El gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó la ley que prohíbe a los adultos ayudar a menores a obtener un aborto o recibir atención de afirmación de género sin el consentimiento de sus padres, medidas que probablemente enfrentarán desafíos legales inmediatos cuando entren en vigor el 1 de julio. La autoridad, que ha implementado varias restricciones en atención de afirmación de género y ha defendido la prohibición casi total del aborto en Tennessee, aprobó la legislación sin emitir comentarios.
Tennessee será el segundo estado en el país en promulgar una ley que busca evitar que cualquier adulto “reclute, albergue o transporte” a una menor embarazada dentro del estado para obtener un aborto sin el consentimiento de sus padres o tutores, eximiendo a conductores de ambulancias y servicios de emergencia.
Según NBC News, los infractores enfrentarán un delito menor de Clase A, que puede conllevar casi un año de prisión. Stacy Dunn, presidenta de Tennessee Right to Life, declaró en un comunicado: “Los padres tienen derecho a involucrarse en el bienestar de sus hijas. La industria del aborto no tiene derecho a mantener a los padres en la oscuridad en un momento en que sus hijas son tan vulnerables”.
En Tennessee, esta medida es la primera en penalizar a los adultos que ayudan a menores a recibir atención de afirmación de género sin el consentimiento de los padres. La ley utiliza un lenguaje muy similar al de una propuesta de tráfico antaborto, donde las violaciones pueden ir desde hablar con un adolescente sobre una página web para encontrar atención, hasta ayudar a esa persona a viajar a otro estado con restricciones más laxas sobre servicios de afirmación de género.
The Guardian recordó que, en 2023, Idaho se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de “tráfico de abortos”, pero un juez federal bloqueó temporalmente la legislación después de que grupos de derechos reproductivos presentaron una demanda.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió a Lee en una carta, afirmando que no hay nada en el estatuto que sugiera que un tribunal verá favorablemente su criminalización del discurso y la expresión, describiéndolo como “inconstitucionalmente vago”.
Planned Parenthood también considera un desafío legal. Su CEO, Ashley Coffield, declaró a la prensa que estaban en “consulta con nuestros abogados sobre cómo cumplir con la ley si es necesario o si podemos impugnarla”. Además, la versión de Tennessee no contiene exenciones para menores que pueden haber sido violadas por sus padres o tutores; solo especifica que el padre biológico no puede emprender acciones civiles si el embarazo fue causado por violación.
Tennessee, similar a Idaho, prohíbe los abortos en todas las etapas del embarazo, pero hay exenciones en casos de embarazos molares, ectópicos, y para la eliminación de un aborto espontáneo o para salvar la vida de la madre. Sin embargo, los médicos deben usar su “juicio médico razonable”, lo cual algunos consideran una terminología vaga que puede ser cuestionada por otros profesionales de la salud.