(Desde Washington, Estados Unidos) Joe Biden escala en su decisión política de resolver el ingreso masivo de los inmigrantes indocumentados con la firma de una orden ejecutiva que permitiría rechazar sin mayores dilaciones el acceso por la frontera sur de los Estados Unidos.
La orden ejecutiva tendría tres ejes básicos:
1. Repeler el acceso por razones de seguridad.
2. Limitar la posibilidad de emprender el juicio para obtener el asilo.
3. Expulsión forzosa de los inmigrantes ilegales que ya están en territorio de Estados Unidos.
El último sondeo de Gallup -realizado entre el 1 y el 22 de abril- determinó que para el 27 por ciento de los consultados, la inmigración indocumentada es el principal tema de preocupación en Estados Unidos. La inmigración -acorde a esta encuesta- preocupa más que la economía en general (17 por ciento) y la inflación (13 por ciento).
Esta crisis humanitaria condiciona la estrategia de campaña de Biden frente a Donald Trump para lograr su reelección. Entonces, el presidente de Estados Unidos decidió ejecutar una sucesión de pasos políticos que impactarán hacia adentro del partido demócrata y en las futuras relaciones bilaterales que mantendrá con la administración que suceda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Si no hay cisne negro, la candidata Claudia Sheinbaum será la sucesora de AMLO en la presidencia de México. Las elecciones son el próximo 2 de junio, y ya se iniciaron los contactos políticos entre la nueva administración mexicana que llega y la Casa Blanca.
Las conversaciones reservadas están protagonizadas por una experta en relaciones internacionales que responde a las órdenes directas de Sheinbaum y que en los dos últimos años fortaleció sus relaciones diplomáticas con representantes demócratas y republicanos. Su trabajo será arduo: la probable presidente de México tiene pensado cambiar la lógica habitual en las relaciones con Estados Unidos.
Biden avanza en la redacción de una orden ejecutiva que restringirá el ingreso de los inmigrantes indocumentados, pero que no resuelve el asunto de fondo vinculado a las causas que provocan una constante marcha de exilados que parten desde Centroamérica para llegar a los Estados Unidos.
Esas causas son la inestabilidad económica en sus países de origen, la persecución política y el incremento del crimen trasnacional. Acorde a la oficina de Control de Fronteras y Aduana de los Estados Unidos, 735.185 inmigrantes ilegales ingresaron a Estados Unidos entre enero y abril de 2024, y ya tramitan su juicio para obtener el asilo formal.
Biden pretende achicar este número de exilados que buscan acomodarse Estados Unidos y que causa muchísima preocupación al electorado rumbo a los comicios presidenciales del 5 de noviembre. El problema básico de la medida que define la Casa Blanca está vinculado al flujo de la inmigración y a la posición que finalmente adopte Sheinbaum en México.
La posible presidente mexicana quiere una solución de fondo para sus connacionales que viajan a Estados Unidos y una respuesta legal para los inmigrantes indocumentados que llegaron desde otros países de América Latina.
Biden entiende está situación y ya dio una respuesta a la distancia.
Hace menos de una semana, en El Paso -una ciudad de Texas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México- se ejecutó un operativo de expulsión de mas de doscientos inmigrantes indocumentados de Guatemala y Honduras que fueron embarcados por la fuerza rumbo a sus países de origen.
“Aquellos que no sean elegibles para recibir ayuda serán devueltos rápidamente”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
Es decir: la eventual orden ejecutiva de Biden restringiría la posibilidad de acceder a un juicio para lograr el asilo legal, y respecto a México, establecería un mecanismo de repatriación que dejaría al margen al gobierno de Sheinbaum.
Asimismo, la orden ejecutiva fijaría nuevas normas para rechazar ipso facto a inmigrantes que pueden ser considerados una amenaza para la seguridad nacional, a partir de la información chequeada que Estados Unidos requerirá a los países de origen.
Y por último, en relación directa al flujo de inmigración que empuje en la frontera sur de Estados Unidos, la orden ejecutiva se apoyaría en la norma 212f de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para determinar cuántos exilados indocumentados podrían ingresar para tramitar su juicio por el asilo formal.
“Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a los Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de EE.UU., podrá mediante proclamación, y durante el período que considere necesario, suspender la entrada a todos los extranjeros o cualquier clase como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada cualquier restricción que considere apropiada”, sostiene la norma 212 f de la INA.
La hoja de ruta de Biden sería definir el texto de su orden ejecutiva y debatir sus términos con la futura administración Sheinbaum. No es un secreto político que la relación con México puede marcar un punto de inflexión en los comicios de Estados Unidos, adonde la puja es pareja entre Biden y Trump y la inmigración es un tema clave.
Acorde a lo comentado a Infobae en la Casa Blanca, antes de las vacaciones de verano en Estados Unidos, se emitiría la orden ejecutiva de Biden.
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