.000 estudiantes tendría que gastar alrededor de USD 30.000 solo para adquirir las fundas. Este monto no incluye los costos adicionales relacionados con la gestión y el mantenimiento de estos dispositivos. En un contexto donde muchas escuelas luchan por recursos básicos, esta inversión podría parecer insostenible.

Ante los altos costos de las fundas Yondr, algunas escuelas podrían optar por recolectar los teléfonos de los estudiantes al inicio del día y devolverlos al final. Sin embargo, esta opción también tiene implicaciones financieras y logísticas. La necesidad de personal adicional para gestionar la recolección y distribución diaria de cientos de teléfonos podría representar una carga económica adicional.

Donalda Chumney, ex superintendente del Distrito 2 de Manhattan, comentó a Chalkbeat que en su experiencia previa como directora, la recolección de teléfonos era un proceso sencillo, pero las circunstancias varían entre escuelas. Algunas instituciones podrían necesitar invertir en sistemas de almacenamiento seguros y personal adicional, lo que incrementaría aún más los costos operativos.

La comunidad educativa se encuentra dividida respecto a la viabilidad económica de la prohibición. Un portavoz del Departamento de Educación ha declinado confirmar los detalles específicos de la implementación, señalando que “aún no se han tomado decisiones”. New York Post destacó que esta falta de claridad genera incertidumbre y preocupación entre los padres, maestros y administradores escolares.

Algunos padres y líderes escolares también han cuestionado si la prohibición de celulares es la solución más efectiva para los problemas de distracción y comportamiento en las aulas. Más allá del costo financiero, existe el temor de que la medida pueda dar lugar a complicaciones adicionales y no resuelva los problemas subyacentes.

A medida que la fecha de implementación se acerca, las preocupaciones sobre los costos financieros de la prohibición de celulares en las escuelas públicas de Nueva York siguen en aumento.

Para que la prohibición sea efectiva y sostenible, es crucial que las autoridades educativas proporcionen directrices claras y apoyo financiero a las escuelas. De lo contrario, la carga económica podría hacer que la medida sea impracticable para muchas instituciones, comprometiendo tanto su implementación como el objetivo de mejorar la concentración y el comportamiento estudiantil.