Rafael Grossi: “La transición hacia una economía verde está en peligro”

“La transición hacia una economía verde está en peligro”, advirtió Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el videomensaje con el cual participó en el panel en el panel sobre el impacto de los desafíos ambientales durante la Novena Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica (HSC). “En la última década, las energías renovables e incluso los combustibles fósiles han gozado de un fuerte apoyo gubernamental, mientras que la nuclear cayó en desgracia en muchos países. Es una lástima”, objetó. “Porque entre nuestras principales opciones energéticas, la energía nuclear es la única que ofrece una opción escalable y baja en carbono, que no depende de las condiciones meteorológicas ni del reabastecimiento frecuente”.

El primer latinoamericano que dirige el OIEA, ex embajador de Argentina en Austria, se sumó al cierre de la HSC organizada en Miami por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de Florida International University (FIU) y la Fundación Taeda. Y si bien recordó que los combustibles fósiles siguen suministrando el 80% de la energía mundial, observó que también se da “un cambio positivo de actitud hacia la energía nuclear”. No fue fácil llegar a esa punto: “Hicieron falta 28 conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, pero en la del año pasado el mundo acordó por fin que la energía nuclear debe formar parte de la solución”.

Dos meses atrás, en la cumbre de la OIEA, se pudo medir ese cambio: “Muchos países han añadido la prioridad de la seguridad energética a sus cálculos. Los productores existentes han decidido prolongar la vida de sus centrales nucleares y construir más. Unos 20 países planean o consideran su primer programa”. Pero el camino por delante, dijo Grossi, es largo: “No es lo mismo decidir apostar por la energía nuclear que triplicar la capacidad para llegar al cero neto”.

Esa apuesta, en su opinión, es ”una de las decisiones positivas más poderosas que puede tomar un gobierno”. En Estados Unidos los dos partidos dominantes, demócrata y republicano, están de acuerdo; en América Latina, como en el resto del mundo, “incluso países con pocas probabilidades de construir una gran central nuclear tradicional están considerando los pequeños reactores modulares”. Para eso, la OIEA ofrece una Iniciativa de Armonización y Normalización Nuclear (NSC), que reúne a reguladores y miembros de la industria para estandarizar las regulaciones y desarrollar “infraestructura que garantice que la seguridad, la protección y las salvaguardias”.

Los expertos del organismo trabajan activamente “en los buenos y en los malos momentos”, subrayó Grossi, y dio un ejemplo contundente: “Están destinados en las cinco centrales nucleares de Ucrania, incluida Zaporizhzhia, en la primera línea de la guerra”. El trabajo de los inspectores tampoco se detuvo durante la pandemia.

Tras citar el discurso que el presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower dio en 1953, conocido como “Átomos para la paz”, retomó la idea del uso de la tecnología nuclear: “Lo que marca la diferencia es cómo la utilizamos. Los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares van más allá de producir energía, y la OIEA trabaja para que estén al alcance de todos”.

Entre ellos destacó “Rayos de esperanza”, radioterapia y tratamientos contra el cáncer; “NuTec Plastics”, reducción de la contaminación en los océanos; Zodiac, una programa de acción integrada sobre enfermedades zoonóticas, y las iniciativas de seguridad alimentaria e hídrica: “Apoyamos a los países en el uso de la tecnología nuclear para aumentar el rendimiento de los cultivos y la nutrición, y en el análisis del agua global”.

La mesa que abordó los desafíos ambientales que afectan la seguridad hemisférica trató sobre cuestiones regionales como las dinámicas migratorias, la seguridad del agua potable y algunos casos especiales como el paso limítrofe de Panamá. Con moderación de María Donoso, titular de la Cátedra UNESCO sobre Seguridad Hídrica Sostenible y parte del Instituto de Medio Ambiente de FIU, contó como panelistas con Claudia Natenson de la Universidad de Buenos Aires/FLACSO; Alexis Bethancourt, ex ministro de Seguridad de Panamá; Paul Angelo, del William J. Perry Center, y el embajador Riyad Insanally del Caribbean Policy Consortium.

El ex ministro de Seguridad de Panamá planteó el alto costo que tiene en términos ambientales —pero también humanitarios y sanitarios— la migración que atraviesa su país en busca de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. “Para los panameños nunca ha sido desconocido el tema, somos un país de tránsito. Nuestro segundo principal valor, después de las personas, es nuestra posición geográfica: por eso ahí está el canal. Pero por el Darién en 2023 pasaron más de 521.000 personas, y de ellas el 20% eran niños. Y estos niños han sufrido en la selva”.

Además de aumentar los precios de los alimentos y agotar la atención de la salud —hay poblaciones de 300 personas por las que pasan 2.500 por día—, esa afluencia distrae recursos de la persecución del tráfico de sustancias, lo cual permite, además, que los narcos amplíen sus negocios y les cobren el paso a los migrantes, lo cual aumenta la violencia.

Pero sobre todo, dijo Bethancourt, en términos ambientales la migración es grave para Panamá. Tres de las cinco rutas principales contienen “áreas protegidas de vital importancia: la reserva hidrológica Sierra de Alto Darién, el Bosque Protector de Alto Darién y el Parque Nacional Lanín, que además es un pulmón crucial para Centroamérica, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981 y Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1983″.

La migración provoca deforestación y daño al sotobosque, amplió el ex ministro, “además de contaminación y erosión del suelo debido a los residuos inorgánicos, orgánicos y excretas humanas: esto afecta directamente a 37 quebradas y 20 ríos en las áreas”. Hace años las comunidades y los migrantes podían recolectar agua directamente; “ahora —comparó Bethancourt— nos piden agua para los niños y les damos de nuestras cantimploras”.

Angelo recordó que 10 años atrás, el texto de la Estrategia de Defensa Nacional del Departamento de Defensa estadounidense interpretaba el cambio climático “como un multiplicador de amenazas, es decir, que las amenazas existentes empeoraban o se veían exacerbadas por el él”. En el texto 2024 ya no es así, sino que “el cambio climático es la principal amenaza existencial, y no sólo para nuestro país sino para el mundo”.

Durante los años que vivió en Honduras, el experto del Perry Center observó de cerca las dinámicas agrícolas locales. Tanto los agricultores de subsistencia como las grandes agroempresas, explicó, dependen de un periodo conocido como “la canícula”, una fase seca en medio del verano, esencial para la siembra de la segunda cosecha, y luego dependen de la temporada de lluvias para su crecimiento. “Pero en la última década —señaló—, la duración de la canícula ha variado significativamente: oscila entre dos y siete semanas, y su inicio también muestra cambios notables en los meses en que ocurre”.

Debido a esto, “muchas comunidades de subsistencia ahora produzcen aproximadamente la mitad de los alimentos que producían hace solo 10 años”, ilustró Angelo, “y enfrentan desafíos sin precedentes para los que no estaban preparados, a pesar de la larga tradición agrícola en América Central”. Se espera que este fenómeno climático cueste a la región hasta USD 3.000 millones en la próxima década.

El especialista también abordó el impacto del calentamiento de las aguas en el Caribe y el Pacífico: una preocupante disminución de los stocks de peces, producto de la combinación del cambio climático la sobrepesca que causa la pesca ilegal. Y, como Bethancourt, mostró que la crisis ambiental y la humanitaria van de la mano: “La escasez de recursos alimenticios y los problemas asociados a la agroindustria, como la malnutrición y el retraso en el crecimiento, impulsan respuestas humanas significativas, incluida la migración masiva”.

Fotos: Nacho Martin Films (@nachomartinfilms)