EEUU impuso restricciones a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de y hacia Nicaragua

Estados Unidos impuso este jueves restricciones a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa estadounidenses con destino a Nicaragua u origen en ese país.

El Departamento de Estado justificó la decisión en la “brutal represión” del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, contra la población nicaragüense.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega-Murillo y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses en su búsqueda de un futuro más justo y próspero”, concluyó esa nota.

Para hacer efectiva la medida, EEUU enmendó el Reglamento internacional de tráfico de armas (ITAR) para incluir a Nicaragua como destino “proscrito”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Por otra parte, la dictadura de Daniel Ortega detuvo a 55 religiosos y excarcelado y desterrado a 44 de ellos, denunciaron tres organizaciones humanitarias.

“Desde 2018, el Gobierno ha detenido a 55 religiosos, excarcelando y desterrando a 44 de ellos, mientras 11 misioneros evangélicos aún permanecen bajo detención arbitraria”, según el informe “Ataques a la libertad religiosa en Nicaragua” presentado este miércoles en el marco del 55.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, y compartido con los medios en Costa Rica.

De los 55 religiosos nicaragüenses que han sido detenidos, al menos 22 de ellos han sido despojados de su nacionalidad, de acuerdo con el informe elaborado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y Alcance de ayuda en las Américas.

Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.

De igual forma, según el documento, decenas de religiosas, sacerdotes y pastores han sido expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua.

También se suman las cancelaciones de 381 organizaciones religiosas, de las cuales 288 son evangélicas, la vigilancia permanente en las iglesias y la prohibición de celebraciones religiosas, señalaron las organizaciones.

El pasado 29 de febrero, Naciones Unidas acusó al régimen de Nicaragua de cometer “graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad” en una investigación sobre la creciente represión a la disidencia política en la nación centroamericana.

La dictadura de Daniel Ortega ha perseguido a sus opositores durante años en una campaña que alcanzó su punto de inflexión en las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una represión violenta por parte de las autoridades.

Pero en el último año, la represión se ha extendido a grandes sectores de la sociedad con el objetivo de “incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo”, según un grupo independiente de expertos de la ONU que investigan la situación desde marzo de 2022.

“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida”, indicó Jan Simon, un experto que dirigió la investigación, en un comunicado. “El gobierno ha solidificado una espiral de silencio que incapacita cualquier posible oposición”.

(Con información de EFE)