El gobernador de Florida firmó ley que impide a personas sin hogar dormir en espacios públicos

Florida implementará la nueva ley HB 1365, que limita a las personas sin hogar a dormir o establecer campamentos en espacios públicos, incluidas calles, parques y aceras. Con el respaldo de autoridades locales y estatales, se introduce una regulación en Florida destinada a reorganizar las calles y mejorar el acceso a servicios esenciales para la población desfavorecida.

Esta medida, firmada por el gobernador Ron DeSantis, se fundamenta en la necesidad de ofrecer mayor acceso a servicios de salud mental y para el tratamiento de adicciones, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida en las ciudades del estado. De acuerdo con lo reportado por Telemundo 51, el acto de firma de la ley tuvo lugar en Miami Beach, destacándose la presencia de importantes figuras políticas como el alcalde de la ciudad, Steven Meiner, y el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner, entre otros.

La ley, que entrará en vigor el 1 de octubre de este año, establece restricciones específicas para el uso de espacios públicos por parte de personas sin hogar, permitiendo a las autoridades locales designar áreas determinadas para el descanso o campamento, siempre y cuando estas cumplan con ciertos requisitos establecidos por el Departamento de Niños y Familias. Esta información fue corroborada por CBS Miami, indicando además que los campamentos designados no podrán ser utilizados por más de un año, y se prohibirá el consumo de alcohol y drogas ilegales en esos espacios.

La implementación de esta ley responde a un incremento nacional de la población de personas sin hogar de un 3% entre 2019 y 2022, mientras que en Florida la cifra descendió un 11%, según los datos que el gobernador Ron DeSantis compartió durante la conferencia de prensa. El objetivo principal es asegurar que las calles de Florida permanezcan seguras para los residentes, haciendo énfasis en el bienestar común.

Entre las disposiciones adicionales de esta legislación, se encuentra el incremento de los fondos destinados a albergues y programas dirigidos a tratar adicciones y problemas de salud mental. Asimismo, se otorga a las autoridades locales el derecho de arrestar a aquellos que rechacen asistencia para sus adicciones o enfermedades mentales y opten por permanecer en las calles, de acuerdo con lo reportado por CBS Miami.

La ley ha generado opiniones divididas. Algunos críticos, como la senadora estatal demócrata Shevrin Jones, argumentan que la medida no atiende las causas fundamentales de la falta de vivienda y solamente contribuye a ocultar el problema. Por otro lado, defensores de la medida, incluido Ron Book del Miami-Dade County Homeless Trust, señalan que la legislación es un paso hacia la gestión eficaz de la población sin hogar, destacando la necesidad de complementarla con mejoras en la atención a la salud mental, tal y como se mencionó en las declaraciones recogidas por CBS Miami.

En un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social X, el gobernador Ron DeSantis expresó su satisfacción por la firma de la ley, subrayando su propósito de abordar la problemática de las personas sin hogar en Florida. Destacó que la legislación no solo prohíbe el acampe en calles, aceras y parques, sino que también crea herramientas de aplicación de la ley para asegurar que los gobiernos locales cumplan con esta normativa.

Además, la ley garantiza asistencia en los refugios para personas sin hogar. Ofrece alternativas de asesoramiento sobre abuso de drogas y salud mental, especialmente útiles cuando dichos refugios alcancen su máxima capacidad. Se actúa sobre la situación de las personas sin hogar para asegurar que las comunidades en Florida no repliquen las políticas fallidas de otros estados que han permitido que los campamentos de personas sin hogar abrumen a la sociedad.

A largo plazo, la ley también establece que a partir de enero de 2025, residentes, propietarios de negocios locales y el fiscal general del estado podrán presentar demandas para impedir que ciudades o condados permitan que personas sin hogar acampen o duerman en propiedad pública, resaltando el compromiso del estado por mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y ofrecer asistencia necesaria a las personas sin hogar.