Estados Unidos dio otro paso más este jueves en su lucha contra la migración irregular y anunció que “está tomando medidas para imponer restricciones de visado al ejecutivo” de una compañía aérea que, mediante sus naves, facilita la llegada de personas de todo el mundo al frontera. La noticia la dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado en el que no brindó el nombre del sujeto en cuestión pero sí precisó que opera desde fuera del continente americano, en coordinación con Nicaragua.
“Seguiremos tomando medidas para imponer restricciones de visa a los propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de transporte sin escrúpulos. Nadie debe beneficiarse de los migrantes vulnerables... ni los traficantes de personas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos”, sumó el escrito.
El pasado 4 de junio, cuando la administración de Joe Biden dio a conocer unas nuevas medidas que introducen una serie de requisitos más estrictos que dificultan el ingreso de los migrantes a través de la frontera sur, en medio de la gran cantidad de solicitantes que llegan a diario -cerca de 4.200 diarias-, los oficiales recordaron que gran parte de este problema se ve fomentado desde Managua, por lo que sus acciones se dan en paralelo con las que se lanzan contra el régimen.
Desde hace años, el binomio de Daniel Ortega-Rosario Murillo mantiene vigente una red por medio de la cual miles de ciudadanos de todo el mundo -desde Cuba, Haití y Venezuela hasta países en conflicto en Europa del Este, Asia y África- se embarcan en vuelos chárter y viajan hasta el país centroamericano. Allí, a cambio del pago de unos USD 150 acceden a un “derecho de pase” que les permite permanecer cuatro días en el territorio, tiempo suficiente para que emprendan su travesía por tierra hacia el norte del país y, desde allí, hasta el borde en México.
Según datos expuestos por Confidencial, solo en 2023 llegaron por medio de este sistema unas 300.000 personas a través del aeropuerto Augusto C. Sandino, mientras que otras 150.000 lo hicieron por vía terrestre, por la frontera con Costa Rica. Asimismo, en octubre se registraron 36 vuelos procedentes de Puerto Príncipe, en un lapso de apenas tres días, algo que no se condice con la situación del país ni con las frecuencias de los servicios que ofrecían las aerolíneas que operaban allí.
Gracias a este esquema, se calcula que el régimen se habría hecho de por lo menos USD 65,9 millones, con los que continuó realizando sus negocios ilícitos y de contrabando, y alimentando su maquinaria de represión y autoritarismo.
A raíz de esto, Washington lleva emitidas ya varias rondas de sanciones contra Nicaragua y todos los cómplices de esta “explotación de migrantes”, ya sea por aire, tierra o mar. “Las acciones del Gobierno de Nicaragua son de gran preocupación... (se trata de) políticas migratorias permisivas por diseño que se han introducido en oportunidades para que las redes de tráfico y tráfico de migrantes exploten a los migrantes con fines de lucro”, dijo al respecto el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
(Con información de AFP)