El Departamento de Libertad Condicional del condado de Los Ángeles anunció el lunes que ha puesto a 66 de sus agentes en licencia administrativa en los últimos cinco meses por presuntos delitos que incluyen fuerza excesiva, abuso sexual y posesión de drogas.
El departamento dijo que el anuncio tenía como objetivo “recuperar la confianza del público” mientras elimina a los empleados que participan en malas conductas en la agencia de libertad condicional más grande del país, con 2.800 agentes.
“Estamos publicando esta información con un espíritu de mayor transparencia y para asegurar a nuestras partes interesadas, especialmente a las familias de los jóvenes en nuestros centros juveniles, que no toleraremos nada que impida nuestra misión de proporcionar un entorno seguro, enriquecedor y estructurado para aquellos a quienes se les ha confiado a nuestro cuidado”, dijo el jefe de libertad condicional, Guillermo Viera Rosa, en un comunicado.
Los agentes de libertad condicional puestos en licencia desde el 1 de enero fueron asignados a las operaciones de adultos y menores del departamento.
De los 66 agentes citados, 39 fueron por cuestiones de mala conducta general, que incluye sospecha de uso excesivo de fuerza, peligro o abuso de niños, posesión de contrabando y supervisión negligente, dijeron los funcionarios.
Además, 18 fueron suspendidos por sospecha de conducta sexual inapropiada y nueve por arrestos no relacionados con el empleo.
El estado de los centros
Los problemáticos centros de detención de menores del condado de Los Ángeles, que están a punto de cerrar por cuestiones de seguridad y otros problemas, pueden permanecer abiertos, decidieron el jueves los reguladores estatales.
La Junta Correccional Estatal y Comunitaria votó a favor de levantar la designación de “inadecuado” para el Centro Juvenil Barry J. Nidorf en Sylmar y el Centro Juvenil Central en Boyle Heights.
Ambas instalaciones podrían haberse visto obligadas a cerrar el 16 de abril debido a inspecciones fallidas durante el año pasado.
La junta estatal, que inspecciona las prisiones juveniles, determinó el año pasado que el condado no había podido corregir problemas que incluían controles de seguridad inadecuados, falta de personal, uso de la fuerza y falta de recreación y ejercicio.
La presidenta de la junta, Linda Penner, dijo que si bien el condado había realizado algunas mejoras, los funcionarios no deberían considerar el resultado de la votación como “misión cumplida”, informó el Southern California News Group.
“Su misión ahora es la sostenibilidad y la durabilidad. Necesitamos un cumplimiento continuo”, dijo Penner.
Sólo seis de los 13 miembros de la junta apoyaron mantener abiertos los calabozos. Tres votaron en contra, diciendo que no creían que el condado de Los Ángeles pudiera mantener las mejoras en las instalaciones a largo plazo. Los otros cuatro se abstuvieron o se recusaron.
(con información de AP)
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