El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el viernes un polémico proyecto de ley de condominios, generando la amenaza de acciones legales por parte de los propietarios si los legisladores no modifican ciertas disposiciones en la próxima sesión legislativa, según informó The Miami Herald.
La ley, conocida como HB 1021, entrará en vigor el 1 de julio y busca aumentar la responsabilidad de las asociaciones y administradores de condominios, aunque también incluye disposiciones que otorgan mayor control a los desarrolladores sobre las áreas comunes en edificios de uso mixto.
La HB 1021, “Condominio 3.0″, fue aprobada por unanimidad en marzo y tiene como objetivo fortalecer la supervisión de los edificios de condominios y sus juntas, aumentando su responsabilidad en el mantenimiento, reparaciones, reservas y registros, según Florida Politics. La ley también introduce requisitos educativos para los administradores de condominios y demanda que los registros de construcción se pongan a disposición en línea para los propietarios.
Un aspecto central de la HB 1021 es el cambio en el control de las áreas comunes en los edificios de uso mixto, aquellos que combinan unidades residenciales y comerciales, como hoteles. “Las asociaciones de condominios están más personalmente interesadas en el cuidado de las propiedades, advirtió Stevan Pardo,” un abogado que representa a propietarios de condominios en casos de alto perfil. Pardo advirtió sobre el riesgo de que los desarrolladores mantengan control indefinido sobre áreas clave, limitando los derechos de los propietarios.
Por otro lado, Mark Grant, abogado de bienes raíces y consultor del Hotel Carillon en la disputa de Miami Beach, defendió la HB 1021 argumentando que no hay razón para que un desarrollador quiera retener control sobre los elementos comunes una vez vendidas las unidades, ya que este control operacionalmente no es lucrativo. Añadió que los edificios de uso mixto deben incluir un resumen de divulgación para informar a los compradores de que la asociación no controlará todo el edificio, permitiendo a los compradores tomar decisiones informadas, como indicó The Miami Herald.
La ley también se diseñó para proporcionar más recursos al Departamento de Regulación Comercial y Profesional (DBPR) de Florida, reasignando 7,4 millones de dólares para fortalecer la aplicación de la ley y la supervisión adicional del personal, según sostuvo Florida Politics. Este cambio pretende cerrar las lagunas legales que permiten a los miembros inescrupulosos de las juntas de asociaciones de condominios eludir responsabilidades, un problema subrayado anteriormente por el ex Defensor del Pueblo de Condominios del estado, Spencer Henning.
En respuesta a la firma del proyecto de ley, varios presidentes de asociaciones de condominios han expresado su desacuerdo, afirmando que la ley carga injustamente a los propietarios con gastos imprevistos. Richard Ortoli, presidente de una asociación de condominios que está demandando al Epic Hotel, comentó que los residentes pagaban una parte desproporcionada de la renovación de los espacios compartidos, una práctica que calificó de abusiva, según detalló The Miami Herald.
El proyecto de ley también incluye la revisión de las leyes anti-SLAPP de Florida para prohibir a los miembros de las juntas utilizar fondos de las asociaciones en acciones de difamación. Estas acciones refuerzan la intención de aumentar la transparencia y responsabilidad dentro de las asociaciones de condominios, según enfatizó Florida Politics. Además, la legislación elimina una línea de los Estatutos de Florida que impedía al DBPR hacer cumplir ciertas leyes existentes sobre los condominios.
“En la controvertida medida, algunos ven fortalezas en seguridad mientras otros critican la tardanza en reformas”, como expresó el senador Jason Pizzo, criticando la tardanza en la implementación de estas reformas esenciales, especialmente tras el colapso de Champlain Towers South, donde 98 personas perdieron la vida. Pizzo, quien previamente había presentado una legislación con muchos de los elementos de la HB 1021, responsabilizó al partidismo por la demora en la adopción de estas medidas cruciales, según reporta Florida Politics.
Ante la controversia generada por estas disposiciones, los propietarios han dejado abierta la posibilidad de emprender acciones legales si no se realizan las enmiendas necesarias en la próxima sesión legislativa. Richard Ortoli afirmó en una actualización para The Miami Herald que siguen esperanzados en que las disposiciones más problemáticas sean abordadas mediante enmiendas; de lo contrario, estarán preparados para demandar.
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