El Gobierno de Joe Biden aprobó nuevas normativas para modernizar la red eléctrica estadounidense

La Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos (FERC) dio un paso histórico este lunes al aprobar un conjunto de nuevas normativas diseñadas para modernizar y expandir la red eléctrica del país, lo que podría resultar en un significativo impulso a la energía eólica y solar.

La decisión, que podría facilitar la construcción de miles de kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, busca abordar las crecientes preocupaciones sobre la capacidad actual de la red para cumplir con la demanda futura de electricidad y su adaptación a las fuentes renovables de energía, según confirmó la agencia Reuters.

Los cambios implementados representan las modificaciones más importantes en la planificación y financiación de las redes eléctricas estadounidenses en más de una década, señalando un esfuerzo por parte de la FERC para “planificar nuestra red eléctrica nacional a largo plazo”, en palabras de Willie Phillips, presidente de la comisión, citadas por The New York Times.

Este nuevo enfoque demanda a los operadores de la red que identifiquen necesidades con una antelación de 20 años, incorporando factores como el cambio en la mezcla de energía, el creciente número de estados que requieren energía eólica y solar, y los riesgos asociados al clima extremo.

Según el Times, las directrices establecen que los planificadores de la red evalúen los beneficios potenciales de nuevas líneas de transmisión, tales como la reducción de los costos de electricidad o la disminución del riesgo de apagones, y desarrollen métodos para dividir los costos de estas líneas entre consumidores y negocios.

Estos esfuerzos para modernizar la red eléctrica llegan en un momento crítico, ya que “nuestra red eléctrica envejecida está siendo sometida a pruebas de manera nunca antes vista”, según Phillips. La votación para aprobar la normativa terminó con un resultado de 2 a 1, con la oposición del único comisionado republicano, Mark Christie, quien argumentó que la regla permitiría a los estados con ambiciones de energía renovable pasar injustamente los costos de las actualizaciones necesarias a sus vecinos.

Esta decisión también tiene por objetivo atender la creciente demanda en el país de proyectos de energía eólica, solar y de baterías, los cuales ascienden a más de 11.000 propuestas, muchas de las cuales se encuentran estancadas por la insuficiente capacidad de la red actual para acomodarlas.

En un contexto donde los desarrolladores individuales están actualmente obligados a pagar por las mejoras en la red necesarias para sus proyectos, esta nueva regla sugiere un enfoque más colectivo y planeado, distribuyendo los costos entre un conjunto más amplio de proveedores de energía y usuarios.

Antecedentes como la aprobación por parte del Operador de Sistema Independiente del Medio Oeste (MISO) de 10.300 millones de dólares en nuevas líneas de energía demuestran que es posible generar hasta 69.000 millones de dólares en beneficios totales a partir de tales inversiones, beneficiando incluso a aquellos estados sin políticas específicas de energía renovable pero que compartirían en los rendimientos.

Sin embargo, la implementación efectiva de esta regla depende de cómo los operadores de la red la lleven a cabo, y existe cierto escepticismo sobre su impacto en regiones donde las grandes utilidades puedan resistirse al desarrollo de nuevas líneas de transmisión.

Además, aunque el reglamento abarca la planificación de la red dentro de 12 grandes regiones del país, no incluye la planificación de transmisión para conectar estas diferentes regiones entre sí, lo cual, según algunos expertos, representa una necesidad aún mayor.

En una medida relacionada pero separada, la FERC también delineó ciertas situaciones en las que podría anular las objeciones estatales a un subconjunto de nuevas líneas de energía, en un intento por agilizar el proceso de permisos federales para ciertas líneas de transmisión grandes.

A pesar de estos esfuerzos, la realización de nuevas líneas de transmisión de larga distancia sigue enfrentándose a desafíos logísticos y políticos importantes, incluido el tiempo que toma ubicar un proyecto a través de numerosas jurisdicciones y obtener permisos de un mosaico de diferentes agencias federales y estatales.