Expertos internacionales alertaron sobre la evolución de las organizaciones criminales en América Latina: “Han comenzado a desarrollar redes de corrupción”

Durante la Novena Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica, llevada a cabo este jueves en la ciudad de Miami, expertos internacionales analizaron la evolución de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) en América Latina y el Caribe, subrayando la complejidad de sus operaciones y conexiones globales con grupos relacionados con China, Italia, Albania y Turquía. La discusión se centró en la influencia que estos actores tienen en la región y que afectan directamente la estabilidad y la seguridad del continente.

El panel contó con la participación de la experta estadounidense en delincuencia organizada Vanda Felbab-Brown de la Brookings Institution; Will Freeman, analista en estudios de América Latina en el Council on Foreign Relations; la ex ministra ecuatoriana María Paula Romo, Ivelaw Griffith experto en seguridad, drogas y crimen en el Caribbean Policy Consortium, y César Restrepo, Secretario de Seguridad de Colombia.

Felbab-Brown destacó la expansión y fortalecimiento de las organizaciones criminales mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que han intensificado su control en diversas economías ilícitas, extendiendo su influencia a nivel global. Esta situación ha llevado a un aumento de la violencia en países que antes eran considerados pacíficos dentro de la región.

“El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación han incrementado su control sobre territorios, personas e instituciones, y durante los últimos cinco años de López Obrador lo han hecho sin que el gobierno mexicano haya actuado para contrarrestarlo, y mucho menos para hacer cumplir la ley”, expresó.

Adicionalmente, la confrontación entre estos dos cárteles ha catalizado un aumento de la violencia y la desestabilización en varias naciones de América Latina, que históricamente eran consideradas como “islas de paz”, tales como Chile, Costa Rica y Ecuador.

Para Felbab-Brown, la exigencia de lealtad absoluta que los cárteles imponen a los grupos criminales locales causó “un aumento de la violencia que ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones locales”.

Indicó, además, que al imponer su hegemonía, estas organizaciones no solo han exportado sus metodologías violentas sino que han inculcado en los criminales locales la idea de diversificar sus actividades más allá del narcotráfico, adentrándose en sectores como la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre.

La organización brasilera Primeiro Comando da Capital (PCC) emerge como otro actor crucial en este complejo tablero de ajedrez criminal.

Con una expansión que trasciende las fronteras brasileñas, el PCC ha fortalecido su red de tráfico de drogas hacia Europa, además de establecer presencia en países como Argentina, Venezuela y regiones tan lejanas como África Occidental.

“El PCC ha logrado no solo una expansión significativa dentro de Brasil sino también ha logrado establecer una presencia notable fuera del país”, destacó la experta estadounidense, subrayando el alcance global que están alcanzando estos grupos criminales latinoamericanos.

La llegada de grupos criminales chinos a América Latina también añade una nueva dimensión al problema. Aprovechando la expansión de las economías legales chinas en la región, estas organizaciones han comenzado a desarrollar redes de corrupción y a controlar a la diáspora china con el fin de asegurar la alineación de sus actividades con los intereses del régimen chino.

“Están construyendo redes de corrupción que afectan a las clases empresariales y políticas, lo que representa un desafío multidimensional para la región”, alertó Felbab-Brown.

Por su parte, el analista en estudios de América Latina en el Council on Foreign Relations, Will Freeman abordó cómo el aumento en la producción de cocaína en Sudamérica, especialmente en Colombia, Perú y Bolivia, plantea desafíos para las democracias del continente, afectando directamente la política y la economía locales.

Este notable incremento en la producción, según cifras de la ONU, ha sido liderado por Colombia, donde, sorprendentemente, se registró un repunte en el cultivo de coca justo antes del acuerdo de paz de 2016.

Freeman señaló que la caída de los precios del petróleo y la disminución de la asistencia de Estados Unidos, sumado al desafío del gobierno colombiano por llenar los vacíos territoriales dejados por las FARC, “abrió la puerta a nuevos enfrentamientos por el control criminal”.

La globalización de la demanda de cocaína es otro factor crítico, con mercados emergentes ampliando el espectro de operación del tráfico de drogas y presentando retos complejos para la ley y la sociedad civil.

Freeman advirtió sobre “la reorganización de la delincuencia organizada en Sudamérica”, destacando la importancia de entender y enfrentar estas transformaciones para salvaguardar los principios democráticos del continente.

Además, la expansión de las rutas de tráfico ha fortalecido económicamente a los grupos criminales regionales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil, permitiéndoles diversificar sus actividades ilegales.

El experto en estudios latinoamericanos resaltó también cómo estas organizaciones han empezado a involucrarse en extorsión y minería ilegal, buscando nuevas fuentes de ingreso más allá del narcotráfico.

Esta diversificación de las actividades criminales ha resultado en “la proliferación de economías ilegales en varias partes de Sudamérica, donde los grupos criminales también buscan lavar dinero a través de actividades como la minería ilegal y la tala ilegal, especialmente en Venezuela y Ecuador”. Estas actividades les permiten infiltrarse en economías legales, lo cual complica aún más los esfuerzos para combatirlos.

La última transformación importante que mencionó el experto es el crecimiento del poder político de los grupos criminales, que a menudo se manifiesta a nivel local pero que tiene implicaciones nacionales.

Freeman hizo referencia a la “parapolítica” en Colombia, donde los paramilitares vinculados al narcotráfico lograron una significativa representación en el gobierno nacional. Situaciones similares, según Freeman, podrían estar emergiendo en otros países.

“Tal fenómeno no se limita a Colombia o Ecuador, sino que se manifiesta en regiones como Madre de Dios en Perú y en São Paulo, Brasil, donde el PCC ha logrado una penetración de la política local realmente alarmante”, dijo.

También expresó su preocupación sobre el potencial de las organizaciones criminales en este área: “Es una cosa que los grupos criminales financien o intimiden a candidatos que se postulan. Sabemos que eso ocurre en gran parte de la región. Es otra cosa poner a sus propios candidatos en cargos. Y me preocupa que eso es lo que vamos a ver en partes cada vez mayores de Sudamérica”.

Ecuador, entretanto, enfrenta un aumento sin precedentes en su tasa de homicidios que en los últimos tres años escaló de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.

Entre los factores detrás de este alarmante incremento, se destacan la economía dolarizada del país, su estratégica ubicación geográfica y políticas gubernamentales cuestionables, como la eliminación del requisito de visado para extranjeros.

“Ecuador es una economía dolarizada, lo que significa que el dólar estadounidense es la moneda oficial. Esta particularidad hace de Ecuador un destino atractivo para ciertos tipos de delitos, no solo relacionados con el lavado de dinero, sino también, por ejemplo, con la falsificación de dólares”, dijo la ex ministra del gobierno ecuatoriano María Paula Romo.

La geografía y las vecindades comparten igualmente responsabilidad en la escalada de violencia. Ecuador, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, enfrenta retos adicionales debido a su ubicación.

“Tienen las playas más extensas y además físicamente mejor localizadas para las rutas marítimas,” lo que lo hace un punto neurálgico para el tráfico de drogas, personas y oro, afirmó Romo.

Adicionalmente, su posición le confiere vulnerabilidad ante el desplazamiento de actividades criminales de sus países vecinos, especialmente en momentos de desmovilización o procesos de paz como los ocurridos en Colombia. “Cada proceso de paz... en Colombia ha tenido su propio impacto en Ecuador,” señaló.

En el marco de las políticas de visas liberadas desde 2009, Ecuador experimentó una notable infiltración y asentamiento de organizaciones criminales internacionales, incluyendo la mafia albanesa y el cártel de los Balcanes. “La mala fe” de esta decisión gubernamental fue criticada por facilitar la expansión de redes delictivas que aprovecharon la apertura del país para establecer bases de operaciones, especialmente en el puerto de Guayaquil, un punto neurálgico para la exportación de cocaína hacia Europa.

Esta política coincidió con un periodo en el que estas organizaciones pudieron establecerse cómodamente en Ecuador, aprovechando las ventajas geográficas del país, “especialmente el puerto de Guayaquil, que se convirtió en un punto clave para la exportación de cocaína hacia Europa”.

Además, la ministra señaló la falta de coordinación en la supervisión de puertos y aeropuertos, así como de las cárceles, destacando que en Ecuador, a diferencia de otros países de América Latina, estas tareas no están asignadas ni a la policía ni a las fuerzas armadas.

“El Ecuador, entonces, se ha convertido en un lugar en donde confluyen tres grandes organizaciones criminales de las más importantes de América Latina”: el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Balcanes.