Las familias de 19 víctimas de la masacre escolar en Uvalde, Texas, anunciaron el miércoles una demanda federal contra los casi 100 policías estatales que fueron parte de la fallida respuesta policial.
En un comunicado, las familias añadieron que también llegaron a un acuerdo para recibir 2 millones de dólares de la municipalidad, según el cual los dirigentes municipales prometieron estándares más altos y mejor entrenamiento a la policía local.
El anuncio surge dos días antes del segundo aniversario de una de las más mortíferas masacres escolares en la historia estadounidense. Diecinueve alumnos y dos docentes fueron abatidos el 24 de mayo de 2022, cuando un adolescente irrumpió en su aula en la escuela Robb Elementary School y comenzó a disparar.
La demanda, que busca al menos 500 millones de dólares en daños y perjuicios, es la última de varias que buscan responsabilidad por la respuesta de las autoridades. Más de 370 agentes federales, estatales y locales se aglomeraron en el lugar, pero esperaron más de 70 minutos antes de confrontar al tirador.
Es la primera demanda presentada luego de que el Departamento de Justicia difundió un reporte en enero en que catalogó “fracasos en cascada” en cuanto a entrenamiento, comunicación, liderazgo y problemas tecnológicos el día de la masacre.
La demanda dice que los policías no acataron su entrenamiento para casos de tirador activo ni su responsabilidad de enfrentarlo, aun cuando los alumnos y docentes adentro estaban siguiendo sus protocolos para casos como ése, apagando las luces, trancando las puertas y guardando silencio.
“Los protocolos atrapan adentro a docentes y alumnos, dejándolos totalmente dependientes a que las agencias de ley respondan rápida y eficazmente”, dicen las familias y sus abogados en un comunicado.
Los alumnos aterrorizados dentro del aula llamaron al número de emergencias 911 mientras padres angustiados les rogaban a los oficiales, algunos de los cuales podían escuchar los disparos al otro lado de la pared, a que entren. Un equipo táctico de policías eventualmente entró al aula y mató al tirador.
“La inacción policial ese día fue una traición completa y absoluta de estas familias y de los hijos, hijas y madres que perdieron”, dijo Erin Rogiers, uno de los abogados. “La policía estatal de Texas tenía los recursos, el entrenamiento y el poder de fuego para responder apropiadamente, y lo ignoraron todo y fracasaron a todo nivel. Estas familias tienen no solo el derecho sino también la responsabilidad de exigir justicia”.
Sigue en curso una investigación penal sobre la respuesta policial, a cargo del despacho de la fiscal general de Uvalde, Christina Mitchell. Fue convocado este año un jurado investigador, y algunos funcionarios de la ley ya han sido llamados a declarar.
La demanda contra 92 funcionarios y patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas también señala al Distrito Escolar de Uvalde, al ex director de la escuela, Mandy Gutierrez y al ex jefe de la policía escolar de Uvalde Peter Arredondo.
Otra demanda presentada en diciembre de 2022 -contra las policías local y estatal, la municipalidad y otras agencias escolares y policiales- busca por lo menos 27.000 millones de dólares en compensación. Por lo menos otras dos demandas han sido presentadas contra Daniel Defense, la fabricante de armas basada en Georgia que fabricó el arma tipo AR usado por el tirador.
(Con información de AP)
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