El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, rechazó este martes la aprobación de la ley de agentes extranjeros por parte del Congreso de Georgia tras levantar el veto impuesto por la presidenta del país, Salome Zurabishvili, sobre dicho texto y pese a las protestas sociales que se han registrado durante semanas.
“En lo que respecta a Georgia, el Parlamento votó hoy (martes) para anular el veto de la presidenta georgiana a un proyecto de ley antidemocrático sobre la influencia extranjera que no se ajusta a las normas europeas, convirtiendo así el proyecto en ley. Estados Unidos condena esta acción”, expresó Miller en rueda de prensa.
“Al aprobar esta ley, el partido en el poder, Sueño Georgiano, aleja aún más al país de la senda de la integración europea e ignora las aspiraciones euroatlánticas del pueblo georgiano, que ha salido a la calle durante semanas para oponerse a esta ley”, agregó.
Además, Miller acusó al partido gobernante de hacer “caso omiso” a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y a sus socios más cercanos, quienes habían trasladado sus preocupaciones por la posible estigmatización de la sociedad civil y de los medios de comunicación, además de la “limitación” de las libertades fundamentales.
“Las acciones del partido gobernante y su retórica antioccidental amenazan la trayectoria democrática de Georgia, su futura seguridad económica y su pertenencia a la UE, además de poner en peligro la relación entre Estados Unidos y Georgia”, indicó Miller.
Por último, Washington mostró su apoyo a la población georgiana “en su lucha por un futuro democrático y occidental”, lamentando la decisión del Gobierno de “renunciar a dar los pasos necesarios” para su integración euroatlántica.
La oposición considera que la reforma replica en Georgia las restricciones que ya se aplican en Rusia y que han facilitado al Gobierno de Vladimir Putin la persecución de la disidencia, bajo la excusa de una supuesta necesidad de transparencia financiera.
Entretanto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lamentó “profundamente” el levantamiento del veto presidencial e instó a las autoridades georgianas a “invertir esta tendencia y regresar con firmeza al camino de la UE”.
La UE concedió a Georgia la condición de país aspirante a la membresía, pero la nueva ley, advirtió Borrell, es “contraria a los principios y valores centrales” del bloque.
Tras conocerse el resultado de la votación, miles de manifestantes empezaron a reunirse frente al Parlamento en Tiflis, muchos de ellos con banderas georgianas y europeas.
Durante la protesta se escuchó tanto el himno de Georgia como el de la Unión Europea y Zurabishvili se dirigió a la multitud por videoconferencia.
“Hoy están enojados, ¿verdad? Enójense, pero pongámonos a trabajar. El trabajo es que tenemos que prepararnos, en primer lugar, para un verdadero referéndum”, dijo la presidenta, refiriéndose a las elecciones legislativas de octubre.
“¿Queremos un futuro europeo o la esclavitud rusa? 84 hombres no pueden decidir esto, nosotros sí, nosotros, todos juntos”, añadió.
La ley estipula que las ONG y organizaciones de prensa que reciban más de 20% de su financiamiento del exterior se registren como entidades que sirven a los “intereses de una potencia extranjera”.
La norma había sido aprobada por el Parlamento el 14 de mayo, antes del veto interpuesto por la presidenta proeuropea, enfrentada con el partido de gobierno de esta ex república soviética.
Ese día, miles de personas salieron a las calles para expresar su rechazo a la ley, al igual que en las semanas anteriores.
El partido Sueño Georgiano ya había intentado aprobar esta ley a inicios de 2023, pero no lo logró precisamente debido a las protestas masivas.
“Esperábamos este resultado, pero estoy muy enojada, muy frustrada. Lo más importante ahora es no perder la esperanza”, declaró una manifestante identificada como Lizi Kenshoshvili.
La adhesión a la UE está consagrada en la Constitución del país y, según los sondeos de opinión, goza del respaldo de más del 80% de la población.
Aunque el partido gobernante, en el poder desde 2012, apoya formalmente la adhesión a la UE y a la OTAN, multiplicó las medidas que acercan el país a Moscú, sobre todo desde el inicio de la guerra en Ucrania.
(Con información de Europa Press y AFP)